La lengua propia de los españoles

Hubo muchas concesiones a los nacionalistas para conseguir que la Constitución fuera aprobada por todos, pero una de las más importantes fue entregar la educación sin un control suficiente del Estado. Esta cesión ha permitido a los nacionalistas dos cosas: construir un relato mítico sobre las nacionalidades creando así futuros independentistas y poder imponer, con la aquiescencia de la Justicia politizada y los partidos mayoritarios, la lengua regional hasta límites intolerables y con vulneración de los derechos más básicos de cualquier democracia liberal. Además, junto a la cesión de la educación, los nacionalistas consiguieron apuntalar su relato al denominar al idioma común y propio de los españoles 'castellano'. Suponía eso aceptar que era sólo la lengua de Castilla, no la de todos. Surgieron, de esta manera, las denominadas lenguas propias, convirtiéndose, en el imaginario nacionalista, el castellano como ajena, exclusivamente de Castilla. Las minorías nacionalistas tenían como objetivo claro que no podía haber una lengua de todos porque eso suponía aceptar la nación española. De esta forma, se ha conseguido que existan muchas lenguas propias y, como consecuencia, una 'impropia', el español.

Esta situación nos ha llevado a la trampa del bilingüismo, algo con lo que todos los españoles estaban de acuerdo y siguen estándolo. Pero los nacionalistas nos engañaron a todos; no querían bilingüismo, lo que querían era el monolingüismo. El bilingüismo era solo una etapa previa. Primero decían que se trataba de que las dos lenguas estuvieran en pie de igualdad, luego vino la primacía de la lengua regional, después la desaparición del castellano de hecho en la vida oficial y por último la persecución del español en el ámbito privado poniendo vigilantes en la educación, en sanidad, etc. En la cuestión lingüística, ¿Cómo ha sido regulado el uso de la lengua anteriormente en España? ¿Cómo están regulados los idiomas en otras naciones?

Veamos cómo fue regulada esta cuestión en la Constitución Republicana de 1931. En su art. 4º sólo reconocía como idioma oficial el castellano, dejando para las leyes del Estado la regulación de las lenguas regionales, es decir, no eran cooficiales y se decía que no se podría exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. ¿Y qué decía de la educación? En su artículo 50 se establecía que en las regiones autónomas será obligatorio el estudio de la lengua castellana, y «esta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de todas las regiones autónomas» y los constituyentes republicanos para asegurar la enseñanza en castellano, añadieron: «El Estado podrá mantener o crear centros docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República». En resumen, en la segunda República se garantizó el castellano como lengua vehicular y como el único idioma oficial.

En las constituciones europeas, sólo tres mencionan otras lenguas. La irlandesa reconoce como segunda lengua oficial el inglés. La italiana, en su artículo 6º, menciona que «la República protegerá las minorías lingüísticas», pero sin declararlas oficiales. Por último, la austriaca menciona, en el artículo 8.1, que «el alemán es la lengua oficial sin perjuicio de los derechos que las leyes federales proporcionen a las minorías lingüísticas». Resumiendo, en Europa, salvo en España, no se reconocen como oficiales ninguna lengua regional y se les da, sólo en algunos casos, cierta protección.

Veamos qué pasa en el mundo hispano. El país con más hispanohablantes es Méjico. Allí, a pesar del creciente indigenismo, en el artículo 2º A.4 de su Constitución se indica, respecto a las comunidades indígenas, que pueden «preservar y enriquecer sus lenguas», y en el apartado 2º B3 que las autoridades deben «Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe». Como se ve, no existe, en ningún caso, el monolingüismo en las lenguas indígenas.

En el resto de países hispanos, el grado de protección de las lenguas indígenas no supera, en ningún caso, al descrito en la Constitución mejicana. En ningún caso, los carteles, impresos de la administración están en lenguas indígenas, sólo en español y no hay ningún niño hispanoamericano que no pueda estudiar en español. El segundo país con más hispanoparlantes es Estados Unidos, donde hay multitud de programas en los que el idioma español se utiliza un 50% del tiempo en las clases. Así según se recoge en el 'Directory of Foreign Inmersión Programs in U.S. Schools', existen 276 centros educativos en USA en los que se da enseñanza bilingüe en español e inglés y cuyo objetivo es que los alumnos dominen tanto el español como el inglés al terminar la enseñanza secundaria. Es decir, en todos los estados norteamericanos, no sólo en los que tienen más población hispana, es posible estudiar en español y sin embargo en España no se puede estudiar en español en Lérida, Palma, San Sebastián o Lugo. Nos debería sonrojar que el español sea perseguido en nuestro propio país, ni en USA ni en los países hermanos, con muchas lenguas indígenas, se margina el español en la escuela.

Si un español pide estudiar en español, o que no se le discrimine en el acceso a la función pública, es considerado una persona radical. Lo moderado es estar contra el español o mirar para otro lado. En el mundo, como hemos visto, esto es una excepción. Lo moderado, lo razonable, lo democrático, es poder estudiar en nuestro idioma en España y exigirlo no es de fascistas peligrosos. Este desaguisado sólo se puede arreglar, con voluntad política y legislación. Se debe desarrollar el artículo 3.1 de la Constitución que dice «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla» aprobando con mayoría absoluta (176 diputados) una Ley Orgánica de carácter básico de Uso del Español (Louses).

En esta ley se debería garantizar el uso del español en todos los ámbitos: Todo cartel, folleto, impreso, etc., fuera o dentro de la administración o en los negocios deben estar obligatoriamente escritos en español además de en la lengua regional que corresponda; no se podrá exigir el conocimiento de ninguna lengua regional, salvo casos excepcionales, para el acceso a la función pública; la toponimia de ciudades y pueblos, accidentes geográficos, etc., deberán obligatoriamente ponerse en español además de en la lengua regional que corresponda; los nombres de las calles deberán ponerse obligatoriamente en español además de en la lengua regional que corresponda; la enseñanza deberá ofrecerse en español, en bilingüe o en la lengua regional, en función del deseo de los padres; el Estado podrá instalar centros públicos en todas las etapas educativas para garantizar la enseñanza en español.

No hay otra forma, hay que frenar el arrinconamiento del español, porque no hacerlo sería un suicidio. No existe nación sin lengua común. Ni bilingüismo forzoso ni monolingüismo obligatorio. Lo que se necesita es libertad de elección de lengua. Vivir en español tiene que ser posible en España al igual que en Hispanoamérica.