La solución que usan los bancos en sus pisos para evitar que entren okupas

El aumento del movimiento okupa en España se ha convertido en una conversación habitual en los debates entre los ciudadanos. Las discrepancias entre los afectados y las personas que defienden la ocupación han propulsado el nacimiento de organizaciones que negocian con los vecinos para terminar con el conflicto.

Durante el año 2023, cuando se cumplió un año de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se registraron un total de 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles, según los datos facilitados por el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior.

Los vecinos afectados que han acudido a la vía judicial han desistido. La dilatación de los procesos ha convertido la situación en un infierno. Sin ninguna opción en el marco legal, debido a la ambiguidad del artículo número 47 de la Constitución Española al que se acogen los okupas, la desolación de los vecinos dibuja sus días.

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Una vez desalojados los vecinos que han incurrido en impagos de la hipoteca, la entidad bancaria vacía los pisos y se queda con los inmuebles que se encuentran en el interior. Para evitar la entrada de okupas en el inmueble, los bancos recurren a las denominadas puertas 'antiokupas'.

Con una estructura similar a las puertas acorazadas, se han convertido en el recurso de los fondos bancarios para evitar la llegada de nuevos inquilinos que no pagan el alquiler. La diferencia entre ambos modelos radica en el bombín de la puerta.

Los precios oscilan entre los 500 y los 3500 euros con una aumento en las cerraduras que usan los bancos. Los bombines antibumping cuentan con un complejo sistema de pitones que se reparten de forma radial y hacen imposible el uso de la ganzúa, herramienta utilizada por los okupas para cambiar la cerradura.

No todo es positivo en la instalación de las puertas metálicas. Fuera de las casas personales, donde no existen problemas para encuadrar las puertas, la instalación en lugares con una denominación pública conllevan un largo periodo burocrático sin una garantía para poder terminar con el proceso.