Inés Rey perdona millones a la planta de tratamiento de residuos: «Aquí algo huele mal»

Los hechos se remontan a 2011, cuando el gobierno local del bipartito, con el socialista Javier Losada como alcalde, aprobó pagar 3 millones de euros anuales hasta el final de la concesión, en diciembre de 2019, por el rechazo del 55% de los residuos que entraban en la planta de Nostián. En 2015, con los populares en el consistorio, dicho acuerdo se declara lesivo para el interés público. Finalmente, en 2018, el Juzgado Contencioso Administrativo emitió una sentencia anulándolo y, tras desestimarse el recurso presentado por la empresa en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y inadmitir el Supremo el recurso de casación, se hizo firme en diciembre de 2020.

En 2023, la Junta de Gobierno acordó reclamar a la concesionaria 15,6 millones de euros por los pagos indebidos realizados hasta 2018, más los intereses, al considerar que hubo un «enriquecimiento injusto», que la reclamación de cantidades no había prescrito y que deberían abonarse desde el 1 de enero de 2011. La empresa lo recurrió en marzo de 2024, según recuerdan los populares, y en agosto de ese mismo año el Contencioso Administrativo acordó suspender el acuerdo condicionándolo a la prestación de un aval de 14,6 millones, que la empresa formalizó. Pese a ello, en diciembre registró una propuesta de acuerdo extrajudicial, aceptando pagar 8,3 millones en varios plazos, que el Concello aprobó el 24 de febrero de 2025 y poniendo fin a la vía judicial.

Una decisión que el Consistorio justifica en que la sentencia, tal y como recordó este jueves en el pleno el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, «no indica cuánto tendría que pagar la empresa». Si no, «este problema estaría resuelto de hace tiempo», aseguró. Además, un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, continuó, señalaba que, «como mucho», las posibilidades de cobrar se reducían al período de tiempo entre la declaración de lesividad, en 2015, y la sentencia, en 2018, esto es, «4,8 millones de euros». «Por lo tanto, lo que hicimos es una negociación que es beneficiosa para este Concello» y que duplica la cifra estimada. «Aquí no se condonó nada [...]. Lo que se consigue para el patrimonio público son más de ocho millones de euros» y, además, «se renuncia a llegar al Supremo dentro de 8 o 10 años con un nivel de incertidumbre elevado».

En todo caso, el acuerdo, anunció este jueves en el pleno, está homologado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la ciudad desde el pasado 10 de marzo, que no aprecia «vicio alguno de ilegalidad ni lesión de interés público ni de terceros«.

«Mucha prisa se dieron», criticó el presidente del PP local tras conocer la resolución de la justicia: «Ojalá el resto de decisiones que tomen sean así de rápidas». Miguel Lorenzo insistió en que «deberían haber dejado que fuese un juez el que decidiese cuánto había que pagar» y que, además, la cifra «sí que venía en la sentencia», que explicitaba que la empresa debía «devolver todo el dinero que el Concello pagó por el rechazo de los residuos». Esto es, los 15 millones contabilizados por el informe de los servicios municipales, explicó: «Han renunciado a 7 millones de euros».

El acuerdo «por supuesto que puede ser legal», pero «también muy perjudicial«, expuso, cuestionando al Gobierno local »por qué ha cambiado de criterio un año después« y »cuál es el interés general al que responde la transacción que perdona a una empresa privada 7 millones de euros«. »Aquí algo huele mal, y no es la basura«, denunció Lorenzo durante su intervención.