Europa ya recorta sus gastos sociales para financiar el rearme

Debido a la ruptura de la 'coalición semáforo' y al consiguiente adelanto electoral, el cambio de música pilló a Alemania sin gobierno, lo que no fue óbice para que los grandes partidos llegasen en tiempo récord a un acuerdo para la transición del poder. El ganador de las elecciones, pero no investido aún como jefe de gobierno, el conservador Friedrich Merz, y el canciller en funciones socialdemócrata pactaron una reforma constitucional para flexibilizar el freno a la deuda.

El endeudamiento alemán, en torno al 60% del PIB, es más bajo que el de otros países europeos y ofrece mayor margen de maniobra. La reforma permitirá la creación de un fondo de 500.000 millones de euros para adaptar las infraestructuras alemanas a las nuevas necesidades: desde puentes y carreteras capaces de soportar el traslado de las tropas de la OTAN hacia el flanco oriental hasta la construcción de búnkeres, que hoy acogerían a menos del 10% de la población. Abre además una línea de deuda ilimitada para el rearme y facilita la reconversión de muchas empresas de otros sectores, como el automovilístico, a la producción de armamento.

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Enrique Serbeto | Corresponsal en Bruselas

No ha sido una reforma exenta de dificultades, pero tanto la conservadora CDU como el socialdemócrata SPD han sabido sortearlas juntos. Dado que en el nuevo Parlamento (Bundestag) las fuerzas políticas prorrusas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, cuentan con una mayoría de bloqueo, la votación ha sido convocada antes de que se constituyese el nuevo hemiclo y en tiempo de descuento de la legislatura.

Pero no todo será deuda: la gran coalición, todavía en fase de negociación, está hablando de eliminar uno de cada diez empleos en los ministerios del Gobierno alemán y de una chocante reforma de las pensiones. Así es como Alemania afronta la financiación para hacer frente a la amenaza que certifican sus servicios de inteligencia: un ataque ruso a un país de la OTAN antes de que finalice la década.

En Finlandia, a diferencia de Alemania, el Estado llevaba tiempo preparándose. Con una frontera con Rusia de 1.300 kilómetros, la necesidad de financiación de la defensa era más evidente. Desde la entrada en la OTAN, en abril de 2023, el país nórdico ha debido hacer graves sacrificios. El actual Gobierno, formado por cuatro partidos, ha amasado un amplio consenso para aplicar las difíciles reformas. Es otro cambio de régimen: Finlandia, el icono del Estado de bienestar, lo ha desmontado desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, para adaptar su economía a tiempos de guerra.

Desempleados, estudiantes y beneficiarios de prestaciones básicas reciben ya menos dinero, los inmigrantes tienen que demostrar su integración para recibir ayudas y la mayoría de los finlandeses han de poner de su bolsillo para ir al médico. Después de solo dos meses en el paro, los afectados pierden el 20% de la prestación. Después de ocho meses, los pagos mensuales se reducen en otros cinco puntos porcentuales. Las ayudas de entre 130 y 240 euros mensuales, en función del número de hijos, han sido eliminadas por completo.

Los recortes son particularmente duros para la versión finlandesa del subsidio de vivienda, que reciben los hogares con bajos ingresos y los estudiantes. El subsidio del alquiler se redujo en más de un 12% y los propietarios ya no reciben apoyo financiero. La autoridad de bienestar social KELA se limita a instruir a los afectados para que busquen un nuevo apartamento más barato.

El Gobierno presentará esta primavera una reforma de la renta básica. Se facilita el despido y las empresas pueden ahora desviarse de los salarios colectivos en varios sectores. Se relajan las reglas para los contratos de trabajo de duración determinada. Así es como Helsinki libera recursos para construir barreras físicas en 200 kilómetros de los tramos más vulnerables de su frontera. El refuerzo se hará con vallas y sensores de movimiento y más efectivos de la Guardia fronteriza. Además, incluirá la compra de armamento, como defensas antiaéreas y antitanque, cazas F-35 estadounidenses, drones, municiones de artillería y equipos de visión nocturna, por 10.000 millones de euros. Finlandia está haciendo los deberes y ya dedica el 2,5% de su PIB a defensa.

Suecia, que alcanza un gasto del 2,4% del PIB en defensa y prevé un 3,5% en 2030, recurrirá a la deuda pública entre 2030 y 2035 para financiarse. Sus fuerzas armadas recibirán 30.000 millones de euros adicionales en diez años, «la mayor inversión desde la Guerra Fría», según el primer ministro Ulf Kristersson, con especial atención a la Guardia Costera. «Las roturas de cables en el Báltico demuestran lo importante que es tener presencia en esa zona gris entre la paz y la guerra», justifica la ministra de Energía y Empresa, Ebba Busch.

Solo Noruega se libra del aumento de deuda gracias a su fondo soberano, que el año pasado ganó más de 213.000 millones de euros en los mercados. Desde 2001, Noruega ha seguido cuidadosamente la regla presupuestaria de no gastar más del 3% de su fondo soberano cada año, introducida por el primer gabinete de Jens Stoltenberg con apoyo de todos los partidos. La nueva situación ha disparado su gasto en defensa, el 2,4% del PIB, hasta el 3% en 2030. Stoltenberg, ex secretario general de la OTAN, es ahora el ministro de Finanzas noruego y está dispuesto a convertir 300.000 millones de euros de los 450.000 millones disponibles en bonos de defensa europeos, con la condición de que el dinero se use solo para el rearme.

Pero si hay un país que lleva la delantera es Polonia, que invierte ya el 4,7% de su PIB en el rearme y se sitúa a la cabeza de la OTAN. El proyecto de presupuestos para este año del Gobierno del liberal-conservador y europeísta Donald Tusk, que sucedió a los ultraderechistas del PiS de Mateusz Morawiecki, contempla un aumento de 0,6% del PIB para el gasto en defensa.

La Comisión Europea permite usar los fondos de cohesión «voluntariamente» para defensa y sector militar, siempre que el gasto encaje con los objetivos de dicha política. Varsovia ya ha anunciado que los utilizará para crear un nuevo fondo, dentro de los Next Generation, para invertir en su industria militar.

El fondo denominado Acción de Seguridad Para Europa (SAFE por sus siglas en inglés) cuenta con 150.000 millones de euros para que los países inviertan en defensa a través de préstamos que tendrán que devolver. El objetivo es que los países puedan gastar en defensa hasta un 1,5% más del PIB adicional durante cuatro años y fuera del techo de déficit, sin ser penalizados por Bruselas. La movilización del dinero recaerá sobre los hombres del Banco Europeo de Inversiones con un nuevo marco de gasto.

En cuanto a la región báltica, países que se consideran la próxima víctima de Putin, tenemos a Estonia, con el 5% de su PIB invertido en defensa a partir de 2026. Por su parte, Letonia incrementará su gasto al 4% del PIB el próximo año, con planes de llegar al 5% en años posteriores. Y, finalmente, Lituania, que asigna el 5,25% de su PIB al gasto militar.

Para ello han recurrido a la reasignación de recursos, aumento de impuestos, programas europeos y emisión de bonos de defensa. Estonia ha reducido el presupuesto de infraestructura civil no esencial, como carreteras secundarias, para financiar la modernización de su Ejército. Letonia ha ajustado con crudeza sus programas de bienestar social, recortando por ejemplo los subsidios para vivienda. Lituania ha redirigido parte de su presupuesto educativo, específicamente en investigación científica, hacia el desarrollo de tecnologías militares avanzadas.

El argumento que alegan todos los gobiernos y que está siendo aceptado es que, sin seguridad, los derechos sociales carecen de valor y significado. Por eso mismo se está aceptando sin apenas oposición el regreso o ampliación del servicio militar obligatorio.

Dinamarca acaba de incluir en la mili a las mujeres, a partir del 1 de julio. El Gobierno danés, que sufre las presiones de Trump sobre Groenlandia, aumentó su presupuesto de defensa del 3,04% en 2022 al 4,1% en 2023. Recibe apoyo financiero y logístico para proyectos específicos, como la modernización de su primera brigada pesada, asignada a la Fuerza de Respuesta de la OTAN.

Además, ha comprometido 21.000 millones de dólares adicionales en defensa, en el marco de los presupuestos generales para la próxima década, con el fin de reforzar las defensas antiaéreas y la guerra antisubmarina.