Junts vuelve a humillar a Sánchez y lo obliga a renegociar la amnistía

Esto no significa que se tumbe, sino que continuará su tramitación donde se quedó hace una semana. Entonces nadie esperaba este escenario y el Gobierno contaba las horas, los minutos y los segundos para que la norma que permitió a Pedro Sánchez seguir sentado en el Palacio de la Moncloa, la misma que antes de las elecciones decía que era «inconstitucional», emprendiese su camino hacia el Senado.

Ahora, los planes cambian. Los ritmos se ralentizan y la amnistía seguirá marcando la agenda política del país al menos un mes más de lo previsto. El PP, en la enésima manifestación contra el olvido legal del ‘procés’, reunió el domingo a decenas de miles de personas en Madrid. El PSOE ha afrontado este martes un revés, pero no por la acción de la oposición o por los tribunales, sino porque el posibilitador de la investidura de Sánchez quiere ir más allá. Junts quiere cubrirse las espaldas.

En los últimos días, han trascendido informaciones que apuntan que en la causa de Tsunami Democràtic sí podría haber terrorismo que con la redacción actual de la ley fuese perseguible; así como un presunto delito de alta traición, no contemplado en la norma, por el que se podría imputar al prófugo Carles Puigdemont por sus supuestos vínculos con Rusia y la presunta injerencia extranjera en el ‘procés’. Junts cree que el texto tiene «agujeros» y, por tanto, ha exigido al PSOE apoyo a sus enmiendas. No ha sucedido.

Los nervios, a lo largo de toda la jornada, eran más que evidentes. Caras largas en los miembros del Gobierno y agitación mal disimulada desde que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha subido a la tribuna de oradores y ha explicitado el órdago. «Tienen dos opciones: votar a favor de nuestras enmiendas o combatir a los jueces prevaricadores. Una amnistía selectiva y en diferido no es lo acordado». Chantaje y paso atrás.

Primero se han votado las enmiendas que llegaban vivas a la sesión plenaria y el PSOE ha cumplido su palabra: han sido todas rechazadas. Después, con un nuevo sistema de votación presencial a través de pantallas táctiles, se ha aprobado el dictamen de la amnistía por 177 síes y 172 noes. Ahí, la derecha secesionista no tenía margen de maniobra porque oponerse habría supuesto tumbar directamente la ley.

Ha sido en la siguiente votación, en la de conjunto, donde Junts ha hecho valer su amenaza y ha forzado la devolución del texto a comisión. 171 síes y 179 noes. El posicionamiento ha sido por llamamiento, de nuevo a petición del PP, y todas las miradas recaían en Pilar Calvo, primera diputada neoconvergente que ha solemnizado de viva voz el «no» de su partido. El «no» decidido por una ejecutiva con la vista siempre fija en Waterloo (Bélgica), donde Puigdemont aguarda tener todas las garantías para poder volver a España sin asumir responsabilidades penales.

Una vez concluida la intervención de Nogueras, el principal negociador con Puigdemont, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acudido presto a los escaños de la vicepresidenta María Jesús Montero y del ministro Félix Bolaños a darles explicaciones. En ese momento Sánchez seguía el debate a través del circuito interno del Congreso desde la sala reservada a los miembros del Ejecutivo, donde ha podido departir después con ellos tres y con el secretario de Estado Rafael Simancas. Desde la tribuna se veía entrar y salir a importantes diputados del PSOE y de Junts, teléfono en mano. Pero esta vez, al contrario que en la negociación de los tres reales decretos leyes de inicio de curso, ninguna de las dos partes ha claudicado y el pulso se aplaza a la Comisión de Justicia.

La sensación que cundía en las filas socialistas es que ya habían cedido la semana anterior en las enmiendas transaccionadas con los grupos independentistas –que permiten excluir de la amnistía solo los delitos de terrorismo que buscasen atentar contra la vida o torturar– y que ir más allá sería bordear los límites de la constitucionalidad de la ley. «No vamos a sacar una norma que luego tumbe el Tribunal Constitucional», explican de manera tajante. Una advertencia que los negociadores del Gobierno le han hecho llegar en esos términos a Junts, sin lograr un cambio de postura. «La ley es sólida y no puede someterse a cambios con cada nueva noticia que se conoce», remarcan en el PSOE.

«Nos dicen que no aceptan nuestras enmiendas porque les da miedo que lo tumbe la justicia europea. Asumimos la responsabilidad. Excluyendo los términos terrorismo y traición, lo que hacemos es no avergonzar a los europeos banalizando el terrorismo. En Europa no hay ‘Aguirres’ ni ‘García-Castellones’», decía Nogueras, con duros ataques a los jueces Joaquín Aguirre y Manuel García-Castellón, a quienes acusa de «persecución».

El argumento del ‘lawfare’ –guerra sucia judicial– se ha escuchado también en boca de Gerardo Pisarello (Sumar –partido en el Gobierno–) y de Martina Velarde (Podemos), pero la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, no ha retirado esas palabras del ‘Diario de Sesiones’ ni siquiera tras solicitarlo la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán. El mayor reproche a sus socios en el debate ha llegado de Francisco Aranda (PSOE), quien apenas ha recordado que se puede defender el parlamentarismo «sin descalificar al Poder Judicial». Ha sido tras la sesión, en declaraciones a los medios, cuando Bolaños ha manifestado su «rechazo más absoluto» a las declaraciones vertidas en la tribuna «contra la judicatura y contra los jueces, y contra algunos magistrados en particular».

Ahora Junts dispone de un mes –que pueden ser quince días si los letrados interpretan que el trámite de urgencia afecta también a ese plazo– para atraer al PSOE a esa «amnistía integral». Una posición no compartida por ERC, que como el resto de aliados sí ha cerrado filas con los socialistas. La diputada Pilar Vallugera, en el debate, y su líder, Oriol Junqueras, después, han deslizado que la ley es «robusta» para superar los previsibles recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones prejudiciales ante la justicia europea. «No tenemos que hacerlo pensando en los jueces prevaricadores, tenemos que pensar en el hecho de que no sea atacable desde la perspectiva jurídica», ha dicho la parlamentaria republicana. Ningún partidario de la amnistía ha salido este martes contento.