La Mesa del Congreso veta unas enmiendas aprobadas por el Senado e impide su debate en pleno

El PP aprovechó el proyecto de ley de desperdicio alimentario para introducir enmiendas para rebajar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de alimentos básicos hasta el 31 de diciembre. En concreto, los populares proponían un tipo del dos por ciento del IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de pan común, harinas panificables, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales y aceites de oliva, y un tipo del 7,5 por ciento del IVA a entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de aceites de semillas y pastas alimenticias.

El Gobierno, en virtud del artículo 134.6 de la Constitución, registró una propuesta de veto, pero la Mesa de la Cámara Alta, avalada por un informe de sus letrados, decidió desoír la petición del Ejecutivo por excesiva y tramitar con normalidad esas enmiendas, que fueron aprobadas y, por tanto, incluidas en el texto de la ley de desperdicio alimentario. Si el Senado aprueba modificaciones, estas deben ser revisadas por el Pleno del Congreso para avalarlas o rechazarlas.

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No obstante, la Mesa de la Cámara Baja —con el voto a favor de PSOE y Sumar, y el PP en contra— ha optado por vetar esas enmiendas directamente y extirparlas del texto remitido por el Senado, alegando que su decisión de ignorar el criterio del Gobierno fue inconstitucional. Según fuentes cercanas a la misma, uno de los argumentos de la Cámara Alta, que el presupuesto en vigor es el de otro año y que por tanto no puede afectar a las cuentas del 2025, es «absolutamente peregrino» e «incumple» la Carta Magna.

«Esas enmiendas se suprimirán simplemente por deseo expreso del Gobierno y con el acatamiento de la presidenta del Congreso. Esta es una democracia secuestrada y la secuestradora se llama Francina Armengol, que no es la presidenta de la cámara, sino la delegada del PSOE en el Congreso», ha dicho al respecto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado.

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular hablan de un «atropello parlamentario» que ni siquiera ha contado con el respaldo del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, normalmente alineado con las tesis de la Moncloa. Fuentes del entorno de Armengol, sin embargo, aseguran que los servicios jurídicos intervienen solo cuando el punto lo requiere o se les solicita y este, dicen, no era el caso.

«Las enmiendas que se han vetado son las que incluyen claramente modificación de presupuesto. De hecho superan los mil millones», trasladan fuentes cercanas a la Mesa. Excluir enmiendas del debate de un proyecto de ley que regresa del Senado, en todo caso, no es nada habitual y ha provocado que el PP salga con todo a criticar la decisión, que hurta al Pleno del Congreso la capacidad de pronunciarse. Según el Grupo Popular, sucede «por primera vez en la historia democrática» de España.

La semana pasada, sin ir más lejos, ya se vio, otra vez, cómo el PP, Vox y Junts pueden armar con facilidad mayorías en asuntos fiscales. «Hoy se ha vuelto a evidenciar el cortijo en el que Sánchez ha convertido la Cámara Baja gracias al servilismo de Francina Armengol», lamentan fuentes del Grupo Popular, que añaden que esto podría ir en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional.

«Todo para evitar una derrota más del Gobierno que evidencie su extrema debilidad y la inexistencia de una mayoría para gobernar. La realidad es que nunca fueron más y se evidencia cada día», inciden estas mismas fuentes, que consideran que el argumento de que las enmiendas ya se vetaron en el Congreso es «jurídicamente absurdo». «La realidad es que el Gobierno solo permite votar en el Congreso aquello que interesa al Partido Socialista despreciando al Parlamento, con el silencio cómplice y la cooperación necesaria de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol», apostillan.

Recientemente, el Gobierno se vio obligado a retirar un proyecto de ley porque el PP y Junts habían sorteado en la ponencia el veto del Ejecutivo y habían logrado apoyos para impulsar una enmienda que suspendiese un impuesto a la producción de electricidad. La Moncloa, antes de aceptar una rebaja en la recaudación, sacó la norma del debate parlamentario.