Óscar Puente tiene ya el consentimiento del Gobierno para que la SEPI entre en Talgo

Las fuentes consultadas explican a este periódico que el Gobierno estudiará además la firma de acuerdos ya no solo con la polaca -si bien, de momento, se ha auto excluido de cualquier relación 'amistosa' con los nuevos socios de Talgo- sino también con la india Jupiter Wagons, ya que en el sector es una práctica habitual externalizar la producción a terceros, algo que lo hacen prácticamente todos los fabricantes.

Las mismas fuentes advierten de que el 'consorcio vasco', liderado por Sidenor, junto con el Gobierno vasco (Finkatuz), BBK y la Fundación Vital junto, no ve con buenos ojos la entrada de la SEPI en el accionariado, porque tampoco solucionará la situación crítica por la que pasa la compañía y por la que se ha puesto en venta. Ahora bien, sí son conscientes de que para dar salida a los pedidos millonarios que tienen parados necesitarán firmar acuerdos de externalización cuanto antes.

No en vano, entre los planes del Gobierno estaba que Pesa -o en su defecto también la compañía india, que ni tan siquiera llegó a poner sobre la mesa su oferta dados los acontecimientos- entrara como socio en la nueva Talgo de Sidenor para dotar de suelo industrial inmediato al fabricante español y poder dar salida a todos los pedidos. Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, de hecho, fue una de las bazas jugadas para que Polonia reculara en el lanzamiento de la opa y tratara de entrar en una segunda fase, pero ahora esa opción se ha descartado desde Varsovia.

Las fuentes explican además que, precisamente, esta «descarada» intervención del Gobierno, fue uno de los motivos por los que salió del consejo el vicepresidente no ejecutivo, José María Oriol, ocurrida el pasado viernes 14, antes del anuncio del 'sí a la compra de Sidenor.

El Gobierno vasco -que siempre estuvo a favor de que Criteria Caixa fuera el socio más adecuado para ir de la mano de Sidenor y entrar en Talgo-, añaden las fuentes, no entiende tampoco las razones por las que Moncloa ha decidido vetar a polacos e indios, cuando ofrecían una salida rápida a la situación de bloqueo y la opción de expansión por Europa del Este con grandes contratos en regiones donde ahora no llega.

Además, la oferta del fondo estatal polaco (PFR) -propietario del fabricante de trenes Pesa- era mejor que la de Sidenor, ya que estaban dispuestos a pagar 5 euros por acción por el 100% de la compañía, mientras que los vascos solo han pujado por el 29,76 % a 4,15 euros fijos por acción y 0,65 céntimos si la ferroviaria española cumplía unos objetivos en los años 2027-28. Los polacos prometían, además, dirigirse a todos los accionistas, no solo a los principales.

Desde Varsovia descartan ahora mismo la posibilidad de que PFR entre como accionista minoritario en Talgo, como barajaba el Gobierno, y solo formarán parte de Talgo si es como accionista mayoritario. En este sentido, no descartan volver a la carga en un futuro y lanzar una opa por el 100% de la compañía con la intención de crear un campeón ferroviario europeo que compita con los otros grandes fabricantes ferroviarios del continente.

Por el momento desde Polonia no cierran la puerta a cooperar con Talgo, pero siempre en el marco del Memorando de Entendimiento firmado en septiembre de 2024, con el que ambas se presentarán en conjunto a licitaciones en el marco del desarrollo de la alta velocidad ferroviaria en Polonia. Pero solo acotan su colaboración a de manera exclusiva a este acuerdo, descartando presentarse como una solución industrial para Talgo si no tienen participación en la empresa, como pretenden desde La Moncloa.

Son días cruciales para Talgo necesitada de una solución industrial urgente que desde Álava aseguran que pondrán en marcha tan pronto como el consorcio que forma el propio Gobierno vasco con Sidenor, BBK y la Fundación Vital entre en el consejo de administración la compañía.

La nueva cúpula acometerá cambios en el propio consejo y quiere traer el centro de decisiones de la compañía desde Madrid a Rivabellosa (Álava), donde el fabricante tiene una de sus dos plantas. El otro de los objetivos a corto plazo será el de negociar con Renfe la quita de parte o la totalidad de la multa de 117 millones de euros que le impuso el pasado diciembre por los retrasos en la entrega de los trenes Avril. La entrada de la SEPI en la compañía podría ser un aliciente para poner fin al conflicto, a la vez que serviría para que el Estado, y en especial, el ministro Óscar Puente, pueda atar en corto al que es el principal proveedor de Renfe en el negocio de la alta velocidad ferroviaria.