Recibido en Libia entre vítores un torturador buscado por la Corte Penal Internacional repatriado desde Italia

Acusado de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI), Almasri fue detenido en Turín el 18 de enero, siendo liberado dos días después y repatriado a Libia en un avión militar italiano. El ministro del Interior Mateo Piantedosi explicó, en la tarde del jueves en el Senado, que el general libio «fue expulsado por razones de urgencia y seguridad, dada la peligrosidad del sujeto», un hombre clave en la seguridad de la Tripolitania, la Libia occidental. El general Almasri es jefe de la Policía Judicial libia y una figura clave del Gobierno de unidad nacional en Trípoli, reconocido por la ONU. Almasri es también señalado como el responsable de la prisión de Mitiga. En esta cárcel, ubicada cerca de la capital libia, migrantes y disidentes han sido víctimas de torturas sistemáticas, abusos sexuales y otros crímenes atroces, según informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones.

La CPI emitió un mandato de arresto contra Almasri bajo la acusación de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La ONG Mediterránea lo acusa de ser «uno de los más feroces criminales libios, traficante de seres humanos». Sin embargo, este poderoso militar ha disfrutado durante años de una relativa impunidad, moviéndose por Europa como si contara con una suerte de inmunidad.

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Ángel Gómez Fuentes | Corresponsal en Roma

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El arresto de Almasri en Turín, donde acudió para ver un partido de fútbol de la Juventus, ocurrió tras un aviso del Tribunal de La Haya a seis países europeos, incluido Italia. Capturado por la policía italiana, su detención debía ser el primer paso para entregarlo a La Haya. Sin embargo, la falta de una intervención rápida por parte del Ministerio de Justicia italiano permitió que la Corte de Apelación de Roma ordenara su liberación.

Posteriormente, el Gobierno organizó con los servicios secretos su retorno a Libia en un avión militar, lo que generó celebraciones en su país de origen y un escándalo en Italia. La Corte Penal Internacional no tardó en reaccionar, calificando la liberación de Almasri como una «grave violación de las obligaciones internacionales» de Italia, uno de los estados fundadores de la CPI, mediante el Estatuto de Roma firmado el 17 de julio de 1998.

Según el tribunal de La Haya, las autoridades italianas fueron informadas con antelación y tenían todas las herramientas legales para garantizar la detención del general. En una nota oficial, la Corte destacó que el Ejecutivo italiano ni siquiera consultó a La Haya antes de adoptar la decisión de liberar al general, considerada «políticamente motivada» por el Gobierno Meloni. La CPI ha advertido que podría iniciar una investigación sobre la posible violación de las obligaciones internacionales por parte de Italia.

Según los medios italianos, fuentes del Ejecutivo han reconocido que la decisión de liberar a Almasri obedeció a «razones de Estado». Italia, que mantiene acuerdos de cooperación con Libia para controlar los flujos migratorios en el Mediterráneo, no quiso arriesgarse a una represalia que pudiera incluir la liberación masiva de migrantes o incluso amenazas contra ciudadanos italianos en territorio libio.

Además, Roma da gran importancia geoestratégica a Libia, fuente de gas y petróleo para Italia. La situación creada con el general Almasri ha hecho recordar el reciente caso del ingeniero iraní Mohamad Abedini, cuyo arresto en Italia generó la represalia de Teherán, con la detención de la periodista italiana Cecilia Sala, que fue liberada a cambio de la puesta en libertad del ingeniero iraní Abedini.

La oposición italiana ha reaccionado con furia. La líder del Partido Democrático, Elly Schlein, exigió que Meloni comparezca en el Parlamento para dar explicaciones. «Es inaudito que un criminal de guerra sea liberado y trasladado en un vuelo oficial mientras el gobierno se escuda en tecnicismos legales», declaró. Otros partidos, como Italia Viva y +Europa, también han pedido la dimisión del ministro de Justicia, Carlo Nordio, a quien acusan de haber gestionado de manera desastrosa el caso.

En definitiva, detrás del incidente con el general Almasri hay un importante trasfondo político y razones de Estado, derivadas de la compleja relación de Italia con Libia. Desde la firma del Memorándum Italia-Libia en 2017, Italia ha delegado en milicias locales, incluida la liderada por Almasri, la contención de inmigrantes en condiciones que organizaciones como Amnistía Internacional califican de inhumanas. La liberación de Almasri, un actor clave en este sistema, refuerza las acusaciones de complicidad del Gobierno italiano con violaciones sistemáticas de derechos humanos, según denuncian organizaciones internacionales.