El Gobierno se resiste a recurrir el fallo europeo que amenaza con otra doctrina Parot

De entrada, ya ha dejado pasar casi todo el plazo para que la Abogacía del Estado recurra esa sentencia a favor del etarra Xabier Atristain, que acudió a este tribunal europeo después de que la Justicia española le condenara a 17 años de cárcel por pertenecer a ETA y manejar armas para cometer atentados. Su argumento era el mismo de muchos presos etarras: que la condena se basa en lo que declaró cuando fue detenido en 2010, pero que esa confesión no es válida porque se produjo bajo torturas policiales y sin elegir abogado, sino con el de oficio que prevé la legislación española para estos casos.

El TEDH dio la razón a este etarra el pasado 18 de enero al fallar que se vulneró su derecho a un juicio justo por ese detalle. Tras el fallo europeo, este preso de ETA exigió la revisión de su condena al Tribunal Supremo de nuestro país, que tuvo que dejarle en libertad a la espera de que el Gobierno español recurra esa sentencia antes del próximo lunes, justo después de Semana Santa.

El pasado 22 de marzo, cuando se habían agotado ya dos de los tres meses de plazo, el propio Tribunal Supremo preguntó al Ministerio de Justicia si iba a recurrir. Una prueba de la preocupación que cunde en en el Alto Tribunal, toda vez que es éste el que debería revisar y anular las condenas de los etarras que se beneficiarían de ese precedente.

Lo único cierto a día de hoy es que, pese a las advertencias de las víctimas y de los jueces, el Ejecutivo de Sánchez aún no ha recurrido esa sentencia europea y ni siquiera confirma si lo hará. La ministra de Justicia, Pilar Llop, se limitó el pasado jueves a decir que los servicios jurídicos del Estado lo «están estudiando» y que «todavía no ha transcurrido el plazo». ABC volvió a preguntar ayer al Ministerio de Justicia sobre este asunto. Fuentes del departamento de Llop responden que, de momento, no hay novedades al respecto y se remiten a esas palabras de la ministra. En resumen, que lo siguen «estudiando».

Además de tiempo, este Gobierno ha tenido ejemplos de sobra en la historia reciente del PSOE, que hasta ahora siempre ha defendido dentro y fuera de España que esa detención incomunicada es perfectamente legal y respeta los derechos fundamentale s de los arrestados por graves delitos, como los terroristas de ETA. Otro Gobierno socialista como el de Zapatero sí defendió ante organismos internacionales esa figura legal que ahora amenaza el TEDH. España defendió entonces con firmeza la detención incomunicada ante el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés).

Este organismo de la ONU cuestionó esa figura legal en 2009. El Ejecutivo presidido por Zapatero, con los también socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño como ministros de Interior y Justicia, respectivamente, respondió en marzo de 2011 con una batería de 24 argumentos concretos, razonados y contundentes.

En su respuesta, el anterior Gobierno del PSOE dejó claro que el arresto incomunicado en España «se ajusta totalmente a las exigencias de los convenios internacionales» y se aplica «con todas las garantías procesales» . También que su legalidad ha sido ratificada «tanto por los tribunales ordinarios como por el Tribunal Constitucional (TC) español», que ya en 1987 resolvió que, para detenidos de este tipo, un abogado de oficio «garantiza sus derechos de manera equivalente» a uno de confianza mientras están incomunicados.

El Gobierno de Zapatero sostenía en su respuesta que antes del juicio «sí es legítimo limitar el derecho de asistencia por el abogado de confianza» durante la detención incomunicada «cuando concurra causa razonable». Por ejemplo, en arrestos e interrogatorios de terroristas como los de ETA, dado el el evidente «riesgo de que se alerte a personas sospechosas de participación en el delito y todavía no arrestadas». El anterior Ejecutivo socialista insistía así en que cuestionar esa legalidad «sería poner en tela de juicio todo el sistema español de justicia gratuita» .

Por si no fuera suficiente, España añadió todavía más razones obvias para que la ley no permita a un detenido por delitos graves elegir abogado durante los cinco días que puede durar como máximo el arresto incomunicado en España para los casos más extremos y previa autorización judicial. Otra de esas razones es que «resultaría ingenuo» ignorar que lo primero que hacían los abogados proetarras era trasladar «consignas y amenazas a los propios detenidos» en nombre de ETA. No en vano, muchos de esos abogados eran en realidad «personas tan estrechamente vinculadas con la banda que luego resultan condenadas» por pertenecer a la organización terrorista, advertía ya el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba.

Así volvió a quedar patente hace sólo un par de semanas, cuando la Audiencia Nacional condenó a cuatro de esos abogados por ser también miembros de ETA . Entre ellos, Arantxa Zulueta, condenada a 7,5 años de cárcel por pertenecer a la banda terrorista y colaborar en la preparación de atentados. Por eso la respuesta del PSOE previo a Sánchez también aclaraba que «la desconexión» del etarra y los abogados de la banda era una medida «en muchos casos necesaria para garantizar una declaración libre y sin coacciones» del propio arrestado, al que ETA pretendía imponer esos letrados para amenazarle con represalias si confesaba.

Por su parte, la izquierda abertzale guarda un elocuente silencio. Ni en redes sociales ni en declaraciones públicas hace referencia alguna a un recurso que, si finalmente llega, espera que no modifique el dictamen del TEDH y abra la puerta a la excarcelación de numerosos presos de ETA. El propio Atristain recordaba al salir de prisión el lema oficial de la izquierda radical vasca tras el fallo europeo: «Debería aplicarse al resto de etarras que también han denunciado torturas» .

Bildu, que sólo se ha pronunciado por nota de prensa, pide «una aplicación análoga en decenas de casos». Y el colectivo Sare, principal convocante de las manifestaciones a favor del acercamiento de presos de ETA, pedía en redes sociales una «revisión» de oficio de todos los supuestos similares. «Cada caso que manifestaron haber sido torturados son casos que deben ser vueltos a estudiar», reclamaba su portavoz, Joseba Azkarraga.

A seis días y con la Semana Santa de por medio, el Gobierno sigue «estudiando» si recurre una sentencia que puede dejar en libertad a no pocos etarras y encima con indemnizaciones. Sólo en este caso, España debería pagar 20.000 euros a Atristain : 12.000 por daños morales y 8.000 por costas y gastos. Víctimas, etarras y socios de Sánchez como Bildu esperan la decisión final mientras los españoles están de vacaciones.