Nueva imputación para Trump: acusado de conspirar para dar la vuelta a los resultados de 2020

Tras ser derrotado en las urnas por el actual presidente, Joe Biden, Trump inició una campaña para mantenerse en el poder a toda costa. Según los investigadores, propagó mentiras -a sabiendas de que lo eran- sobre la existencia de un fraude masivo inexistente -ni los tribunales ni su propio Departamento de Justicia encontraron pruebas de ellos-, presionó a autoridades locales, estatales y federales para que le siguieran en su empeño y buscó maneras de evitar la certificación de Biden como ganador.

Aquella campaña acabó con el asalto trágico y bochornoso al Capitolio por parte de una turba de sus seguidores el 6 de enero de 2021, en el último intento de sus aliados por evitar la victoria de Biden. Sin embargo, los fiscales no acusan a Trump, como hacen los demócratas de forma habitual, de incitar lo ocurrido en aquella jornada violenta.

Los cuatro cargos tienen que ver con tres conspiraciones, según el escrito de imputación: contra EE.UU., para obstruir un procedimiento oficial y contra los derechos de los ciudadanos.

«Pese a haber perdido», dice el escrito de imputación de los investigadores, liderados por el fiscal especial Jack Smith, «el acusado estaba decidido a quedarse en el poder». Para ello, repitió mentiras sobre fraude masivo de voto inexistente y trató de que autoridades de todos los niveles le ayudaran para cambiar el resultado de la elección.

La imputación también cita a otras seis personas como conspiradores. Aunque no las nombra, y de momento no reciben cargos, no hay duda de que una de ellas es Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York, abogado personal de Trump y muñidor de buena parte de esos intentos de dar la vuelta a los resultados. También se cree que son los abogados John Eastman, Sidney Powell, Kenneth Chesebro y James Trompis y un alto cargo entonces del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, a quien Trump quiso colocar como fiscal general interino para acabar con la resistencia en el Departamento de Justicia a sus planes de vuelco electoral.

La nueva imputación es una prueba de cómo Trump ha convertido lo extraordinario en rutinario. En marzo, se convirtió en el primer expresidente de EE.UU. en ser acusado de un delito. Fue en una causa de naturaleza estatal, en Nueva York, por los pagos para silenciar una relación extramatrimonial con una actriz porno poco antes de las elecciones de 2016.

Desde entonces, ha recibido otras dos imputaciones de naturaleza federal: en junio, en Miami, por la retención de cientos de documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca a Mar-a-Lago, su residencia en la costa de Florida. Hace unos días, esa imputación fue ampliada después de que las autoridades concluyeran que Trump trató de destruir pruebas con su intento de eliminar las grabaciones de las cámaras de vigilancia en su mansión.

Aquella investigación fue liderada por el fiscal especial Jack Smith, que también se ocupa de la que acaba de culminar con la imputación de este martes. En total, Trump acumula ya 78 cargos, pero podrían ser pronto más: hay otra causa federal a punto de materializarse en Georgia, donde se esperan nuevos cargos, también por tratar de interferir en los resultados electorales de 2020, a mediados de este mes.

El juicio para la imputación en Nueva York está previsto para marzo del año que viene, mientras que el de los documentos clasificados se ha fijado en Florida para dos meses después, en mayo. Lo que es un recordatorio de la importancia especial de estas causas: Trump no es un acusado cualquiera; es el favorito indiscutible para ganar las primarias republicanas y ser el candidato a la presidencia en las elecciones del año que viene (las encuestas publicadas este mismo martes refuerzan ese favoritismo y apuntan a un empate frente a Biden). Sus juicios serán la parte central de su campaña.

Trump reaccionó a la imputación con su batería habitual de acusaciones por sus imputaciones, que considera una «interferencia electoral» y «caza de brujas».

El expresidente ha sido citado este jueves a las cuatro de la tarde (diez de la noche, hora de España) en los juzgados federales de Washington. Su caso lo presidirá Tanya Chutkan, una jueza nombrada por Barack Obama y que ha destacado por imponer sentencias duras para algunos condenados por su participación en el asalto al Capitolio.