El Gobierno británico planea detener a solicitantes de asilo en todo el Reino Unido para deportarlos a Ruanda

Según la información desvelada por el diario, funcionarios de Interior tienen previsto llevar a cabo una operación de dos semanas para detener a refugiados, como los que asisten a reuniones de rutina en las oficinas de servicios de inmigración. Además, se espera que se realicen arrestos sorpresa en todo el país, y los detenidos serán trasladados de inmediato a centros de detención, donde permanecerán hasta que sean subidos a los aviones con destino a Ruanda, que según el gobierno podrían empezar a despegar en unas 10 o 12 semanas.

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Ivannia Salazar

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Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para los Refugiados, expresó su profunda preocupación por las implicaciones de esta operación: «El gobierno está decidido a seguir su plan inhumano» de deportaciones a Ruanda «a pesar del costo, el caos y la miseria humana que desencadenará. Sabemos que es probable que cause un colapso catastrófico del sistema». Esta crítica subraya el temor generalizado de que la operación pueda desencadenar una serie de batallas legales prolongadas, protestas comunitarias y enfrentamientos con la policía, que se suman al gasto exorbitante de unos 700 millones de euros que costará deportar sólo a las primeras 300 personas.

El ministerio del Interior, por su parte, ha justificado esta medida haciendo referencia a la reciente ratificación de la Ley de Seguridad de Ruanda por parte del primer ministro. Según el comunicado oficial, esta ley representa un paso crucial en la implementación de la política gubernamental destinada a abordar la inmigración ilegal y detener las embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha. Sin embargo, la repentina puesta en marcha de esta operación ha generado sorpresa y preocupación, especialmente antes de la celebración de las elecciones locales en Inglaterra el próximo jueves, y en las que los tories se enfrentan a la pérdida de hasta la mitad de los escaños que actualmente ocupan.

La reacción en Escocia ha sido especialmente intensa, con la policía en alerta debido al riesgo de protestas callejeras de los activistas pro-refugiados. Si bien las autoridades escocesas no participarían directamente en las detenciones, se espera que desempeñen un papel crucial en el mantenimiento del orden público y la gestión de posibles disturbios. Este ambiente tenso recuerda eventos anteriores, como las protestas masivas que impidieron deportaciones en Kenmure Street en Glasgow en mayo de 2021 y en Nicolson Square en Edimburgo en junio de 2022, cuando cientos de personas rodearon los vehículos en los que se pretendía detener a solicitantes de asilo.

Aamer Anwar, un destacado abogado de derechos humanos de Glasgow, expresó su preocupación por la posible escalada de tensiones: «La gente está extremadamente enojada y lista para movilizarse». «Sospecho que en los próximos días veremos una explosión del espíritu de Kenmure Street en todo el Reino Unido, oponiéndonos a una política que conducirá a la miseria, autolesiones y muerte» y que «empujará a muchos más a los brazos de los traficantes de personas».

Un portavoz del gobierno escocés aseguró por su parte que «hemos sido absolutamente claros en nuestra oposición al proyecto de ley de Ruanda desde que fue presentado» y manifestó que «el Reino Unido debería estar defendiendo la Convención de Refugiados de 1951 y apoyando a las personas que necesitan protección, no socavando la protección internacional». «El gobierno del Reino Unido debería centrarse en mejorar el sistema de asilo para que las personas sean tratadas de manera justa y con dignidad y respeto durante todo el proceso», advirtió.

Kim Johnson, una diputada laborista que forma parte del comité de asuntos internos, condenó enérgicamente la medida, calificándola de «abuso de poder» por parte del gobierno conservador. Estas críticas se suman a las de otros miembros de la oposición y de organizaciones de derechos humanos, que han denunciado la falta de humanidad y compasión de esta política gubernamental que fue presentada por primera vez por Boris Johnson hace dos años.

Alistair Carmichael, portavoz de asuntos internos de los liberal demócratas, calificó la operación como un «cruel truco político«, destinado a distraer la atención de los problemas reales que enfrenta el país, como la crisis económica o la del sistema sanitario, con el NHS (el servicio nacional de salud) en una situación preocupante. Estas críticas reflejan el escepticismo generalizado hacia la política migratoria del gobierno conservador y su enfoque en la retórica populista en lugar de soluciones efectivas y humanitarias, según revelan las opiniones de los británicos en las consultas al respecto. «Este es un intento rastrero por parte de los conservadores de distraer» a la gente «de su terrible historial a pocos días de las elecciones locales. El plan de Ruanda es inmoral, no funciona y es costoso para los contribuyentes», zanjó.