Deportaciones a miles con una «velocidad fulminante»: Trump prepara su primer día

De momento, en el Capitolio se tiene la certeza de que Trump tiene la intención de declarar el estado de emergencia nacional para poder utilizar fondos militares y otros recursos destinados a la construcción de centros de detención masivos. Estos centros, gestionados por el Departamento de Seguridad Nacional, servirán como puntos de espera mientras los inmigrantes se enfrentan procesos de deportación. «Estos se llevarán a cabo a una velocidad fulminante, sin que las demandas previstas tengan la posibilidad de interrumpirlos», según afirmó una fuente legislativa con conocimiento del plan.

Para facilitar las detenciones y deportaciones, Trump planea movilizar a las fuerzas armadas en la logística, incluyendo el transporte de detenidos y la expansión de las instalaciones para gestionar un aumento en el número de personas bajo custodia. Se utilizarían instalaciones militares para albergar temporalmente a inmigrantes detenidos, mientras se procesan sus casos de deportación. Y aunque la ley prohibe que las tropas realicen arrestos, Trump busca que asistan en tareas logísticas, construcción de infraestructura, transporte y análisis de inteligencia.

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El equipo de Trump busca además extender y normalizar las llamadas devoluciones expeditas, una práctica que permite deportaciones rápidas de inmigrantes que no puedan probar más de dos años de residencia en EE.UU.

Se calcula que hay en Estados Unidos más de 10 millones de indocumentados, aunque la cifra no es oficial. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE priorizará la deportación de más de 660,000 inmigrantes con antecedentes penales que figuran actualmente en su lista de casos pendientes. Según los datos oficiales, esta cifra incluye a 435,719 personas ya condenadas por diversos delitos y a 226,847 con cargos pendientes, desde infracciones menores hasta delitos graves relacionados con el tráfico de drogas o la violencia.

El plan incluye el uso de bases militares, barracones y carpas para expandir significativamente la capacidad de detención de inmigrantes. El estado de Texas, bajo un gobierno republicano alineado con las políticas de Trump, ya ha ofrecido su cooperación a la Casa Blanca para facilitar estas operaciones. Texas, con la frontera más extensa y transitada con México, se convierte en un punto estratégico clave para aplicar estas medidas, que buscan acelerar las deportaciones y reforzar el control migratorio en la región. Según las autoridades, este esfuerzo contará con el apoyo logístico de la Guardia Nacional y podría incluir el despliegue de recursos adicionales para gestionar el alto volumen de casos que se espera.

La administración Trump anticipa importantes desafíos logísticos, como la limitada capacidad de vuelos para deportaciones y la resistencia de algunos países a aceptar ciudadanos deportados. Esto explica, para las fuentes del Capitolio consultadas por ABC, la cautela con que Trump se ha pronunciado sobre la crisis en Venezuela, que debería aceptar de regreso a muchos de esos exiliados para que el plan de Trump llegue a fruición.

Por su parte, el Capitolio está ultimando la aprobación de una ley que busca endurecer las políticas migratorias al facilitar la detención y deportación de inmigrantes indocumentados acusados de delitos menores, como robos y hurtos. Nombrada en honor a Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años asesinada en Georgia en 2024 por un inmigrante indocumentado de origen venezolano, la ley ha logrado apoyo de los dos partidos.

Tom Homan, designado por Trump como coordinador de la frontera, ha propuesto establecer una línea telefónica para que los ciudadanos estadounidenses puedan denunciar anónimamente a inmigrantes que sospechen han cometido delitos. Según Homan, esta iniciativa permitiría a la población colaborar en la identificación de traficantes de niños y casos de trabajo forzado.

Homan también ha adelantado planes de cooperación con el gobierno de Panamá para bloquear el cruce del Tapón del Darién, una ruta clave utilizada por emigrantes que viajan hacia Estados Unidos. Según Homan, esta medida busca frenar la migración irregular desde su origen y salvar vidas al reducir los riesgos.