Cuando la Justicia llega tarde

Pepe fue un funcionario recto, honesto, a veces, incluso excesivamente celoso en el cumplimiento de la legalidad. Nunca militó en partido político ni sindicato, ni se vio involucrado en ningún proceso judicial, pese a que su desempeño profesional coincidió temporalmente con una época plagada de irregularidades en la administración andaluza.

Después de 37 años de intachable servicio público, en 2021, le llegó el día de la jubilación. Mientras recibía las últimas muestras de afecto de sus compañeros, alguien le entregó una carta del Juzgado. Era una citación para declarar en calidad de investigado en una compleja causa penal que investigaba la comisión de delitos de prevaricación y malversación en la que había más de 30 personas investigadas.

Días después conocí a Pepe y a su hija Paula en el despacho. Nos reunimos en la sala que fuera otrora el despacho de D. Manuel Olivencia (q.e.p.d.). Bastaron pocos minutos de atenta escucha para deducir que aquel funcionario recién jubilado no había cometido delito alguno. Pepe se encontraba profundamente consternado, con un punto de la indignación propia de quien ve manchada su honorabilidad al verse inmiscuido en una causa penal con repercusión mediática.

Pepe prestó declaración e, inmediatamente, presentamos al Juzgado un escrito explicando por qué debía acordarse el archivo respecto de él. Ya solo cabía esperar.

Pasaron meses y no teníamos noticias. Pepe me llamaba recurrentemente. Mi respuesta siempre era la misma: está pendiente de resolver. Al cabo de 4 ó 5 meses, Pepe repetía la llamada y yo repetía la respuesta. Él no entendía la tardanza en la resolución de su asunto. Intentaba explicarle que esa demora, desgraciadamente, era habitual dado el colapso que sufrían los Juzgados. Mis palabras no lo consolaban pues nunca asimiló tener que acostarse todas las noches con la losa de la imputación. Lógico, pues son las personas honradas y honestas como Pepe las que verdaderamente padecen el proceso penal.

Transcurrió el año 2022 y 2023. Sin noticias. Y llegó el verano de 2024. A finales del mes de julio sonó el teléfono, era José Ignacio. Descolgué y, tras un cariñoso saludo, volví a decirle que no teníamos noticias. Pero esta vez su voz sonaba más honda y pausada que normalmente. Pepe me dijo que acababan de diagnosticarle cáncer. Me quedé sin palabras. Le trasladé mis ánimos más sinceros y le insistí en que la última de sus preocupaciones debía ser la causa penal, pues era solo cuestión de tiempo que se archivara. Hicimos una última gestión en el Juzgado antes de vacaciones pero fue infructuosa.

A principios de septiembre sonó el teléfono, era el número de José Ignacio, descolgué, pero, en esta ocasión, no escuché su voz sino la de su hija Paula. Me dijo que su padre había fallecido el 14 de agosto. Otra vez me quedé sin palabras. Cuando me preguntó por el procedimiento no pude darle ninguna noticia, como tampoco había podido dárselas a su padre.

La fatalidad del destino quiso que unos días después de la llamada de Paula, el Juzgado nos notificara el auto que acordaba el archivo de la causa respecto de Pepe. Era un auto firmado la última semana de julio, es decir, estando aún Pepe entre nosotros, pero que se nos notificó en septiembre.

Pepe se marchó sin conocer que la Justicia le había eximido de toda responsabilidad. Ese auto no le habría servido para curarle esa maldita enfermedad, pero sí le habría reconfortado y otorgado paz justo antes de dejarnos.

El caso de Pepe es un ejemplo del padecimiento de los justiciables en España (juicios a tres años vista, lanzamientos de okupas que no se ejecutan, ejecuciones y embargos paralizados, etc.).

No es problema de un Juzgado u otro. De hecho, los jueces son, junto con los ciudadanos y demás operadores jurídicos, los principales damnificados de la escasez de recursos de la Administración de Justicia. Es un problema que solo pueden resolver quienes tienen capacidad decisoria para dotar de medios a un sistema judicial decimonónico (basta observar el funcionamiento de la Agencia Tributaria para deducir a dónde se destinan los recursos).

Sirvan estas palabras como homenaje a Pepe y como prurito de que los responsables públicos actúen de una vez para evitar situaciones como ésta en la que la enfermedad de Pepe fue más rápida que la justicia tardía que recibió pues, como decía Séneca, Nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía.

SOBRE EL AUTOR

ALFONSO CHOZA CORDERO

Abogado