El Gobierno prosigue con la expropiación del Algarrobico, que podría desatar nuevos procesos judiciales

En la reunión telemática de la comisión mixta Gobierno-Junta para la regeneración de la playa del Algarrobico que se ha celebrado este martes han trasladado a nivel técnico los procesos de expropiación en base a la declaración de utilidad pública que se aprobó el 11 de febrero por el Consejo de Ministros. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado que en los próximos días se publicará la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación y se abrirá un trámite de información pública de 15 días.

Para el Gobierno, el camino de la expropiación es lo que «hará posible la demolición» de la edificación afectada parcialmente por su cercanía a la línea de costa. La otra parte del hotel se sostiene sobre el terreno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, un 60% del suelo afectado, competencia de la Junta y sobre el que la administración autonómica debería acompasar acciones para recuperar los suelos en caso de seguir la propuesta del Ejecutivo central.

Frente a la expropiación, la Administración andaluza mantiene firme su postura sobre que la vía más ágil para derribar el edificio es la anulación de la licencia de obras, un paso previo que ya sentenció el Tribunal Supremo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno lo ha repetido este martes. «El camino más rápido para conseguir demoler el Algarrobico para por el cumplimiento de las sentencias judiciales encaminadas a la revisión y, en su caso, anulación de la licencia de obras y no por la expropiación de los terrenos», ha dicho.

Moreno advierte que la vía emprendida por el Gobierno para expropiación de los terrenos puede derivar en litigios que se prolonguen durante años. «Nosotros lo que queremos es que esa mole, ese gran monumento a la irregularidad medioambiental que hay allí, de una vez por todas desaparezca», ha insistido el presidente con varias llamadas a la «cooperación» entre administraciones para «solucionar entre todos» la recuperación del paraje natural. «Lo hecho, hecho está», ha apostillado.

El máximo dirigente del Gobierno andaluz, quien ha recordado que la licencia del hotel se otorgó en 2003 bajo gobierno socialista tanto en el Ayuntamiento de Carboneras como en la Junta de Andalucía, ha opinado así que «las cosas hay que hacerlas siempre con cabeza», por lo que frente a una posible cascada de recursos que, según cree, podría derivar de la expropiación de suelos, ve la anulación de la licencia como la mejor opción para facilitar que «de una vez por todas consigamos derribar» el hotel.

La tercera administración implicada en un laberinto judicial de décadas para derribar el Algarrobico, el Ayuntamiento de Carboneras, también se ha pronunciado al respecto. Su postura no está alineada con el Gobierno ni con la Junta, tampoco forman parte de la comisión mixta. El alcalde carbonero, Salvador Hernández, ha pedido que se les tenga en cuenta en estas reuniones. El Consistorio ha recibido varios requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tanto para declarar como no urbanizable el suelo del hotel como para revisar la licencia.

«En las próximas semanas, cuando el capital humano del Ayuntamiento, el personal técnico pueda, vamos a iniciar el expediente, revisar la licencia y a ver lo que saldrá, esto no significa que acabe en anulación de la licencia», ha afirmado Hernández. El primer edil carbonero ha recordado lo que supondría una la indemnización a la promotora Azata del Sol, que mantiene abiertos dos procedimientos judiciales sin que, hasta el momento, haya obtenido algún pronunciamiento judicial por el que se haya que atender una reclamación patrimonial superior a los 70 millones de euros.

«Aquí siempre hemos creído que una vez que está construido es una pena que se tenga que derribar porque se levantó para crear riqueza y empleo. Carboneras tiene un presupuesto anual de unos 15 millones de euros, una posible indemnización a la empresa supondría la ruina económica», ha concluido Hernández.