Voces en Ecuador plantean copiar la política de mano dura de Bukele en El Salvador para acabar con la violencia

Los pasados días, Villavicencio había denunciado haber recibido amenazas del grupo criminal de Los Choneros, que trabajan para el cartel mexicano de Sinaloa. Este cartel se enfrenta en Ecuador, en pugna por el control del negocio del narcotráfico, al de Jalisco Nuevo Generación, que cuenta con grupos locales como Los Lobos y Tiguerones. La disputa entre ellos y la acción contra políticos y otras autoridades que rechazan la corrupción han hecho disparar la tasa de homicidios del país, que en 2022 fue de 25,9 por 100.000 habitantes, en la región solo por detrás de Venezuela, Honduras y Colombia (en 2020 solo era de 7,7).

Las encuestas no predecían que Villavicencio, que iba en cuarta o quinta posición, fuera a pasar a la segunda vuelta presidencial. De todos modos, el periodista y sindicalista era una conocida figura por sus denuncias de corrupción realizada desde entidades públicas, como la estatal Petroecuador, y por su señalamiento de autoridades por su implicación en casos como el de Odebrecht. Había sido especialmente crítico con el expresidente Rafael Correa, mientras que había tratado moderadamente al actual mandatario, Guillermo Lasso, exculpándole de los asuntos por los que la oposición quería destituirle y que llevaron al adelanto electoral.

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En un momento en que a lo largo de Latinoamérica aumenta el apoyo popular a medidas drásticas contra la violencia, incluso aunque vayan acompañadas de una reducción de las libertades, Ecuador puede ser el siguiente banco de pruebas. Diversos políticos en la región han loado la política de mano dura de Nayib Bukele en El Salvador, normalmente desde la derecha, pero desde la izquierda el gobierno de Xiomara Castro también las está copiando parcialmente en Honduras. En Ecuador, el candidato de la derecha tradicional del Partido Social Cristiano, Jan Topic, ha comentado su interés en copiar la receta de Bukele. Las encuestas le sitúan en tercer o cuarto lugar, pero el ambiente de violencia que vive el país tal vez pudiera llevarle a la segunda vuelta, frente a la candidata del partido del expresidente Correa, Luisa González.

La vuelta del correísmo al poder no es el escenario más propicio para unas políticas como las de Bukele, pero el deterioro de la seguridad personal de los 18 millones de habitantes (tres veces más de los que tiene El Salvador) puede dar lugar a la demanda de mano dura por amplios sectores sociales.

En otros países latinoamericanos las encuestas muestran una creciente tolerancia hacia la laminación de garantías constitucionales si esto permite la reducción de los niveles de criminalidad, que han ido aumentando incluso en los países considerados más seguros, como Chile o Uruguay. En el caso chileno, coincidiendo con el asesinato de varios carabineros, en mayo pasado la principal preocupación social pasó a la criminalidad, señalada como tal por el 50% de la población, cuando en 2019 solo era la preocupación máxima para el 13% de los chilenos, según Pulso Ciudadano. El 53% de los habitantes del área de Santiago se manifestaban de acuerdo con suspender libertades constitucionales y con la presencia de militares en las calles si con ello se reducían los niveles de violencia.

El deterioro de la apreciación de la democracia como sistema de gobierno ampara una mayor tolerancia hacia medidas autoritarias de los gobiernos, con tal de que con esas políticas se resuelven los problemas que aquejan a las sociedades. En Ecuador las débiles instituciones nacionales difícilmente pueden hacer frente a la gran ola de violencia, generada por el derrame del narcotráfico desde Colombia después de que en este país las rutas se reorganizaran tras la paz con las FARC, lo que dio un mayor espacio para los carteles mexicanos.