La consejera de Salud defiende la legalidad de los contratos de emergencia del SAS
Rocío Hernández niega que haya existido «fraude de ley» tras ser interpelada por la admisión a trámite de la denuncia del PSOE-A en los juzgados
La justicia investigará los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha vuelto a negar que se produjera un «fraude de ley» en contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el procedimiento de emergencia durante la pandemia de Covid-19, y ha asegurado que es «rotundamente falso» que se diera esa circunstancia.
La titular andaluza de Salud ha reiterado en varias ocasiones este mensaje en el transcurso de su respuesta a una interpelación que le ha planteado en el Pleno del Parlamento el diputado del Grupo Socialista Rafael Márquez, después de que un juzgado de Sevilla haya admitido a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE-A sobre dichos contratos.
«Es rotundamente falso que se haya producido fraude de ley en los contratos. Las actuaciones y contratos llevados a cabo por el SAS han cumplido con la legalidad en todo momento», ha respondido la consejera.
También ha defendido que el SAS «siempre ha obrado con informes jurídicos para el desarrollo de la modalidad de contratación de emergencia, mientras la alerta sanitaria y la necesidad de prestar asistencia a la ciudadanía lo requería», y se ha garantizado «la transparencia» por parte de la administración andaluza, porque «se han ido publicando paulatinamente tanto las resoluciones del órgano de contratación como los contratos y adendas» en el Portal de Transparencia de la Junta, «con acceso público y sin restricción alguna».
Ha incidido en que es «rotundamente falso que se haya producido un fraude de ley en la adjudicación» de 458 millones de euros en contratos menores, y ha explicado que ese montante «corresponde a la suma de los contratos menores que se han hecho en las centrales de compra del SAS de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021», donde se realizaron «más de 295.000 contratos», y el informe de los interventores en el que se apoyan desde el PSOE-A para advertir de un «fraude de ley» en esa contratación «se refiere únicamente a un 0,19% del total de contratos» realizados.
La consejera ha remarcado además que en el año 2021 «estábamos en plena pandemia del Covid, y algunos de estos contratos sirvieron para agilizar la compra de vacunas» contra el coronavirus, y en esa línea ha subrayado el «contexto» en el que se produjeron, el de una pandemia en la que el «objeto prioritario» de la administración autonómica era «salvar vidas de los andaluces» y «garantizar la seguridad de nuestros profesionales».
«No había tiempo que perder»
«En esos momentos no había tiempo alguno que perder y había que dar una solución urgente a esa situación excepcional, con una nueva enfermedad con una enorme capacidad de contagio», y donde había que seguir «atendiendo a los pacientes» de otras patologías graves como las oncológicas, según ha subrayado para justificar «el uso de esta modalidad de contratación» de emergencia, que «no se hizo solamente en nuestro sistema sanitario, sino que también se hizo en otras comunidades» y a nivel del Ministerio de Sanidad, según ha puntualizado.
Con todo, la consejera ha apostillado que «algunos de los procedimientos administrativos, con más tiempo, quizá hubieran podido mejorarse, y ser conscientes de esa circunstancia nos permite aprender de la experiencia y mejorar la gestión del sistema sanitario, que tiene ahora más herramientas de control, planificación y publicación mayores y más solventes que los que tuvimos antes de la pandemia», ha defendido antes de añadir que, «con ese objetivo, las recomendaciones realizadas por los distintos informes de la Intervención se han llevado a cabo»
El parlamentario socialista se ha hecho eco durante su intervención de la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de admitir a trámite la denuncia presentada por el PSOE-A el pasado 20 de junio contra el Gobierno de la Junta por «presunta malversación y prevaricación» en la adjudicación de en torno a 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19 y que, según los socialistas, el SAS siguió utilizando hasta 2023, «dos años después de su derogación legal».
Rafael Márquez ha considerado «muy grave» que un juzgado aprecie «indicios de delito» en la contratación del SAS, y ha considerado que tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), como la propia consejera deben dar «una explicación clara» sobre lo sucedido.
De igual modo, ha señalado a la consejera que sólo tiene «dos caminos» a elegir, que pasan por «mirar hacia otro lado» respecto a las «irregularidades», que es lo que, según ha criticado el diputado socialista, ha escogido hacer Juanma Moreno, o bien el que elegiría «cualquier servidor público decente, que, ante cualquier irregularidad conocida, procede a depurar responsabilidades, caiga quien caiga».
El PSOE insiste
El representante del PSOE-A se ha referido al «demoledor» informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía conocido «a finales del mes de julio» sobre los contratos de emergencia del SAS que «confirmaba que el Gobierno de Moreno había regado con millones de euros a la sanidad privada, sin controles, a dedo, sin publicidad y sin transparencia», según ha aseverado Rafael Márquez, que también ha subrayado que «la intervención de la Junta, el órgano de fiscalización interno» de la administración andaluza, «se ha pronunciado hasta 14 veces sobre las permanentes irregularidades de las contrataciones del SAS durante los años 2020 y 2021».
Según ha abundado el representante socialista, los informes de Intervención son también «demoledores y ponen de manifiesto que estamos, seguramente, ante el mayor caso de corrupción de contratación sanitaria que hemos conocido en España», y permiten llegar a la «conclusión» de que «todo el sistema de contratación del Servicio Andaluz de Salud está viciado, contaminado, se encuentra al margen de la legalidad vigente y está dirigido a beneficiar a la sanidad privada en detrimento del sistema público de salud».
Ha añadido que «esos informes han puesto de manifiesto cómo es práctica habitual del SAS los fraccionamientos de contratación» en «contratos menores para evitar procedimientos transparentes y concurrentes», y que hay «458 millones de euros bajo sospecha por trocear contratos de forma irregular», así como han advertido del «abuso al margen de la ley de la contratación de emergencia, sin que se dieran los requisitos mínimos legales para utilizar esta figura extraordinaria».
El representante del PSOE-A ha preguntado a la consejera «cómo ha afectado a los recursos públicos» que el sistema de contratación del SAS esté «contaminado de graves irregularidades», y «cuál es la magnitud del menoscabo de fondos públicos» en el sistema de salud público andaluz.
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