Perú sigue los pasos de Bolivia y multiplica la producción de coca

La iniciativa ha sido defendida por el propuesto nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela, y sigue los consejos directos ofrecidos por el expresidente boliviano Evo Morales, quien promovió una política semejante cuando alcanzó el poder. Con ello, Perú Libre busca apoyarse en el sector cocalero, también financieramente, como ha venido haciendo el MAS, el partido gobernante en Bolivia.

Segundo país en origen de la cocaína consumida en el mundo , por detrás de Colombia y por delante de Bolivia, Perú dobló en 2020 la producción de hoja de coca que venía sosteniendo a lo largo de la última década. Si durante varios años se movió en torno a las 50.000 hectáreas de cultivo, que permitían la elaboración potencial de alrededor de 400 toneladas de cocaína, en 2019 saltó a las 72.000 hectáreas y 649 toneladas, y en 2020 se alcanzaron 88.200 hectáreas y 810 toneladas, según las estimaciones de Estados Unidos (cifras que Perú cuestiona parcialmente).

El notable incremento –del 100% en el caso de la potencial cocaína resultante, comparado con los recientes años– tiene que ver con el cese del programa oficial para la erradicación forzada de plantas de coca, cuya suspensión se debió a la emergencia de la pandemia de coronavirus. Los confinamientos y la concentración del gasto presupuestario en los paquetes de rescate económico dirigidos a particulares y empresas paralizaron buena parte de la actividad la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), que es el organismo encargado de diseñar y conducir la estrategia nacional de lucha contra los estupefacientes. Ahora que Devida debiera reemprender esa actividad a gran escala, Perú Libre quiere impedirlo y además plantea una reforma de la propia comisión, a la que presiona impulsando una auditoría «interna y externa». Una carrera policial llena de sanciones

Está por ver si la propuesta acaba aprobada como ley, dadas las disputas internas entre el presidente Castillo y la dirección su partido, así como la falta de mayoría de este en el Congreso; no obstante, sí puede advertirse un intento de Perú Libre de copiar el modelo cocalero seguido por el MAS en Bolivia, como modo de ganar base social entre los sectores rurales dedicados a ese cultivo y asentar su financiación.

Las reticencias de Castillo hacia el sector más radical de su partido, ligado en ocasiones a la justificación del terrorismo de Sendero Luminoso y a la actividad ilegal de la región conocida como el Vraem (donde opera el prácticamente extinto grupo guerrillero), llevó la semana pasada a la destitución del primer ministro Guido Bellido , hombre de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre (Castillo fue captado como candidato presidencial porque Cerrón no podía presentarse a las elecciones por cuestiones penales).

Aunque Castillo operó el cambio poniendo alguien de perfil más moderado al frente del Gabinete – la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez– , ha debido consensuar con Cerrón otros nombres, como la incorporación de Luis Barranzuela al frente del Ministerio de Interior . El nuevo Ejecutivo está pendiente de ratificación por parte del Congreso.

Barranzuela, con un historial no muy limpio en su paso por la Policía (en ese cuerpo acumuló 158 amonestaciones, que dieron lugar a 837 días de sanciones), ha sido abogado de Cerrón y Bellido y asesor en cuestiones cocaleras del diputado Guillermo Bermejo , uno de los miembros de la bancada de Perú Libre más cuestionados por la oposición. Bermejo es quien lidera la propuesta relativa a los cultivos de coca.

Barranzuela acompañó a Bermejo a un encuentro en Cuzco con cocaleros días previos a su designación para el Gabinete. En ese acto, Bermejo animó a los productores a seguir con sus cultivos, sin prestarse a los programas de erradicación oficiales. También quiso convencerles de la prosperidad familiar que pueden alcanzar con una mayor «industrialización» del sector, convirtiendo la hoja de coca en diversos productos, como mates, caramelos o galletas.

Ese consumo legal, vinculado a las tradiciones de la población andina, estaría cubriéndose con unas 9.000 hectáreas, según los gremios cocaleros, pero las cifras con cuadran. Esa extensión supone una producción anual de unas 11.000 toneladas de hoja de coca , una cantidad muy superior al consumo tradicional (que básicamente es mascar la hoja). Este viene asegurado por la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), que es el único comprador permitido de la producción legal y su comercialización. También en Bolivia existe esa distorsión, que Morales agrandó 2016 con una ley para elevar la producción legal de 12.000 a 20.000 hectáreas, una ampliación que hizo aumentar el narcotráfico.

Los expertos advierten que el argumento en favor de «industrializar» el sector cocalero es falso pues, a pesar de los esfuerzos en diversificar productos no nocivos derivados de la hoja de coca, siempre será más rentable desviar al narcotráfico el excedente que sobra del uso tradicional . Además, los productos derivados de la hoja de coca apenas han tenido aceptación en el mercado ni entre los propios campesinos.