Rueda rechaza el trato «de segunda» a Galicia en la exención de deuda

«Una oportunidad perdida», resumió este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ya que el melón sobre una reforma profunda del sistema de financiación autonómica pasará de largo una vez más del órgano encargado de coordinar al ministerio de Hacienda con las comunidades, como había reivindicado el propio Rueda junto a otros barones populares e incluso algunos líderes regionales del PSOE.

«Esto va de algo que quiere hacer el Gobierno con sus socios que le mantienen en el gobierno y todos los demás somos secundarios», afirmó Rueda tras la reunión del Consello de la Xunta, reivindicando, como en anteriores ocasiones, la necesidad de un nuevo sistema que enfrente la «infrafinanciación» de la comunidad gallega -«de cientos de millones de deuda», añadió el presidente gallego- frente a la condonación de una parte de las deuda . Según Hacienda, constaría de 4.010 millones de euros para Galicia de los 83.252 millones de euros que se eximirían para el conjunto de los territorios.

«Si eso es lo único que tienen que ofrecer el ministerio [de Hacienda], que parece ser que sí, no nos vale», continuó Rueda, que recordó que los gallegos tendrán que pagar más a pesar de esta condonación, teniendo en cuenta que la deuda de aquellas comunidades más endeudas pasará a la Administración General del Estado (AGE) y, por lo tanto, tendrá que ser abonada por todos los españoles (también los gallegos) de una forma u otra.

A pesar de que la principal demanda del Ejecutivo autonómico no será atendida, el presidente de la Xunta puso sobre la mesa otra propuesta respecto a la financiación: las entregas a cuenta. Un dinero que corresponde a la parte de los impuestos que recauda directamente Hacienda en las comunidades ( el 50% del IVA, el 50% del IRPF o el total del impuesto sobre la Electricidad, entre otros) y que no se está devolviendo a las comunidades.

Al respecto, Rueda subrayó que la falta de Presupuestos Generales del Estado no es excusa, sino que se trata de una cuestión «de voluntad». Así quedo patente el pasado mes de enero con el polémico decreto omnibus, donde constaba la reforma de las reglas de entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Sin embargo, el el segundo decreto que finalmente fue aprobado, precisamente, con el apoyo de Junts, quedó fuera de la mesa de negociación.

«Estamos hablando de que Galicia está dejando de ingresar 127 millones de euros cada mes al no actualizarse las entregas a cuenta», señaló el presidente de la Xunta, lo que supone 1.524 millones de euros al año menos de lo que le correspondería a la administración gallega. Un prejuicio que se tradujo en aumento del pago de intereses para Galicia para asumir esta falta de ingresos que Rueda cifró en 10 millones de euros en 2024. «Y nuestro cálculo, si se volviese a repetir otra vez, el importe de los intereses llegaría a los 14 millones de euros», unas cuantías que también reclamó al Gobierno central junto a las entregas a cuenta que Hacienda todavía debe a la administración gallega.

Tanto el PSdeG como el BNG coincidieron este lunes en sus críticas a las declaraciones de Rueda, mostrándose favorables a la condonación de deuda y acusando al presidente del Ejecutivo gallego de «sumisión» a los intereses del PP, una actitud «antigallega» para el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro.

«Mientras otras comunidades autónomas buscan acuerdos para reducir su deuda, Rueda prefiere mantener una posición que perjudica los intereses de Galicia, priorizando la lealtad a su partido sobre el bienestar de los gallegos y las gallegas», afirmó el líder de los socialistas gallegos.

Por su parte, el BNG también defendió el acuerdo de la exención de deuda «que permitirá ahorrar miles de millones de euros», frente al «seguidismo» a los intereses de Génova. «El Gobierno de Rueda debe defender los intereses de Galicia y reclamar el mismo trato de condonación de deuda que reciban otras comunidades autónomas», aseveró la portavoz nacional de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, que acusó a la Xunta de intentar «boicotear» esta medida, negociada por el BNG para dar su apoyo a Pedro Sánchez en su última investidura.