La UCO alertó a Repsol del peligro de denunciar a la trama de Rivas y Aldama

Víctor de Aldama era el experto en crear sociedades y circular capitales y bienes entre ellas, contando con un grupo de personas de confianza y contactos en las administraciones. Claudio Rivas, por su parte, el que aportaba «experiencia en operativas asociadas a la delincuencia económica y, especialmente, en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos». Está imputado ya en otra macrocausa sobre este mismo asunto.

Juntos, en «simbiosis», habrían puesto en pie una mecánica para obtener ingentes beneficios a costa del erario público. «Facturación a lo loco», se escucha en una de las conversaciones pinchadas. En otra, la referencia lo es a una amenaza de muerte sobre una persona que habría denunciado sus actividades. Y la UCO se lo tomó en serio.

«No solamente se reúnen los requisitos mínimos para la consideración de organización criminal como tal, sino que además permiten calificarla como organización de alto nivel», dice la UCO, para alertar de que el entramado de Villafuel cuenta con «un grado de peligrosidad potencialmente elevado».

En este sentido, la investigación revela que Repsol y Disa denunciaron ante Competencia a un grupo de operadoras por vender a pérdidas y Rivas y su entorno se dieron por aludidos. Hay una conversación reveladora. Su mujer le llamó y le dio el nombre del denunciante, para añadir: «Le están buscando para matarlo».

La UCO lo vio «plausible», así que advirtió a ambas compañías, como también a Cepsa (por su influencia en el sector) para que adoptasen «las medidas de protección y seguridad que consideraran oportunas». Rivas lo que hizo fue convocar a «todo su equipo» en una finca y luego marcharse para «tirarse» en su barco «tres, cuatro o cinco días».

La mecánica, en realidad, es sencilla y análoga a otras causas de este tipo. Una empresa consigue la licencia para operar con hidrocarburos que expide el Ministerio de Transición Ecológica. En el caso de Villafuel y según la investigación de la UCO, sin cumplir los requisitos legales de solvencia.

Entre esa operadora y las gasolineras se extiende una batería de empresas que se dedican a la intermediación y que dejan de pagar el IVA al que están obligadas por medio de distintas argucias, hasta que se ven contra las cuerdas y suspenden pagos dejando sin zanjar esa deuda con el fisco. Luego, son reemplazadas por otras empresas y la rueda vuelve a girar.

Lo que hacen es utilizar como margen comercial el 21% que dejan de tributar para poder tirar los precios, desorbitando las ventas y así, el negocio, poniendo en jaque el libre mercado. Parte de las compradoras de ese fuel barato estarán también en la trama, de manera que los beneficios siempre serán para las mismas personas, las que están detrás de la operadora con licencia.

Con Villafuel, sólo en dos años de operaciones se habrían dejado de pagar al Estado más de 182,5 millones de euros y todo ese dinero 'de más', hay que moverlo: Se investiga un blanqueo de capitales que pasa por 73,9 millones de euros ocultos en cuentas de Portugal, Colombia y China. También hay indicios de la existencia de canales de blanqueo en los que «posicionarían» parte de los fondos en Macao, Dubai, Colombia, República Dominicana, Luxemburgo y Suiza, según los informes.

«Villafuel no es que se aproveche del fraude que terceros ajenos a la misma llevan a cabo a través de las suministradoras» sino que se trata de todo un «conglomerado societario conformado por esta operadora y las suministradoras», dice uno de los atestados. Está «creado, dirigido, implementado, controlado y administrado» por Claudio Rivas, Víctor de Aldama y la hermana del primero, María Luisa, con la cooperación del contable Javier Cillán, considerado una persona de «gran confianza» de los Rivas.

La UCO añade en esa cúpula al administrador único de la operadora, Pedro Antonio Marín, que era el que figuraba y tiene en su hoja policial una detención por el mismo tipo de delitos. Junto a él, otro individuo clasificado como «testaferro cualificado», el administrador de la suministradora Salamanca Fuel Center, Félix Aparicio, con antecedentes policiales por estafa y amenaza con arma de fuego.

Sitúan de este modo a Claudio Rivas y Aldama en la cúspide de la pirámide y justo en el siguiente peldaño, a María Luisa Rivas. La dificultad estriba en que ninguno figura en ningún sitio. Sobre el papel, son otras personas quienes administran Villafuel, buena parte de las suministradoras y también de las comercializadoras finales.

La cúpula de la trama

Claudio Rivas

Controla de manera indirecta Villafuel. La UCO le sitúa, junto a Aldama, en la «cúspide» del presunto grupo criminal

Víctor de Aldama

Se le considera el ideólogo de la estructura empresarial y la operativa societaria para acometer el fraude, que codirige con Rivas

Bajo ese nivel de mando aparecen los mencionados y otra decena de nombres, incluyendo los de Carmen Pano -célebre por declarar que entregó bolsas con dinero en la sede del PSOE- y su hija Leonor, que regentaban una de esas sociedades que intervienen en una cadena donde la mercancía sólo se transmite «ficticiamente»: Casmar Hidrocarburos, Canary Islands Fuel Company, Obaoil 3000, Carburantes Jalón-Plaza, Espaeventos y SkywardTech están también en el foco. Cada una contaba con un administrador que la UCO tacha de «testaferro».

Los perfiles de la trama

María Luisa Rivas

Hermana de Claudio. Sobre el papel, dueña de la matriz de Villafuel. La «subdirectora» de la trama, por debajo de los dos cabecillas, dice la UCO

Luis Alberto Escolano

Persona de la «máxima confianza» de Aldama y su «mano derecha» en la creación de la estructura instrumental

Carmen Pano

Ejerce el control directo de Have Got Time, pese a estar a nombre de su hija. Tiene antecedentes policiales desde 1995 por estafa y falsedad.

Fueron precisamente madre e hija las que presentaron a Aldama y a Rivas. Carmen Pano controla una docena de sociedades, tiene antecedentes policiales por estafa, receptación y contra la salud pública y la Guardia Civil la sitúa como «miembro de relevancia» de la presunta organización. Detenidas ambas en diciembre, el juez Santiago Pedraz las ha citado el 19 de marzo. Se las relaciona con un fraude de 49 millones

Otra característica que cumple la trama y ya se había detectado en causas anteriores -habrá un macrojuicio en la Audiencia Nacional este año- es la «resiliencia». «Tienen capacidad y recursos suficientes para disponer de empresas con las que ir sustituyendo a las empleadas en las estructuras societarias diseñadas para cometer el fraude», dice la UCO, que lo achaca a «motivos estratégicos con los que dificultar la labor de control de Hacienda, o para ir sustituyendo a las que se fueran 'quemando'».

Los investigadores creen que Rivas estaba intentando ya conseguir licencia para otra operadora. «Tenemos un pelotazo», le dijo a un contacto empleado de banca, en una conversación en la que se jactaba de sus beneficios: «Con tres meses que venda…» Es el mismo empleado que, más adelante, le sugeriría otra oportunidad: «Están los de Gazprom buscando temas».

En la Audiencia Nacional, donde ya todos los juzgados han bregado en causas relativas a fraudes de este tipo, son frecuentes las voces que cuestionan cómo es posible que la Agencia Tributaria sea implacable con cualquier factura de un particular y haya gente dedicándose a la defraudación masiva haciendo negocio con un bien tan regulado como el fuel.

Faltan, dicen fuentes jurídicas sondeadas por ABC, mecanismos de control y detección, así como celeridad en la reacción, pese a los avances de los últimos años con la implantación de medidas como la suspensión cautelar de las licencias o el endurecimiento progresivo de los requisitos para obtenerlas, que desplomó la cifra de operadoras en 2017 respecto de 2016 A Villafuel esto le supuso tardar un año más de lo previsto en conseguir luz verde, pero tanto dio: habría sorteado a Transición Ecológica sin cumplir esos requisitos.

Persisten así, las grietas, de acuerdo a los consultados, porque de otro modo «no se explica» que a lo largo de una decena de macrocausas sobre este tipo de actividad se repita un puñado de nombres, que es lo que ocurre con este último gran escándalo, más mediático que los precedentes porque tiene entre sus protagonistas a Aldama, pero en cuyo elenco figuran viejos conocidos ya de la justicia por los mismos hechos delictivos.