Acusan al Gobierno de Iglesias de «trato de favor» en un caso de tuberculosis bovina
ROBERTO PÉREZ
ZARAGOZA. El PP ha exigido el cese inmediato del director general de Alimentación del Gobierno aragonés, Ramón Iglesias, quien ayer tuvo que comparecer ante la Comisión de Agricultura de las Cortes regionales para explicar la gestión seguida por su departamento para el control de enfermedades ganaderas y, en particular, lo ocurrido con la tuberculosis bovina en 2007. Iglesias, que quiso aclarar en sede parlamentaria que no es familia del presidente aragonés Marcelino Iglesias, negó la batería de acusaciones que le lanzó el portavoz de Agricultura del PP en la Cámara autonómica, Joaquín Salvo.
Las denuncias no son nuevas. Hace meses que las lanzó Salvo, las reiteró conforme ha pasado el tiempo y las volvió a exponer ayer, tras lograr sentar a Ramón Iglesias ante las Cortes de Aragón. Asegura que hubo «trato de favor» con los dueños de dos de las cuatro explotaciones ganaderas en las que se produjo el foco de tuberculosis, hermanos de este alto cargo del Gobierno de Iglesias; que se produjeron graves irregularidades en los protocolos de seguridad sanitaria que se deben aplicar de inmediato ante una enfermedad altamente contagiosa como es la tuberculosis, con riesgo también de pasar a los humanos; que no cuadran algunos de los registros reflejados en los documentos oficiales por este caso y que se ocultó lo que ocurría, al no declarar el foco a través de los boletines oficiales.
El diputado del PP aseguró que se ha producido un «flagrante caso de abuso de autoridad», en el que no sólo se ha incurrido en responsabilidades políticas sino que podría haber consecuencias legales.
Irregularidades
El caso se remonta a los primeros meses de 2007. Un total de 65 animales de varias explotaciones de vacuno de las localidades de Montanuy y Bisaurri resultaron contagiadas por tuberculosis. Es la zona de la Ribagorza, en el entorno de Bonansa, pueblo natal del presidente Marcelino Iglesias. Joaquín Salvo insiste en que no se inmovilizaron adecuadamente, en tiempo y forma, dichas explotaciones. Asegura que hay irregularidades en las actas de sacrificio de los animales afectados y que las irregularidades pusieron en tela de juicio la seguridad sanitaria.
El acusado admite «errores»
Ramón Iglesias negó algunas de las acusaciones, y las que no negó las calificó como errores administrativos. como tales consideró algunas de las anomalías en la documentación que denunció el PP. Respecto a la acusación de trato de favor, se defendió afirmando que cuando se produjo este caso no era director general de Alimentación, así que no tenía competencias en este asunto, aunque por entonces sí era también alto cargo del Gobierno aragonés PSOE-PAR, también dentro de la Consejería de Agricultura y Ganadería que encabeza el socialista Gonzalo Arguilé. En aquellos meses de 2007, Ramón Iglesias era director general de Producción Agraria. Poco después, en julio, pasó a ser director general de Alimentación.
Ayudas públicas para la familia
El PP sustenta su acusación de trato de favor en el hecho de que los hermanos de Ramón Iglesias han sido los primeros en cobrar ayudas públicas por transporte de reses que deben sacrificarse por tuberculosis. Antes no se pagaban. Desde marzo, sí. Salvo asegura que los hermanos de Iglesias y otros dos ganaderos afectados por el mismo foco cobraron las ayudas y nadie más. El director general reconoce que las ayudas se aplican desde aquel foco, pero asegura que se han seguido pagando desde entonces a otros afectados.
Al PP no le convencen las explicaciones, CHA mostró sus dudas con diversos criterios de gestión que se aplican en el control de enfermedades animales, pero PSOE y PAR cerraron filas entusiastas para defender a Ramón Iglesias. El PP sostiene sus acusaciones y dice que si no cesa este director general y se asumen responsabilidades políticas, estudiarán pedir una comisión parlamentaria de investigación.
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