Episodios locales
La corta más larga del Guadalquivir a su paso por Sevilla
Hace medio siglo, el Consejo de Ministros del 7 de febrero de 1975, en vida de Franco, aprobó el nuevo cauce artificial del Guadalquivir de seis kilómetros de longitud para evitar riadas a Sevilla capital
Inundaciones en Sevilla y el resto de Andalucía, en directo: última hora del desbordamiento del Guadalquivir, carreteras cortadas y estado de los embalses
La inauguración esta semana de una exposición dedicada a la memoria del ingeniero de Caminos Mariano Palancar Penella, director de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir entre 1968 y 1984, ha traído a la actualidad la obra de la corta de la Cartuja, proyectada ... y ejecutada bajo su dirección.
La muestra, en Cajasol, estará abierta hasta el 1 de febrero por lo que no alcanzará a conmemorar la efemérides del Consejo de Ministros que aprobó las obras el viernes 7 de febrero de 1975, con Franco presidiendo la mesa de deliberaciones. Ese día, el Gobierno autorizó «la contratación, mediante concurso-subasta, para ejecución de las obras de proyecto modificado de precios de la Corta de la Cartuja, para defender a Sevilla de las avenidas del río Guadalquivir (Sevilla)». Ese mismo viernes también se declararon de interés social las obras de los colegios del Valle (Mairena) y Entreolivos (Dos Hermanas).
Pero, sin duda, la corta hidráulica era el gran asunto. Por su volumen (casi seis kilómetros de un cauce artificial en el que hubo que excavar 14 millones de metros cúbicos de tierra), por su impacto (840 hectáreas en ambas márgenes defendidas de las riadas), por el coste (un presupuesto inicial de 990.436.038 pesetas que acabó duplicándose), por el tiempo de ejecución (siete años hasta su conclusión en 1982) y por ser un proyecto largamente esperado (desde 1961 cuando la riada del Tamarguillo aunque algún antecedente hubo a principios del siglo XX).
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El resultado fue una obra colosal aprobada en su pliego técnico en 1972 sin ninguna alegación en contra pero cuyo inicio se dilató por la renuencia del Ayuntamiento –al filo de la bancarrota como casi todo el siglo XX– a participar en la financiación y la pugna entre los ministerios de Vivienda y Obras Públicas por el monto de las expropiaciones de los terrenos que dejaban de ser inundables.
La reseña de ABC deja leer entre líneas: «El Ministerio de Obras Públicas, desde el primer momento, consideró necesario asegurar el debido uso de dichos terrenos y evitar la especulación privada». La exposición pasa de puntillas por este asunto, que fue la madre del cordero al incluir los terrenos liberados en un decreto de actuación urbanística urgente (Actur) para levantar 25.000 pisos. Los Actur (Zaragoza, Granada, Madrid, Vitoria, Barcelona…) eran vehículos administrativos muy expeditivos con los que el tardofranquismo quiso afrontar la escasez de vivienda y la dificultad de acceso.
La enormidad de tal número de viviendas dio pie a un altamente inflamable debate ciudadano que cayó del lado de una Cartuja sin pisos cuando se propuso que albergara la Expo 92. Pero esa, decididamente, es otra historia.
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