El PP liquida el plan de Sánchez para coartar las rebajas fiscales

A los nuevos barones autonómicos del PP les ha costado solo tres meses llevarse por delante la estrategia minuciosamente tejida a lo largo de cinco años por el Ministerio de Hacienda para tratar de atornillar los impuestos de Patrimonio, de Sucesiones y de Donaciones al sistema fiscal autonómico y conseguir que se paguen en todas y cada una de las comunidades autónomas. La oleada de rebajas de impuestos anunciada por los nuevos gobiernos del PP (en muchos casos en coalición con Vox) en las últimas semanas ha arrollado el proyecto de instaurar tipos mínimos de tributación defendido desde 2018 por María Jesús Montero como antídoto para la supuesta competencia fiscal desleal que desde el Gobierno se atribuye a la Comunidad de Madrid por su política de rebajas fiscales sistemáticas.

Si los planes de bajadas de impuestos ya formulados por los gobiernos de Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares o Canarias, donde el presidente es de Coalición Canaria pero gobierna conjuntamente con el PP, y anunciados también por los de La Rioja y Aragón acaban concretándose en los términos previstos, en cuestión de unos meses el 70% de los contribuyentes españoles dejarán de tener la obligación de pagar impuestos por las herencias que reciban de sus familiares fallecidos más cercanos (padres, hijos, hermanos, abuelos o nietos) y el Impuesto sobre el Patrimonio dejará de estar vigente en la mitad de las comunidades autónomas: Comunidad de Madrid, Andalucía, Región de Murcia, Galicia, Extremadura, Cantabria y La Rioja, y estará fuertemente bonificado en Aragón.

Un panorama que dificulta sobremanera cualquier iniciativa del Gobierno Central en este campo porque no es lo mismo reinstaurar un impuesto en una o dos comunidades autónomas, como ha tratado de hacer el Gobierno con el gravamen sobre las grandes fortunas, que obligar a volver a pagar una carga fiscal a más de la mitad de la población.

El Gobierno se posicionó de manera muy firme a favor de la armonización de la fiscalidad autonómica y de la fijación de tipos mínimos en Patrimonios y Sucesiones, hasta el punto de que la resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda que encomendó a un grupo de expertos la elaboración de propuestas de reforma fiscal les instó de forma expresa a perfilar «la concreción de la armonización de la fiscalidad patrimonial». Hacienda ha matizado después que el escenario más adecuado sería la reforma del sistema de financiación autonómica para no actuar de forma unilateral.

Aunque opciones técnicas tendría para hacerlo, como recuerda el profesor del Departamento de Economía de la Universidad Pablo de Olavide y experto en financiación autonómica, Diego Martínez. «Se podría reformar la normativa estatal que regula esos impuestos y los términos de la cesión de tributos a las comunidades autónomas, aunque sería aconsejable que se hiciera sin inventar nuevos impuestos con presunto ánimo armonizador que devienen en chapuzas«, en relación al gravamen sobre las grandes fortunas. »Y también penalizar el sistema de financiación autonómica las rebajas de impuestos por debajo de ciertos niveles de recaudación para que el ciudadano visualice el coste de este tipo de medidas, porque ahora no se percibe«.

El problema es más político. «Bonificar el Impuesto de Sucesiones o el de Patrimonio es una opción política exactamente igual de legítima que la contraria, más aún cuando nunca han escondido su intención de bajar impuestos y los ciudadanos les han votado«, opina el director ejecutivo de Fedea y coordinador del grupo de expertos que elaboró el último informe técnico para la financiación autonómica, Ángel de la Fuente.

Lo que parece claro es que la maniobra de los gobiernos autonómicos del PP ha agitado el campo de juego en un momento en que la reforma de la financiación autonómica volvía a estar en el punto de mira, a cuenta de las negociaciones para formar gobierno en España. Parece difícil que el Gobierno de Sánchez pueda volver a ofrecer la pieza de la armonización fiscal a ERC o Junts con media España con esos impuestos desactivados.

«Es evidente que la competencia entre autonomías tiende a desfiscalizar los impuestos y ejerce cierta presión a la baja», admite De la Fuente. «Pero esto puede ser bueno o malo. Si el impuesto está mal construido o tiene tipos excesivamente elevados será bueno, si se trata de un impuesto bien hecho y el tipo es razonable pues será malo. De otro modo, si esta competencia fiscal sirve para eliminar el Impuesto de Patrimonio, que es una figura obsoleta, estará bien, si a lo que lleva es a que desaparezca el Impuesto de Sucesiones me parecerá mal«, remacha.

Para Diego Martínez estas rebajas fiscales condicionarán de forma determinante cualquier negociación futura sobre el sistema de financiación autonómica. «Resulta tentador pensar que las comunidades autónomas que ahora bonifican impuestos no solo lo hacen por un legítimo convencimiento sino con una intención estratégica ante una reforma del sistema de financiación autonómica, porque se deja de recaudar un impuesto que está mal visto (en relación al de Sucesiones y Donaciones) y se deja al Estado la responsabilidad de decidir si quiere mantenerlo, e incluso hasta podrían ser compensadas si hubiera una hipotética recentralización, con independencia de que se recaude o no. Hay precedentes«.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones recaudó cerca de 3.500 millones en 2021. Lo que han planteado los ejecutivos de Comunidad Valenciana, Baleares o La Rioja, entre otros, es una bonificación del 99% en la cuota del impuesto para las transmisiones 'mortis causa' entre familiares de primero y segundo grado (padres, hijos, cónyuges, abuelos y nietos), en línea con lo ya aprobado en la Comunidad de Madrid o en Andalucía.

Extremadura y Cantabria se han comprometido también a desactivar en su ordenamiento fiscal el Impuesto de Patrimonio mediante la bonificación del 100% de la cuota. También se han planteado rebajas en matriculación o transmisiones patrimoniales.