El Ayuntamiento blindará los carriles bus-taxi de Sevilla con cámaras 'ponemultas'

La principal conclusión que ha extraído el Ayuntamiento de Sevilla es que sólo la vigilancia y el temor a las sanciones económicas pueden frenar esta mala costumbre de muchos conductores, una vez que resultaron fallidas tanto la instalación de separadores de plástico como el reciente pintado de líneas rojas. Los primeros fueron instalados durante el 2021, aunque la llegada de José Luis Sanz supuso su fin por el peligro que suponían principalmente para motoristas, y las segundas se han venido pintando durante los últimos dos años, sin que parezcan haber surtido efecto.

Este plan ya estaba contemplado como medida disuasoria para la plataforma reservada del tranvibús, una vez que se decidió que esta vía no contara con separadores de ningún tipo y como única garantía de que este nuevo servicio de transportes cumpla con los tiempos establecidos. El principal problema del mal uso de los carriles bus-taxi es el colapso de los mismos, alargándose considerablemente los tiempos de los servicios públicos.

El sistema sería similar al que utilizan las cámaras de los coches mal conocidos como «ponemultas» de la Policía Local, cuyo lector de matrículas inteligente está directamente conectado con los servidores municipales y de ahí se da traslado tanto a la Dirección General de Tráfico como a la Agencia Tributaria. Las sanciones por circular, parar o estacionar en el carril reservado para el transporte público rondan los 200 euros.

Además del servicio público de Tussam, por estos carriles reservados puede circular los autobuses de servicios regulares y discrecionales, los de transporte escolar y servicios de transporte especial, siempre que transporten pasajeros, motocicletas, ciclomotores y vehículos eléctricos. Los carriles reservados de la ciudad están regulados en el artículo 54 de la Ordenanza Municipal de Circulación (OMC) y, como se matiza, esta normativa se redactó en el año 2014 «cuando ya existían los vehículos híbridos», así que por lo tanto, como no se incluyeron los mismo, no está permitida la circulación de los coches híbridos, sino únicamente los denominados como vehículos eléctricos.

Según se subrayada en la ordenanza municipal, cuando la línea de separación del carril reservado sea discontinua, podrá ser rebasada por otros vehículos para poder acceder a zona de aparcamiento o calles adyacentes si bien ello no permitirá circular por el carril ni realizar parada alguna que obstaculice el tránsito de cualquier vehículo que tenga derecho de paso por el mismo.

Así las cosas, el 'proyecto piloto' de este plan será el carril de más de ocho kilómetros del tranvibús entre Sevilla Este-Torreblanca-Santa Justa, desconociéndose si también se instalarán cámaras durante los dos kilómetros del ramal de Alcosa y suponiéndose que ocurrirá igualmente con la conexión de Santa Junta con la Plaza del Duque.

Conviene recordar que este proyecto ya fue impulsado durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, cuando se detalló que además de la instalación de nuevas cámaras, se intentaría aprovechar las adquiridas por sus antecesores para aquel Plan Centro que pretendía frenar el tráfico rodado en el Casco Antiguo. La idea era reutilizar las cámaras, además de la instalación de nuevos elementos de grabación en ocho puntos más de la ciudad, para luchar contra el «alarmante» índice de conductores que utilizaban dichos carriles reservados y que se saltaban los semáforos en rojo.

Este proyecto ya se topó en su momento con la Ley de Protección de Datos, que fue el principal escollo que impidió que prosperase la iniciativa y que a día de hoy sigue siendo un problema que deberá resolver el Ayuntamiento de Sevilla. Es la misma situación a la que se enfrenta el plan de videovigilancia que José Luis Sanz propone para el control de los distintos barrios de la ciudad, un proyecto que necesita contar con la autorización de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para la que ya se está ultimando el informe preceptivo.

El proceso, en ambos planes, consiste en solicitar la colocación de estas cámaras de videovigilancia a la Subdelegación del Gobierno, quien deberá trasladar esta solicitud y el informe adjuntado a la comisión de garantías del TSJA, que está encabezada por el presidente del Alto Tribunal. Estos sistemas de videovigilancia ya funcionan en otras ciudades como Málaga o Granada, donde el Ayuntamiento nazarí solicitó un sistema de cámaras para proteger el patrimonio histórico del Albaicín de los grafitis.