Demanda histórica contra Greenpeace: una energética estadounidense exige a la ONG 300 millones por planificar protestas

Greenpeace afronta desde este lunes un juicio en Estados Unidos que decidirá su futuro también en el resto de sus sedes. La demanda no la ha puesto la organización ecologista, sino Energy Transfer (ET), una empresa gasista que exige a Greenpeace 300 millones de dólares por los daños de unas protestas en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access. Esas protestas las llevaron a cabo la tribu sioux de Standing Rock, pero la energética dice que fue la ONG medioambiental quien orquestó todo.

Greenpeace asegura que solo firmó una carta de apoyo a los manifestantes, quienes apenas lograron una paralización temporal del oleoducto, que hoy está en funcionamiento. Califica la demanda de claro ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (Slapp, por sus siglas en inglés), diseñada para «silenciar la disidencia y agotar los recursos de los demandados».

«Una sentencia en contra de la organización ecologista en aquel país puede poner en peligro su supervivencia, tener efectos desastrosos en el resto de oficinas en todo el mundo y sentar precedente para que otras empresas sigan con esta opresión», dice Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal.

En respuesta, la ONG presentó el pasado 11 de febrero una demanda ante un tribunal holandés contra la empresa estadounidense utilizando por primera vez la directiva anti-Slapp de la Unión Europea y pide la reparación por todos los daños y costos que está sufriendo.

El proyecto, polémico desde su inicio, se enfrentó a la feroz oposición de la tribu sioux de Standing Rock, que lo llamó la «Serpiente Negra» y advirtió de graves amenazas para las tierras ancestrales.

A partir de 2016, las protestas y los recursos judiciales trataron de detener la construcción. En 2017, cientos de personas habían sido detenidas y heridas, lo que provocó la preocupación de las Naciones Unidas por las violaciones de la soberanía indígena.

Aunque el petróleo lleva años fluyendo, el operador del oleoducto, Energy Transfer, sigue persiguiendo a Greenpeace, acusando al grupo de liderar las protestas, conspirar para cometer delitos, incitar a la violencia y difamar a la empresa.

«Las grandes petroleras están tratando de enviarnos un mensaje, y están tratando de silenciar a Greenpeace, así como al movimiento en general», declaró a la AFP Sushma Raman, directora ejecutiva interina de Greenpeace.

«Pero seamos claros, las limitadas intervenciones que las entidades de Greenpeace llevaron a cabo en relación con Standing Rock fueron pacíficas, legales y en línea con nuestros valores de no violencia y nuestro trabajo por un futuro verde y pacífico».

Energy Transfer niega que su objetivo sea reprimir la libertad de expresión. «Nuestra demanda contra Greenpeace se debe a que no respetan la ley», declaró la empresa en un comunicado a la AFP.

«Apoyamos el derecho de todos los estadounidenses a expresar sus opiniones y a protestar legalmente. Sin embargo, cuando no se hace de acuerdo con nuestras leyes, tenemos un sistema legal para hacer frente a eso. Más allá de eso, dejaremos que nuestro caso hable por sí mismo».

En 2017, Energy Transfer demandó a Greenpeace ante un tribunal federal, invocando la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO, por sus siglas en inglés), una ley que se suele utilizar para perseguir el crimen organizado.

El director ejecutivo Kelcy Warren declaró en entrevistas que su «objetivo principal» no era la compensación económica, sino «enviar un mensaje», llegando incluso a sugerir que los activistas «deberían ser eliminados del acervo genético».

Ese caso fue desestimado por un tribunal federal, pero Energy Transfer no tardó en volver a presentar una demanda a nivel estatal en Dakota del Norte, uno de los pocos estados de EE.UU. que no cuentan con protecciones anti-SLAPP.

Waniya Locke, miembro de Standing Rock Grassroots, rechazó la idea de que Greenpeace liderara el movimiento. «Quiero que quede muy claro que no hubo ninguna ONG que iniciara u organizara nuestra resistencia. Estaba dirigida por matriarcas. Fue liderada por mujeres que se mantuvieron fuertes, que se plantaron en las orillas del río desarmadas».

Greenpeace contraataca, convirtiéndose este mes en el primer grupo que pone a prueba la directiva anti-SLAPP de la Unión Europea demandando a Energy Transfer en los Países Bajos.

«Pedimos al tribunal de distrito de Ámsterdam que declare que ET actuó de forma ilícita al participar en un proceso abusivo», declaró a la AFP Kristin Casper, consejera general de Greenpeace Internacional. La demanda reclama daños y perjuicios y exige que Energy Transfer publique las conclusiones del tribunal en su sitio web.

En los últimos años, Greenpeace ha sido objeto de demandas similares por parte de empresas de combustibles fósiles, como Shell y Total. «La buena noticia es que cuando nos defendemos, ganamos», declaró Casper, citando la desestimación del caso TotalEnergies contra Greenpeace Francia el año pasado.

Más de 400 organizaciones, junto con figuras públicas como Billie Eilish, Jane Fonda y Susan Sarandon, han firmado una carta abierta de apoyo a Greenpeace.

«Si Energy Transfer consigue imponer una multa cuantiosa a Greenpeace, animará a otras empresas a emprender acciones similares y podría enfriar considerablemente las protestas sobre diversos temas, no sólo el cambio climático», declaró a la AFP Michael Gerrard, profesor de Derecho medioambiental de la Universidad de Columbia.