El Parlamento Europeo debatirá sobre la ley de amnistía la próxima semana

El grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo ha pedido que se incluya en la agenda del pleno de la semana próxima un debate sobre el riesgo para el Estado de derecho en España como consecuencia de la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC para asegurar la investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tal y como ya publicó este periódico, le corresponde precisamente al PPE la posibilidad de introducir el debate sobre un tema que no estaba en el orden del día y, como era de esperar, en esta ocasión será la situación del Estado de derecho en España y, por tanto, la ley de amnistía.

Los populares quieren «dejar claro que el Estado de derecho no es negociable en la Unión Europea y no puede ser simplemente sacrificado para obtener los votos necesarios para formar una mayoría de gobierno», según ha indicado la formación conservadora en un comunicado.

En una declaración conjunta, el líder del PPE, el alemán Manfred Weber, y la jefa de la delegación del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, han advertido de que las disposiciones del acuerdo para la amnistía de los implicados en el desafío independentista suponen un «riesgo de violar la separación de poderes y mina la independencia judicial».

La agenda de la próxima sesión plenaria se cerrará este jueves en la reunión de la Conferencia de Presidentes (CoP) que reúne a los líderes de todos los grupos parlamentarios.

Las delegaciones del PP y Ciudadanos en el Parlamento Europeo han remitido hoy a los principales dirigentes de la UE una carta en la que se recopilan todos los comunicados oficiales desde el ámbito judicial y la función pública que se han emitido en contra de los acuerdos suscritos por el PSOE.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha confiado en contar con las instituciones europeas como espacio de democracia y libertad para frenar el deterioro del Estado de Derecho en España «como ya han hecho antes en otros países».

La carta ha sido enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; al vicepresidente de la Comisión Josep Borrell; el vicepresidente Margaritis Schinas; a la vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová; al de Justicia, Didier Reynders; a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager; y a los 27 embajadores de oficinas de representación permanente.

Los eurodiputados explican que el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts «marca el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho». Desde PP y Cs se denuncia que «accediendo a las exigencias del movimiento independentista catalán», Pedro Sánchez se ha comprometido a introducir una ley de amnistía a cambio de los 7 votos del partido de Carles Puigdemont. El objetivo es revocar procedimientos judiciales pendientes y sanciones contra aproximadamente 3.000 personas, que abarcan delitos cometidos desde hace una década a la actualidad y que incluyen actos de corrupción y terrorismo», denuncian.

La carta incide también en que el pacto hace referencia a la creación de comisiones parlamentarias para investigar si se ha producido "lawfare" o judicialización de la política, con poderes para investigar acciones judiciales. Ambos partidos entienden que esto «supone someter los procedimientos y decisiones judiciales a control parlamentario con evidente injerencia en la independencia judicial y separación de poderes».

La misiva insiste en que «todas las asociaciones españolas de jueces, desde las más progresistas a las más conservadoras, emitieron un comunicado conjunto para rechazar las referencias a la "lawfare o judicialización de la política» y sus consecuencias. Añaden que también «las asociaciones de fiscales han emitido comunicados, rechazando la mención al "lawfare" y la creación de comisiones parlamentarias para investigar los procedimientos judiciales, ya que esto pervertiría por completo el sistema constitucional de separación de poderes». Se recoge también que el Consejo General del Poder Judicial también expresó su preocupación por el acuerdo.

En la carta se insta a la Unión Europea a salvaguardar los principios y valores fundacionales. E instan a «tomar medidas para proteger nuestro Estado de Derecho en virtud de los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea».