Sánchez crea una crisis comercial y política con EE.UU. por su campaña contra Israel

Un grupo de diputadas muy críticas con la Casa Blanca por el apoyo a Israel en su respuesta a los ataques del grupo terrorista Hamás desde Gaza han protestado ante la Comisión Federal Marítima, agencia oficial del gobierno federal, alegando que sus investigaciones a España «son un insulto temerario a nuestros aliados en España, que solo han buscado aplicar de buena fe sus políticas nacionales soberanas y cumplir con el derecho internacional, incluidas sus obligaciones de tratado para prevenir el genocidio».

Firman la misiva las diputadas demócratas Rashida Tlaib, Cori Bush y Summer L. Lee. Las tres forman parte de la izquierda socialista demócrata y han sido activas en oponerse al apoyo de Biden a Israel en plena campaña electoral. En la carta, difundida en Washington, defienden que «España está plenamente en su derecho de tomar decisiones humanitarias de este tipo sin interferencias, sanciones ni castigos económicos de su supuesto aliado, Estados Unidos».

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La decisión del Gobierno español de denegar el atraque en puertos españoles a buques que sospecha —sin pruebas concluyentes— que transportan armas destinadas a Israel ha provocado una investigación formal por parte de esa Comisión Marítima Federal.

El caso afecta a dos buques operados por la naviera danesa Maersk, el Maersk Denver y el Maersk Seletar, ambos con bandera estadounidense, que en noviembre fueron desviados a los puertos de Tánger y Lisboa tras serles denegada la entrada en Algeciras. Maersk expresó su indignación, asegurando que la carga cumplía «plenamente con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales» y negó que transportaran armas o municiones.

La Comisión Marítima Federal es una agencia encargada de regular el transporte marítimo en el comercio internacional y supervisar la Marina Mercante estadounidense. Creada en 1961, su función principal es garantizar condiciones justas y equitativas en el comercio marítimo exterior, proteger a las empresas y consumidores estadounidenses de prácticas desleales y promover la estabilidad en el sistema de transporte marítimo global. Su labor oficial tiene un peso significativo en las relaciones comerciales internacionales, especialmente cuando se detectan condiciones desfavorables para las empresas estadounidenses.

Según la Comisión, la negativa española podría haber creado «condiciones desfavorables» para el comercio exterior de Estados Unidos. De confirmarse, España podría enfrentarse a sanciones significativas, que incluirían multas de hasta 2,3 millones de dólares por viaje afectado, la prohibición de entrada a puertos estadounidenses para buques con bandera española y restricciones al transporte de carga bilateral. Si se aplican las sanciones máximas, el comercio bilateral, que suma 7.000 millones anuales, se hundiría.

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Las autoridades españolas adoptaron esta decisión a pesar de que los buques afectados forman parte de una flota de 60 embarcaciones inscritas en el Programa de Seguridad Marítima (MSP). Este programa garantiza que Estados Unidos mantenga una flota comercial activa, económicamente viable y militarmente útil, disponible para emergencias nacionales, conflictos armados u otras situaciones críticas de seguridad nacional.

El Gobierno de España tiene conocimiento de la lista de estos 60 buques, que son proveedores del Departamento de Defensa de EE.UU., tienen acceso a redes logísticas globales para apoyar operaciones militares y participan en suministros humanitarios. Estas embarcaciones, propiedad de empresas privadas, reciben subsidios del Gobierno estadounidense a cambio de estar disponibles para necesidades estratégicas.

Tras abrir la investigación al Gobierno de España por denegar la escala en el puerto de Algeciras, un representante de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos advirtió el viernes al Ejecutivo de Sánchez de la gravedad del asunto.

«Si se confirman, las acciones de España podrían constituir una violación de la ley y dar lugar a multas compensatorias significativas para buques con bandera española, restricciones al transporte de carga entre España y Estados Unidos, y otras medidas correctivas a discreción de la Comisión», afirmó Louis E. Sola, comisionado nombrado por Donald Trump y confirmado posteriormente por Joe Biden.

«Las acciones unilaterales de España contra buques con bandera estadounidense plantean serias dudas sobre los principios de no discriminación en el comercio marítimo», añadió Sola, quien también advirtió que «estas restricciones podrían poner en duda los principios fundamentales de prácticas no discriminatorias».

A un mes de que Donald Trump asuma nuevamente la presidencia, y en medio de sus amenazas de imponer nuevos aranceles, Sola subrayó que las acciones del Gobierno español «podrían tensar los sólidos lazos bilaterales que sustentan una relación comercial anual de 70.000 millones de dólares entre ambos países. Además, estas medidas podrían amenazar la integridad operativa de las cadenas de suministro críticas que sostienen la industria marítima estadounidense, valorada en 5 billones de dólares».

Sánchez y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han defendido la negativa a permitir el atraque de barcos sospechosos de transportar armamento a Israel, en un contexto marcado por la campaña militar israelí contra Hamás en Gaza. Esta campaña ha dejado más de 40.000 muertos, según fuentes internacionales, aunque los datos precisos son motivo de controversia.

Izquierda Unida instigó esta crisis al denunciar que barcos de la naviera Sealift hicieron escala en España antes de llegar a Israel con armamento. Posteriormente, propusieron un nuevo protocolo en el Congreso de los Diputados que, de aprobarse, permitiría que barcos con carga militar hagan escala en España, pero obligaría a las autoridades a inspeccionar los buques y confiscar cualquier equipo militar con destino a Israel. Según el protocolo, España informaría sobre estos barcos a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional, donde Israel enfrenta acusaciones de genocidio y crímenes de guerra.

En respuesta, tras una información del diario digital The Intercept sobre uso de bases españolas para enviar armamento, el Pentágono destacó que esos barcos también se emplean para entregar ayuda humanitaria a Gaza. Tom Crosson, portavoz del Departamento de Defensa, declaró: «El gobierno de Estados Unidos coordina con aliados y socios a lo largo del proceso de transporte y cumple con los requisitos a nivel global. Las fuerzas armadas de Estados Unidos, cuando se les ordena, tienen la responsabilidad y capacidad de entregar tanto ayuda humanitaria a quienes la necesitan como municiones para apoyar la defensa de nuestros aliados y socios».