El Consejo de Estado frena 'in extremis' la desaparición de los departamentos universitarios

Sin embargo, a través de una disposición derogatoria, también fulmina, de un plumazo, el decreto que regula los departamentos universitarios. El Consejo de Estado dice que «no alcanza a comprender» la eliminación «sin una detallada justificación» de este decreto. Una dura crítica que finalmente ha llevado al ministro a dar marcha atrás eliminando esa disposición del texto.

El órgano consultivo rechaza de plano la decisión de eliminar los departamentos universitarios, que define como «órganos básicos encargados de organizar y desarrollar la investigación y las enseñanzas propias de su respectiva área de conocimientos en una o varias facultades, escuelas técnicas superiores o escuelas universitarias y, en su caso, en aquellos otros centros que hayan podido crearse». El Consejo de Estado critica que, a su juicio, «esta modificación es muy relevante y, sin embargo, ni se justifica la derogación del Real Decreto 2360/1984, ni existe una mínima previsión regulatoria de la idea que se pretende con relación a los departamentos universitarios».

Añade, además, que una decisión de semejante envergadura no debería hacerse «en una disposición derogatoria cuya modificación principal afecta a los estudios de doctorado». Agrega, el dictamen que la derogación del decreto «debería haber sido sometida a informe de los órganos interesados y, fundamentalmente, de la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria y de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, además de los correspondientes trámites de información pública».

Sin embargo, el Consejo le hace una salvedad y le dice que podrían hacerlo siempre que «la decisión de modificar la organización universitaria» se haga «dentro de los parámetros permitidos por la Ley Orgánica 2/2023 [es decir, la nueva ley de universidades] o que el Proyecto sobre Departamentos Universitarios que, según se desprende del informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Universidades se está preparando, pretenda modificar la organización y estructura departamental con el fin de evitar una excesiva compartimentación, una mayor eficiencia en la gestión o ir hacia una educación superior más multidisciplinar, generalista y menos especializada o por cualquier otra razón que se considere oportuna».

De hecho, el Consejo entiende que es ahí, en el proyecto sobre departamentos universitarios, donde debe regularse esta cuestión. En la memoria que acompaña a este decreto el Ministerio de Universidades deja claro que ha reculado. En el apartado dedicado a recoger las alegaciones del Consejo de Estado respecto a esta polémica derogación señalan: «Se acepta. Se elimina esa disposición».

Otra crítica que le hace el Consejo de Estado a Subirats se relaciona con las llamadas ciencia abierta y ciencia ciudadana. El fomento de estas han sido como una especie de 'mantra' del ministro que las menciona cada vez que tiene ocasión, empezando por su primera intervención como ministro. Sin embargo, el Consejo de Estado le ha afeado que este brille por su ausencia en el nuevo decreto teniendo en cuenta que esta se incorpora una de las competencias que deben adquirir los doctorandos. «Sería deseable que el proyecto atendiera con más detalle a esta cuestión (...) y que afecta especialmente a la formación del personal investigador y evaluador de las comisiones, comités y paneles de evaluación del mérito investigador, de la carrera académica, tanto de personal como de instituciones, y de los paneles de concesión de proyectos financiados con fondos públicos», dice el dictamen. El Ministerio de Universidades, otra vez, ha aceptado la crítica que hace el Consejo de Estado.

Lo mismo hace con la memoria de impacto normativo que acompaña al texto. En esta ocasión, el dictamen señala que esta «debería haber atendido y explicado las repercusiones del Proyecto en la economía y en el empleo (sería muy conveniente aportar datos sobre la situación laboral del personal investigador que realiza tesis doctorales), razonando su impacto y valorando si es significativo». Algo a lo que Subirats finalmente también ha accedido.

El texto de Subirats introduce novedades en el campo del doctorado como la previsión de que «las Escuelas de Doctorado proporcionen asesoramiento a sus estudiantes para su integración en los programas de doctorado, así como la obligatoriedad de contar con un plan de formación personal».

También «se establece que estos tengan la consideración de investigadores o investigadoras en formación y se refuerza la obligación del director de la tesis de acompañar y asesorar al doctorando durante todo el proceso de elaboración de la tesis».

Por otro lado, se adapta la duración de las enseñanzas de doctorado a los estudiantes de manera que se «pueda ampliar la duración máxima de los estudios de doctorado tanto en los casos en los que los doctorandos lo cursan a tiempo completo como a tiempo parcial, estableciendo la posibilidad de una prórroga de un año».

En tercer lugar, «se introducen una serie de medidas vinculadas con la supervisión y evaluación del doctorado y la garantía de su calidad. Así, por ejemplo, se exige que cada tesis cuente con un mínimo de dos informes emitidos por doctores o doctoras expertos en la materia y externos a la universidad que podrán proponer aspectos de mejora».