Telefónica tiene un papel clave en dos causas que cercan a Moncloa

El cambio de teléfono de García Ortiz —una semana después de que el Alto Tribunal le imputara y una antes del registro en la sede de la Fiscalía General del Estado, el pasado octubre— está obligando al magistrado a reconstruir los momentos clave de la semana en la que se produjo la filtración del correo confidencial del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, una investigación que el juez ha delimitado entre el 8 y 14 de marzo del año pasado. Y para ello es fundamental la colaboración de las empresas de telefonía. Telefónica y Vodafone juegan en este sentido un papel esencial en aras del auxilio judicial, en el que cuenta no sólo la efectividad de la respuesta, que se da por hecho que se producirá, sino también los tiempos de la misma.

En este contexto, el pasado día 7 el juez Hurtado libró un oficio a las operadoras Telefónica Movistar y Vodafone —la UCO informó al juez de que el fiscal general tenía una línea en cada una de estas compañías— para que le remitieran «en formato digital (PDF, Excel y TXT) los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten». También solicitó a ambas operadoras los «paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del emisor y el receptor». Este tráfico de llamadas cobra mayor relevancia aún después de que en el auto de citación del fiscal general para declarar como imputado el próximo día 29 el juez haya asumido de forma indiciaria que la filtración del correo de Ayuso se produjo desde Fiscalía General y con destino a algunos medios de comunicación y a «Presidencia del Gobierno»

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Nati Villanueva

De momento no se ha encontrado ninguna comunicación entre García Ortiz y La Moncloa, pues —como desveló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil— el fiscal general cambió de dispositivo, por lo que tanto ese tráfico de llamadas que ha solicitado el juez como las comisiones rogatorias acordadas este lunes para recuperar mensajes de WhatsApp y correos electrónicos del imputado resultan fundamentales para seguir avanzando en esta causa. Lo que sí se sabe es que la entonces número dos del ahora ministro Óscar López cuando era jefe de Gabinete de Presidencia, Pilar Sánchez Acera, tenía ese correo en su poder y que intentó que el entonces líder de los socialista madrileños, Juan Lobato, lo exhibiera en el parlamento regional el pasado 14 de marzo, como destapó ABC.

Menos determinante, pero también con relevancia, es el papel de Telefónica en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, en un juzgado de Madrid. El instructor Juan Carlos Peinado ha citado mañana como testigo a la compañía como persona jurídica. La razón, los trabajos que realizó de forma altruista para la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía Begoña Gómez y, en concreto, para el 'software' que quería poner en pie para que las pymes pudieran medir su impacto social. Tendrá que explicar el origen de esa colaboración, el motivo de su salida del proyecto, que acabó licitándose a Deloitte, y qué coste le supuso su participación. Indra y Google, que estaban en el mismo proyecto en condiciones análogas y que también han sido citadas a testificar este miércoles, ya contestaron por escrito: la primera aportó 128.000 euros y la segunda, 110.000.