El Gobierno esconde el contenido del pacto con Junts sobre inmigración
Los secesionistas desglosan el acuerdo con el PSOE: permiso de residencia, lengua, fronteras y «flujos migratorios»
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Editorial | La inmigración como chantaje
Los flujos migratorios son potestad exclusiva del Estado, según el Tribunal Constitucional
La Generalitat de Cataluña gestionará «la inmigración», según el pacto acordado entre el PSOE y Junts el miércoles para convalidar en el Congreso varios decretos leyes. Pero el Govern catalán no sabe, en este punto, a qué se refieren los socialistas y los ... de Puigdemont. El Gobierno esconde el pacto –firmado, según Junts–, por lo que las únicas voces que detallan en público su supuesto contenido son los portavoces separatistas. Así fue ayer. Turull y Nogueras avanzaron que los independentistas controlarán los permisos de residencia, los requisitos lingüísticos, actuarán sobre las fronteras y controlarán «los flujos migratorios».
Frente a esto, el único mensaje transmitido por el Gobierno fue el del ministro Bolaños, en TVE: «Si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración». Pero nada más. Ni una explicación, ni un detalle ni un documento. Opacidad máxima.
En el Ejecutivo catalán (ERC) tampoco saben en qué y cómo les afectará una cesión conseguida por Junts, que no está en el Govern. Eso sí, será una especificidad para Cataluña. «No venimos a consolidar el café para todos. No, esto es (solo) para Cataluña», recordó Jordi Turull, secretario general de Junts, en Catalunya Ràdio.
La improvisación en la iniciativa y el descontrol institucional es tal que la consejera catalana de la Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), contactó con el propio Bolaños, para pedirle información al respecto. Si van a gestionar un nuevo asunto de la importancia de la inmigración, estaría bien que fueran, al menos, consultados. Vilagrà y Bolaños mantienen una comunicación fluida. En cualquier caso, el ministro confirmó que la transferencia se llevará a cabo por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, que permite ceder a las autonomías cualquier asunto, aunque sea de competencia exclusiva del Gobierno, y con la aprobación de una ley orgánica, para lo que PSOE y Junts necesitarán a todos los grupos parlamentarios –sobrándoles un voto– que dieron su apoyo a la investidura de Sánchez.
Será entonces, en su trámite parlamentario, cuando se conozcan los detalles de la cesión. Es de suponer que antes de presentarla —ya sea por iniciativa del Gobierno o de los grupos parlamentarios— se pactará con Junts. «Vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para delegar las competencias en materia de inmigración y por tanto ese es el acuerdo al que ayer [por el miércoles] llegamos», agregó Bolaños.
Pacto entre «dos naciones»
El apagón informativo de La Moncloa deja campo libre a Junts. Fueron Míriam Nogueras, portavoz de los de Puigdemont en el Congreso, y Turull los encargados de detallar el acuerdo con el PSOE, que calificaron de «importantísimo» para Cataluña y un paso más en el camino de la independencia. Un pacto entre «dos naciones», llegó a decir Nogueras en Rac1.
La líder de Junts en la Cámara Baja reivindicó que Cataluña está en condiciones de asumir las «funciones ejecutivas» en materia de inmigración, pues «ya dispone de competencias en materia de acogida» y «de integración de las personas inmigrantes». Y aunque, como Turull, reconoció que «la letra pequeña todavía no la podemos explicar y confirmar porque la ley orgánica se ha de escribir», avanzó por donde irán las transferencias que, en cualquier caso, serán acompañadas de los recursos económicos necesarios.
Destacó que la Generalitat cuenta con una «Policía propia», capaz de sustituir a la Nacional y a la Guardia Civil, en asuntos como la «documentación para el permiso de residencia», la «aplicación del texto normativo en las fronteras» y el «tema» de «la lengua». Sobre este asunto concreto Nogueras dijo que «es importantísimo que la lengua sea una herramienta de integración para las personas que llegan a nuestro país».
De la misma manera, incidió en que en «el tema de los flujos [migratorios] ha habido muchos problemas y Cataluña ha de poder decidir», es decir, tener el control del número de personas inmigrantes que se instalan en Cataluña. Es una de las propuestas que Junts explicitó en su programa electoral en las elecciones del año pasado y una reivindicación de los independentistas, que siempre ha contado con la oposición del PSC en el Parlamento de Cataluña.
A esto sumó Turull que la inmigración es «un tema capital para Cataluña», porque «nosotros, como país y como nación, nos jugamos mucho»; y dejó clara la importancia de «las políticas de integración», para que «cuando las personas vengan aquí sepan que están en Cataluña, que es una nación, que se habla una lengua como es el catalán». Y abrió la puerta a que la Generalitat, una vez que tenga las competencias integrales en inmigración, pueda expulsar a los «multirreincidentes». «Hemos de ver en qué condiciones se les puede echar, pero empezar el debate por aquí es empezar el debate por el tejado», añadió.
Una vez abierto el frasco político de un asunto tan peliagudo como la gestión migratoria, al Gobierno se le augura un nuevo frente en otras regiones. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello (CC), exigió ayer una reunión «urgente» de la conferencia sectorial para que se aclare el pacto con Junts. Un partido político no puede «condenar» a Canarias, señaló Cabello. Por su parte, el lendakari, Íñigo Urkullu (PNV), reclamó también esta transferencia para el País Vasco, pidió al Ejecutivo que «plasme» ya la cesión y alertó de las consecuencias que puede tener en la «seguridad jurídica», informa Miriam Villamediana. Y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), mostró su preocupación por la imagen que está dando España, «un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo Gobierno no gestiona política, sino extorsión».
Llamada a los policías
Varios sindicatos policiales mostraron su oposición radical a un acuerdo que supondría la pérdida de una atribución exclusiva la Policía Nacional. La Dirección General del Cuerpo llamó ayer a todos los sindicatos para tranquilizarlos. El mensaje fue que la Policía no perderá las competencias que afectan a la Ley de Extranjería, sino que el acuerdo se limita a atribuciones que tienen que ver con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según confirmaron a ABC fuentes sindicales. «El mensaje que nos ha transmitido el director es que estemos tranquilos, que el acuerdo no afecta a temas de Interior, sino de Migraciones, temas más sociales y que la Policía no va a perder competencias», explican desde UFP. «No nos tranquiliza en absoluto. Este interés en calmarnos no lo han tenido nunca», señalan desde Jupol, informa Cruz Morcillo.
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