El primo de Martínez-Almeida afirma que «en absoluto» reparó en quién era Luis Medina cuando le pidieron un correo del Ayuntamiento para él

En marzo de 2020, en plena pandemia, María Díaz de la Cebosa, que fue profesora de Luis Medina en la universidad privada College for the International Studies (CIS), se puso en contacto con Carlos Martínez-Almeida y le dijo que un antiguo alumno suyo, Luis Medina, tenía posibilidades de traer material sanitario a Madrid y quería ofrecerlo al Ayuntamiento, puesto que él le había llamado previamente, según explicó también ella durante su declaración como testigo. 

Él, según contestó este martes a preguntas de la abogada de la acusación popular ejercida por Más Madrid, Nuria Zapico, «en absoluto» reparó en quién era Luis Medina -el empresario es hijo del fallecido duque de Feria, Rafael Medina, y de la modelo Naty Abascal- cuando De la Cebosa le pidió para él la manera de contactar con el consistorio.

El testigo ha afirmado que su intervención consistió en darle permiso para que diera a Medina su teléfono y llamar a Matilde García Duarte, coordinadora general del Ayuntamiento, para trasladarle lo que le había dicho De la Cebosa, «si había algún canal por el que esta persona pudiera ponerse en contacto y me facilitó el correo cgalcaldia@madrid.es».

Carlos Martínez-Almeida ha recordado que habló en dos ocasiones por teléfono con Luis Medina. La primera, en la que le explicó que tenía la oportunidad de ofrecer material, y la segunda, en la que le dijo que no le contestaban del correo del Ayuntamiento. Después, no supo más del asunto.

Ni la empresa municipal funeraria, desde la que se realizó el contrato de compra de mascarillas, guantes y test rápidos a Medina y Luceño -quienes se enfrentan a una petición de 15 y 9 años de prisión de la Fiscalía Anticorrupción, respectivamente, por llevarse un presunto beneficio del 150% del contrato que el Ayuntamiento desconocería- ni la Abogacía del Estado hicieron preguntas al testigo. Tampoco los abogados defensores de los acusados.

La abogada de Más Madrid afirmó que el testigo incurría en una «contradicción» respecto a su declaración en instrucción, puesto que en ésta afirmó que había entendido que el ofrecimiento de Medina era «altruista» y, en esta ocasión, durante el juicio en la Audiencia Provincial, que fue una llamada «corta» y no pudo entender si se trataba de un ofrecimiento para entender si «quería donar o vender». «No llegamos a hablar de altuismo ni de ningún socio».

La presidenta del Tribunal, que ya descartó en la sesión de cuestiones previas que el alcalde de Madrid, José Luis-Martínez Almeida, declare en la causa como testigo, cortó a la letrada, indicándole que «ya se abordará si hay contradicción o no» y que «en el juzgado de instrucción se investigaban muchos hechos. Aquí enjuiciamos los que han quedado».

Carlos Martínez-Almeida insistió en que, «yo no transmito en ningún momento a nadie, porque nadie me lo ha dicho previamente, si esto era altruista o no. En todo caso, no habría servido de nada porque quien conoce a Matilde García Duarte sabe que es una persona rigurosa, cumplidora de la ley, una funcionaria cualificada y seguiría los trámites que considerase. Nada de lo que yo pude decir, que no lo dije, afectaría a los trámites».

Como resultado de las gestiones de Luceño y Medina, a finales de marzo de 2020 la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid firmó tres contratos con la compañía malaya Leno Sdn Bhd como vendedora para adquirir un millón de mascarillas por 6,7 millones de dólares; 2,5 pares de guantes de nitrilo por 5 millones de dólares y 250.000 test rápidos de Covid por 4,2 millones de dólares.

Anticorrupción acusa a Luceño de imponer estos precios al Ayuntamiento de Madrid diciendo que era "el precio fijado por el exportador. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio final ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía con comisiones que los acusados iban a percibir».

El Ministerio Público considera que desde que «Luis Medina consiguió contactar con un familiar del alcalde de Madrid, que le proporcionó una dirección de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid a la que podía dirigir su oferta» para ofrecer material sanitario en el momento con las cifras de contagio más altas de la pandemia de Covid, su intención y la de su socio era la de «enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador [la empresa municipal], al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación».