Odio a la Iglesia y 'revolución roja': la verdad tras la fundación del PSOE que oculta Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno obvió, a cambio, el lado más oscuro de su partido mientras Pablo Iglesias fue el cabeza de lista. Porque, como todos, lo tuvo. Y en él se contaba un odio acérrimo hacia la Iglesia –llegó a solicitar la supresión del presupuesto del clero y la confiscación de todos sus bienes– o, entre otras tantas cosas, la entrada de varios de sus futuros líderes en la cárcel después de la huelga general de 1917.

El PSOE fue alumbrado el 2 de mayo de 1879 en una reunión clandestina celebrada en Casa Labra. Un establecimiento que el miembro de la Real Academia de la Historia Carlos Seco Serrano definió en ABC durante 1979 –en el centenario de la organización– como «la típica tasca de bebidas con un pequeño comedor interior». Por entonces existía una placa de bronce que recordaba el evento: «El dos de mayo de 1879, en esta casa, careciendo los trabajadores de libertad para reunirse y asociarse, se fundó el Partido Socialista Obrero Español». El experto no dejó pasar una curiosidad: «¡Todo el PSOE cabía entonces en una modesta taberna de la calle Tetuán!».

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A la reunión fundacional acudieron dos decenas de intelectuales y trabajadores. Todos ellos, arropados bajo el paraguas de Pablo Iglesias, que poca presentación necesita. Sus oficios eran, cuanto menos, variopintos: médicos, marmolistas, joyeros, tipógrafos... Hasta un zapatero. Aunque no fue hasta el 20 de julio cuando recogieron en un acta fundacional los principios a los que se atendrían. Sus máximas eran «la posesión del poder político por la clase trabajadora», «la transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común», la «emancipación de la clase trabajadora» y la «abolición de todas las clases sociales».

La turbia relación del PSOE con el catolicismo la ha analizado de forma extensa el historiador Víctor Manuel Arbeloa en su dossier 'Pablo Iglesias y la Iglesia'. El experto sostiene que, ya desde la fundación del partido, sus líderes soñaban con dar una expresión laica a toda la sociedad. Sus primeros programas abogaron por la enseñanza seglar, «la supresión del presupuesto del clero» y la «confiscación de todos sus bienes». Y no fue lo único. En el congreso de 1894, poco después del nacimiento del grupo, el veterano socialista Comaposada alumbró una enmienda para que no pudieran pertenecer a la organización «aquellos que hagan manifestación ostensible de ideas religiosas».

Pablo Iglesias consideró siempre el tema como un puntal clave del partido. Y otros tantos miembros le siguieron. En 1899, por poner solo un ejemplo, la agrupación de Alicante presentó una moción en la que exigía que fueran expulsados del grupo «los individuos que apoyen la religión Católica o cualquiera otra que no se base en los principios de la libertad, la moral y el laicismo». Esta idea quedó patente en un editorial publicado por el diario 'El socialista', altavoz de la organización: «Se seguirá arrojando del seno a quiénes formen en ridículas peregrinaciones, a quiénes en círculos obreros sean comparsas de apetitos reprobables, a cuántos, en suma, so pretexto de religión, sean auxiliares de un clericalismo sin entrañas, embrutecedor e hipócrita».

Iglesias también cargó de forma frontal contra la obra social fomentada por los partidos católicos y la misma Iglesia. En el manifiesto de los delegados, redactado por el fundador del PSOE para el IV Congreso socialista, quedaba cristalino que estaban en contra de la fundación de centros católicos: «La Iglesia, viendo en la próxima revolución proletaria el término de su poder, la muerte del oscurantismo que representa, trata de contrarrestar la propaganda y organización socialistas, llevando a su campo, por medio de promesas, dádivas mezquinas y miserables engaños al mayor número de obreros». Con el paso de los años aumentó su aversión no solo hacia «el fraile y el jesuita», sino también contra «el cura y el obispo».

También olvida Sánchez la participación del grupo en la Huelga General de 1917; un movimiento enmarcado dentro de la revolución que se vivió en España ese mismo año y que incluyó tres desafíos simultáneos para la monarquía: el hastío de las Juntas de Defensa (asociaciones de militares descontentas); el movimiento independentista impulsado por la Lliga Regionalista desde Cataluña y la mencionada huelga.

El historiador Roberto Villa García es uno de los más críticos con la huelga en particular y la revolución en general. Según afirma en '1917: El Estado catalán y el soviet español' (Espasa, 2021), los diferentes agentes que protagonizaron aquella revuelta se enfrentaron a un régimen «casi democrático» que, aunque se basaba en el turnismo político, impedía que los acólitos de Vladimir Lenin se hiciesen con el poder en el país. «Hacia 1917, el sufragio universal funcionaba cada vez mejor y las elecciones fueron progresivamente más disputadas y limpias, comparadas con las del siglo XIX. Cabían pocas dudas de que, de mantenerse la arquitectura del régimen político, esa evolución electoral anticipaba la democracia liberal», desvela el profesor en su obra.

Lo peor es que la huelga y la lucha contra el régimen, en la que se enorgulleció de participar el socialismo junto a los sindicatos, llevó a un 'agosto rojo' en el que se reivindicó la revolución rusa y que derivó en una verdadera locura. La movilización de los trabajadores se propagó por el País Vasco, Asturias, Madrid y Cataluña. El resultado fue la salida del ejército a la calle y la muerte de más de setenta personas. A la postre, entre los dos millares de detenidos se hallaron Julián Besterio y Andrés Saborit, vicepresidente y vicesecretario del PSOE. Ambos fueron condenados.

En palabras de Villa, aquella locura condenó al sistema de la Restauración y le impidió evolucionar hasta madurar. En sus palabras, los sucesos de 1917 «tuvieron la fuerza extraordinaria de abrir las compuertas a la tragedia de los veinte años posteriores». El proceso dinamitó los fundamentos políticos forjados desde 1875, cerró de golpe la puerta hacia una necesaria democracia liberal, llevó a una crisis «que impidió un reequilibrio democrático», ofreció la coyuntura ideal para que triunfara la primera dictadura de 1923, e «inauguró un ciclo autoritario del que España ya no se apartaría hasta la muerte de Franco».