La oposición protesta por no lograr imponer sus conclusiones en la comisión

Para el BNG, el dictamen es un «fraude» y una «burla» a la ciudadanía y a la democracia, en el que se desvalorizan los informes de Contas y se sacan de contexto párrafos de las transcripciones de las comparecencias. Los populares, aseguró la diputada Monste Prado, «quisieron convertir la comisión en una auténtica parodia», y las conclusiones son un reflejo de ello. El uso que está haciendo el grupo mayoritario del Parlamento es, para ellos, más similar al funcionamiento de una «república bananera» que al «comportamiento democrático en el que se respetan los derechos de los diputados». De este modo, la formación de Ana Pontón denunció que el PPdeG «ya tenía las conclusiones echas» de una comisión en la que ocultó documentación de forma «sistemática» y en la que «vetaron» comparecencias como la de Alberto Núñez Feijóo y su entorno, impidiendo que «viniese cualquier persona que pudiese dar explicaciones» que se saliesen del relato de los populares.

En esta línea, la diputada nacionalista insistió en que lo primero que hicieron los populares al llegar a la Xunta fue cambiar el modelo que había escogido el bipartito –a través de la Sociedade Pública de Investimento, aunque habría incurrido en deuda y, por lo tanto, incumplido las recomendaciones de déficit de la UE– y «tomar una serie de decisiones para convertir la sanidad, y en este caso la construcción del Álvaro Cunqueiro, en un nicho de negocio para empresas privadas«, resultando en ese »sobreprecio« millonario. Y también mantienen sus acusaciones iniciales sobre irregularidades en la contratación pública durante la pandemia o con empresas como Eulen, sobre los que, denunció Prado, la Xunta y el PP ocultaron información »a propósito«.

Por todo ello, no presentarán enmiendas a las conclusiones, porque «los panfletos no se enmiendan», y, en cambio, emitirán un voto particular. En todo caso, impulsar la comisión fue para los nacionalistas «un auténtico acierto», y que está «demostrando» que el PPdeG emplea el dinero público para «enriquecer» a su entorno, y no para beneficiar a los gallegos. «El ecosistema del Partido Popular es muy beneficioso para su ecosistema de familiares, conocidos, empresas amigas y multinacionales», aseveró Prado.

También los socialistas arremetieron contra el proyecto de dictamen, anunciando que registraron un documento de conclusiones alternativo que debatirán este viernes. «No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras el PP intenta aprobar un texto inaceptable que busca dar carpetazo a un escándalo de proporciones mayúsculas. Esto no es política, es encubrimiento«, denunció la diputada Elena Espinosa, aseverando que la comisión se convirtió en un »paripé« en el que el grupo mayoritario evidenció que »no tiene interés en esclarecer la verdad«.

En el susodicho documento, indican, figuran «casos graves de contratación que revelan un patrón sistemático de favoritismos», y señalan a «ejemplos alarmantes» como Eulen, donde es directiva la hermana de Feijóo, o Konecta, vinculada a su cuñado. Hablan así de una «trama de corrupción» que, aseguran, «no quedará sin respuesta», porque Galicia «merece un gobierno que actúe con transparencia». Y avanzan que, si el Parlamento no reconsidera abrir de nuevo la investigación, sin «vetos ni censuras», no descartan llevar el caso a instancias judiciales.

Por su parte, los populares no solo se dan por satisfechos con la comisión, sino que instan a la oposición a disculparse por las «difamaciones» con las que intentaron desacreditar su mandato. En una rueda de prensa, ayer los diputados del grupo mayoritario de la Cámara mostraron su «satisfacción» por un «trabajo bien hecho» que permitió poner en valor su buena gestión. Algo que, aseguraron, está respaldado por las 38 comparecencias de la comisión y los «miles de folios de documentación oficial» analizados.

«No hubo sobrecoste en la construcción del Álvaro Cunqueiro, como aclararon tanto el actual conselleiro mayor de Contas como el anterior responsable» señaló el diputado popular Alberto Pazos, que destacó que el informe comparaba dos opciones para realizar la obra de la cuales una, la pública, era imposible por la situación económica del momento. Ni tampoco «se pudo constatar la más mínima sombra de ilegalidad [...] en las contrataciones realizadas por la Xunta desde el 2009«, reiteró. Lo »justo«, dijo, sería que tanto el Bloque como el PSdeG se disculpasen y »dejasen atrás las mentiras que llevan repitiendo durante varias décadas«, aunque no espera que ocurra.