El primer ministro de Eslovaquia se deshace de la Fiscalía Anticorrupción
La reforma del Código Penal suaviza las penas por sobornos y malversación de fondos públicos
El primer ministro de Eslovaquia, el izquierdista Fico, denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo a la justicia de su país
El socialista Robert Fico, que ya tuvo que abandonar el Ejecutivo acosado por casos de corrupción, consiguió anoche imponer en el parlamento eslovaco la eliminación de la Fiscalía competente para perseguir esos delitos. Sólo cuatro meses después de ganar las elecciones y formar una coalición con los ultranacionalistas, ha reformado el Código Penal a través del Consejo Nacional Eslovaco en una votación nocturna, ignorando las manifestaciones de protesta en las calles de Bratislava y las advertencias de Bruselas.
A partir del 15 de marzo, la Fiscalía Especial, que supervisa investigaciones penales graves, como las de corrupción, será desmantelada. Sus casos se distribuirán entre otros fiscales que ya están sobrecargados y que carecen de experiencia en la lucha contra la corrupción. La reforma suaviza además las penas por sobornos y malversación de fondos públicos. El soborno de hasta 250.000 euros, por ejemplo, será castigado en adelante solamente con penas condicionales. El periódico liberal 'Dennik N' destaca que, a partir de ahora, un soborno equivalente a una botella de coñac conllevará la misma pena que un soborno de 250.000 euros. Queda debilitada también la protección de los denunciantes y reducido el plazo en el que se pueden procesar los casos a un máximo de cinco años, desde los actuales 20 años.
Los legisladores de la coalición gobernante se impusieron en la votación con una estrecha mayoría de 78 votos, de un total de 150, mientras los legisladores de la oposición, que argumentaban que los cambios detendrán las investigaciones de corrupción sobre funcionarios y partidarios del partido Smer de Fico, pendientes todavía desde su último gobierno, y que crearán un ambiente de impunidad para la corrupción, no contaban con opciones reales para obstruir la reforma. «Lo han aprobado a pesar de todo, a pesar de la gente protestando en las calles, a pesar de varias semanas de obstrucciones, a pesar de las quejas de la UE y de los expertos, a pesar de la amenaza de perder miles de millones de euros como sede de negocios, a pesar incluso de la oposición de sus votantes y de las evidentes estupideces que escribieron en este paquete legal pro-mafia«, ha declarado Michal Simecka, el líder del principal partido de la oposición, la Eslovaquia Progresista.
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La presidenta Zuzana Caputova está dispuesta a presentar el caso ante el Tribunal Constitucional y ha asegurado que se servirá de «todas las opciones legales y constitucionales para evitar que la legislación entre en vigor», convencida de que la reforma «viola irreparablemente los derechos de las víctimas de delitos». Bruselas también ha expresado anteriormente su preocupación y, el pasado mes de diciembre, la Fiscalía Europea anunció que había llegado a la conclusión de que «las enmiendas propuestas... constituyen un grave riesgo de violación del Estado de Derecho». La Comisión Europea tendrá ahora que considerar si castiga al gobierno eslovaco congelando los fondos de la UE, como lo ha hecho con Hungría y Polonia. Fico ya ha dado muestras de estar dispuesto a formar un frente de resistencia a Bruselas con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, que podría obstruir aún más la formulación de políticas europeas.
Los diputados de la coalición gobernante consideran sin embargo que los cambios corrigen lo que consideran «discrepancias existentes» y ponen fin a «investigaciones sesgadas» llevadas a cabo por la Fiscalía Especial, cuyo jefe fue designado por el anterior gobierno de centroderecha. «El gobierno anterior... trastornó los principios del Estado de derecho y violó los derechos humanos», defendió ante el parlamento el diputado de Smer, Tibor Gaspar, ex presidente de la policía, que ha sido objeto de investigaciones todavía en curso. «El asesinato de una persona debe ser castigado más estrictamente que algunas fechorías financieras», ha declarado por su parte el presidente del parlamento, Peter Pellegrini, líder del partido de centroizquierda Hlas, miembro de la coalición de gobierno.
Varios oligarcas se beneficiarán también de la reforma, como Jozef Brhel, vinculado a Smer, que se enfrenta actualmente a 20 años de prisión por cargos de manipulación de licitaciones públicas de TI que quedarán reducidos a 8 en una sentencia condicional. Norbert Bodor, que se enfrenta a 12 años de prisión por presunto blanqueo de dinero en el llamado caso «Dobytkar», los verá reducidos a entre 2 y 8 años, también con la posibilidad de una sentencia condicional. Bodor está también acusado de dirigir una red criminal y abusar de la policía durante una época en la que la policía estaba encabezada por su pariente y actual legislador de Smer, Gaspar. Jaroslav Hascak, ligado a Smer al igual que los anteriores y ex director del grupo financiero checo-eslovaco Penta, será otro de los agraciados con el nuevo Código Penal. Mientras tenía lugar la sesión parlamentaria, miles de eslovacos se manifestaban en Bratislava y en otras quince ciudades eslovacas contra esta reforma exprés, en una protesta organizada por la oposición bajo el lema «¡Parémosles!».
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