Arranca el trámite parlamentario de la Ley de acoso político en Alemania

«Como parte de las protestas de los agricultores, por ejemplo, en meses pasados se tiró un montón de estiércol frente a la casa de un alcalde. Y delante de la casa de algún responsable de Sanidad han tenido lugar marchas con antorchas. Algo así afecta no solo a los propios políticos, sino también a sus familias», explica hasta dónde puede considerarse un comportamiento susceptible del nuevo delito.

Meier añade que la creación del delito sería un brindis al sol si no se dota a la administración de justicia de las herramientas necesarias para perseguirlo y reconoce que «serán necesarios más puestos de trabajo para las fiscalías y los tribunales». «Ninguna nueva regulación, ni sanciones más duras, ni ninguna promesa de protección nos servirá de nada si no tenemos a las personas para implementar todo esto de manera consistente», insiste, sin precisar de dónde saldría la financiación presupuestaria.

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Según el Ministerio de Interior alemán, el número de delitos contra funcionarios electos aumentó un 53% entre 2022 y 2023. En 2023 se denunciaron un total de 2.790 ataques a las autoridades alemanas, según una respuesta del gobierno federal a una pregunta del partido Alternativa para Alemania (AfD) en el Bundestag. Más de 1.200 de ellos afectaron a miembros del partido Los Verdes, casi 500 a miembros de AfD y 420 a políticos del SPD. No todos estos delitos incluyen ataques físicos, pero últimamente aumentan las palizas e insultos.

Como consecuencia de este nivel de violencia, a los partidos políticos les resulta difícil encontrar y presentar candidatos, especialmente en las poblaciones más pequeñas, y Meier se niega a aceptar la situación como una triste normalidad. Los ministros nacionales y regionales cuentan con protección personal profesional, pero los políticos locales generalmente no la tienen y son los más expuestos. En Sajonia, la coalición de gobierno formada por conservadores, socialdemócratas y verdes, ya planeó proteger mejor a los políticos en su acuerdo de coalición de 2019.

«Por eso, entre otras cosas, creamos una oficina central para las víctimas de la violencia de extrema derecha», explica Meier. La fiscalía de Sajonia también ha estipulado que no se deben suspender los procedimientos en caso de ataques a funcionarios locales, periodistas y voluntarios. Y ha sido creada una guía con ofertas de ayuda para los afectados. A pesar de todo ellos, «sigo escuchando a nivel local que los políticos locales se sienten intimidados y estas experiencias a menudo no se ajustan a las secciones del código penal», explica, «por eso quiero cerrar esta brecha y criminalizar el acoso político».