Bukele tendrá su propia Constitución hecha a la medida

En El Salvador de hoy, hacer cambios tan trascendentes a leyes tan fundamentales, toma alrededor de 27 minutos, pues eso fue lo que duró en la Asamblea Legislativa la supuesta discusión, debate y aprobación de la reforma al artículo 248 de la actual Constitución que pone en marcha el proyecto de reforma constitucional. Los 54 diputados de Nuevas Ideas más los dos curules del Partido de Concentración Nacional y el único voto del Partido Demócrata Cristiano —dos agrupaciones satélites del oficialismo— aprobaron haciendo caso omiso a los alegatos de la ínfima oposición, reducida a dos votos del derechista ARENA y un voto del partido VAMOS.

La clave del proyecto de reforma constitucional está en el nuevo Artículo 248, que reza así: «(…) la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada en la Asamblea Legislativa con dos tercios o por la misma Asamblea Legislativa, con las tres cuartas partes de los diputados electos (…)». Esto significa que la Constitución ahora podrá cambiar de manera expedita, sin contrapesos, y con efecto inmediato en quienes ostenten el poder en ese momento. Cosa que antes, era impensable.

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Previo a la era Bukele, el artículo 248 establecía que para que un cambio en la Constitución entrara en vigor se necesitaba que una legislatura aprobara la reforma y luego —con una elección popular de por medio— una segunda legislatura ratificara los cambios. Ahora, la nueva reforma habilita a que una sola legislatura apruebe y ratifique los cambios con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos. Es decir, la nueva Asamblea Legislativa, controlada en un 95% por Bukele, podrá modificar la Constitución con mayoría simple (31 votos, a penas) de un día para otro y ratificarla, al mismo tiempo, con apenas tres cuartas partes del Congreso (es decir, 45 votos). De acuerdo con fuentes de oposición cercanas a la Asamblea, una de las razones detrás de este cambio es permitir la reelección indefinida de Bukele, el control político de su familia y el reinado del partido hegemónico de Nuevas Ideas.

Ahora que, oficialmente, los nuevos diputados han ratificado la reforma al artículo 248, cualquier cambio a la Constitución podrá aprobarse de inmediato y sin la necesidad, como había sido hasta ahora, de esperar a que una nueva legislatura entre en funciones y lo ratifique. Los cambios constitucionales ya estarán en vigencia para cuando sean las nuevas elecciones de 2029.

Para la ínfima oposición, este es un paso seguro a la concentración de poder en un solo hombre y un solo partido; Nayib Bukele y Nuevas Ideas. Y, analizando el contexto, los ejemplos en la región les dan la razón.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en su discurso de posesión el pasado 10 de enero, que trabajaría en reformas a la Constitución tras los momentos tensos que se vivieron después de las elecciones que, de acuerdo con la comunidad internacional, ganó el candidato opositor Edmundo González Urrutia, y que le ganó el descontento continental de la mayoría de los gobiernos, con excepción de la dictadura cubana y nicaragüense y del gobierno socialista de Honduras.

Por otra parte, en Nicaragua ya ha entrado en vigencia la nueva Constitución, promulgada por la pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo; una nueva Carta Magna que les da todo el poder a la pareja presidencial y que, de hecho, elimina la figura de «vicepresidente» y la restituye como «copresidente» de la Nación, para igualar en poder y atribuciones a la primera dama Murillo.

Paradójicamente, el de Bukele, aunque sea un gobierno de ideología distinta, con reconocimiento internacional, masiva popularidad e importantes triunfos en materia de seguridad y estabilidad que definitivamente no tienen las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, se les parece mucho en su forma de gobernar, con la ligera diferencia de que Bukele es «el dictador más cool del mundo» (como él mismo se describía en sus redes sociales) y Ortega y Maduro son, nada más, autócratas de la vieja escuela.

Además, los legisladores reformaron el artículo 1 y 7 de la referida ley, vigente desde septiembre de 2021, para establecer que el intercambio con este criptoactivo únicamente será entre ciudadanos y empresas privadas.

La nueva redacción del artículo 1 dicta que las transacciones con bitcóin deberán ser «con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente». Antes de estos cambios se incluían a las instituciones públicas.

La enmienda sustituye el artículo 7 que originalmente establecía que «todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido», para indicar que las empresas podrán aceptar o no la criptomoneda.