«Si el Gobierno no rectifica, Stellantis va a deslocalizar su producción de Vigo»

—Galicia tiene resueltas 64 declaraciones de impacto ambiental de parques eólicos pero quedan aún 76 que caducan el 24 de enero. ¿Qué porcentaje dará tiempo a tramitar?

—Nosotros hemos puesto todos los recursos para poder tramitar los proyectos, se está haciendo un enorme esfuerzo, con mucho rigor, garantizando el cumplimiento desde el punto de vista medioambiental. Intentamos resolver todos los proyectos que estén en disposición de ser atendidos.

—¿Pero dará tiempo?

—Hay algunos que no se podrán resolver porque los promotores no tienen los requerimientos, otros lógicamente por la falta de tiempo. Los que queden sin resolver será como consecuencia de un efecto llamada que se ha producido por parte del Gobierno que ha establecido de forma unilateral unos plazos que han dificultado la tramitación. En Galicia hemos establecido que los proyectos que no logren completar la DIA no decaerán, podrán continuar su tramitación si logran nuevamente el punto de acceso y conexión. Vamos a dar garantías de que los proyectos cumplen con la normativa medioambiental. El Gobierno no está colaborando. Hay sí un objetivo compartido de desarrollo de renovables, pero está priorizando la autorización de megavatios sobre las garantías medioambientales.

—¿Por qué?

—El hecho de que en el último Real Decreto del año haya regulado que los nuevos parques se puedan tramitar sin tener que superar una declaración de impacto medioambiental indica que está priorizando desarrollar megavatios sin ningún tipo de control. Durante los dos próximos años todos los proyectos que se tramiten desde el Estado, los de más de 50 megavatios, se van a poder autorizar sólo con un análisis de alcance ambiental. El Gobierno está reduciendo las garantías.

—¿La Xunta podría hacer lo mismo en un futuro?

—Nos habilita para hacerlo, pero nosotros ya hemos trasladado que vamos a mantener todas las garantías medioambientales y desde el punto de vista del impacto territorial. Estamos ante un gobierno sin sensibilidad sobre el impacto que puede tener el desarrollo de renovables.

—En Galicia se ha producido una importante contestación social...

—El Ministerio de Transición regula desde los despachos de la Castellana. El desarrollo de las renovables se hace consensuando con los territorios. El Gobierno decide cerrar todas las centrales térmicas, no así otros países, y condiciona toda la política energética y todo el precio a un única tecnología de respaldo, que es el gas.

—Ahora As Pontes vuelve a funcionar y hay otras centrales que siguen también activas en el resto de España

—Se ha demostrado que Galicia cuando trasladaba que no había garantía en el suministro eléctrico lo hacía con criterio y la CNMC lo ha corroborado. En su informe exige que se mantenga la central en funcionamiento hasta que haya desarrollo de generación eléctrica suficiente.

—En la central trabajan con la previsión de seguir en funcionamiento hasta el verano. ¿Tiene la Xunta algún plazo más concreto?

—No tenemos. El propio Gobierno estableció que cuando se mejoren los ratios de cogeneración e interrumpibilidad Endesa ya podrá proceder al desmantelamiento. Desde el punto de vista de desarrollo de renovables, el Gobierno está tomando decisiones precipitadas en el ámbito de la eólica terrestre y es incapaz de tomarlas en la eólica marina, donde somos el país que se está quedando a la cola de su desarrollo. Llevamos dos años de retraso, España tenía que haberle presentado a Europa la planificación de los espacios marinos.

—¿Galicia podrá albergar eólica marina o el impacto en el sector pesquero no lo permitirá?

—La eólica marina es un marco prioritario para Galicia. Pero entendemos que su desarrollo solo tiene sentido si se hace con consenso con todos los sectores sobre los que puede tener un impacto. Por eso la primera decisión fue constituir un Observatorio de eólica marina donde estamos estableciendo un marco de diálogo y confianza con el sector pesquero y con la industria. El desarrollo de la eólica marina solo se puede llevar a cabo si se garantizan los impactos medioambientales. Pero necesitamos tener para eso el marco regulatorio.

—¿Si el Gobierno establece un área concreta para instalar aerogeneradores, la Xunta tiene capacidad de veto?

—Cada proyecto tendrá que pasar una evaluación desde el punto de vista medioambiental. Ahí es donde la Xunta puede emitir informes o alegaciones. Vamos a defender el desarrollo del sector, pero con todas las garantías.

—¿El atasco de los parques eólicos hará que Galicia pierda inversiones industriales o que fábricas como Alcoa no puedan volver a activarse?

—Nosotros hemos priorizado el desarrollo de renovables vinculándolo al desarrollo de proyectos industriales. Cuando se plantean las necesidades de las electrointensivas, no sólo Alcoa sino Showa Denko, Finsa o Celsa, habilitamos una excepcionalidad para situar esos parques eólicos fuera del plan sectorial si tenían un impacto desde el punto de vista económico y social. Hoy en día Alcoa, Showa Denko y Sentury están tramitando parques eólicos dentro de esta excepcionalidad.

—El plazo de Alcoa para reactivar San Cibrao caduca en enero de 2024, pero los parques no están todavía autorizados y hay que construirlos. ¿Dará tiempo?

—Alcoa está parada porque el Gobierno no es capaz de garantizar un precio eléctrico competitivo. No ha establecido las mismas ayudas que tienen Francia o Alemania para que pueda seguir produciéndose aluminio. A partir de ahí, hay un acuerdo entre Alcoa y los trabajadores de parar dos años y trabajar en dos sentidos: desarrollo de renovables y un compromiso no cumplido por el Gobierno con un nuevo marco energético que permita introducir bonificaciones que nos pongan en igualdad de condiciones. Alcoa ha cerrado un acuerdo con Greenalia y con Endesa. La mayoría de los parques tienen que tener el 24 de julio la autorización de construcción.

—¿En seis meses es posible construir los parques?

—Los acuerdos de suministro de energía, Endesa y Greenalia los podrán ofertar con esos parques o otros. Alcoa y los trabajadores están negociando retrasar un poco la fecha del 24 de enero. Pero no será por culpa de los parques eólicos. Alcoa no ha cumplido con su parte de inversiones, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida para garantizar el precio competitivo. Las renovables no garantizan ese precio eléctrico competitivo con respecto a Francia o Alemania, que tienen ayudas. Si no hay una modificación del estatuto electrointensivo no habrá futuro para Alcoa.

—También hay dudas sobre el futuro de Stellantis. El grupo pide 200 millones de ayudas para poder traer a Vigo nuevos modelos. Si no llegan a través del Perte, ¿puede la Xunta llegar a esta cantidad con sus fondos?

—La situación de Stellantis es la crónica de un despropósito industrial de este Gobierno, que toma decisiones arbitrarias. Lo primero que hizo fue comprometer una ayuda a una empresa, Volskwagen, sin haber convocado el Perte, y Stellantis se queda fuera.

—La factoría viguesa ha reconocido que también fue un problema de plazos, porque las inversiones iban a llegar en unos años y no justo ahora.

—Sí, fue un problema de plazos y de intensidad de ayudas. Además, se han dejado sin adjudicar 2.000 millones de euros del Perte mientras se traslada la responsabilidad a la Xunta para que aporte los fondos. El último capítulo es que el Gobierno hace transferencias de 180 millones de euros a Cataluña y Valencia. Galicia es la comunidad que lidera la automoción en España.

—¿Confía la Xunta en que haya alguna transferencia así en el futuro?

—Yo espero que el Gobierno rectifique, primero porque hay un compromiso de hacer una segunda convocatoria del Perte, esperamos que haya una respuesta de los fondos europeos. Esperamos también que Galicia pueda disponer en igualdad de condiciones de fondos para el sector de la automoción y en tercer lugar Galicia sí va a estar en la solución desde el punto de vista de los recursos que pueda necesitar Stellantis. Es lo que hemos hecho durante los últimos años.

—Cuando se implantó la plataforma para construir las furgonetas, ¿cuántos fondos puso Galicia?

—En los diferentes proyectos que ha ido desarrollando Stellantis, hemos puesto más de 40 millones de euros para proyectos de innovación. Siempre hemos estado en la solución y vamos a seguir estando. Pero parece razonable que habiendo 2.000 millones de euros sin ejecutar, Stellantis pueda tener un marco donde poder acceder a los Next Generation y que Galicia pueda ser destinataria de fondos igual que Cataluña y Valencia. El Gobierno está gestionando los Next Generation para la industria. Galicia no tiene ni un solo euro de estos fondos europeos que pueda destinar a la automoción.

—¿Hay peligro real de que Stellantis se marche de Vigo?

—Lo que esa claro es que si el gobierno no rectifica habrá una deslocalización en la producción de Stellantis en Vigo. No lo dice la Xunta, lo dice Stellantis. Hoy en día la fabricación de los coches se hacen por plataformas, nos estamos jugando que Stellantis invierta 600 millones. Si no se produce esa inversión porque no hay ayudas, lo que traslada Stellantis es que va a haber una deslocalización de la producción industrial. La apuesta de Stellantis es la producción de los coches eléctricos.

—Otro proyecto que de momento está fuera de los Next Generation es el de la fábrica de fibras textiles. El Gobierno quedó en comunicar a Altri a finales de año si iba a convocar un Perte al que se pudiese presentar. ¿Hay alguna novedad?

—Tenemos un vacío en la gestión del Ministerio. En las últimas semanas del año ha habido un cese de las personas que han gestionado los Pertes. Seguimos en la misma incertidumbre. Desconocemos si el Gobierno va a dar una respuesta a su compromiso. La vicepresidenta primera en 2021 le pidió al presidente de la Xunta que le dijese cuáles eran los proyectos prioritarios. Además de identificar el de la automoción, identificamos el de Altri. El Gobierno no está atendiendo ese compromiso. No tenemos ninguna concreción sobre los fondos a los que podría acceder Altri. Nos preocupa que el Gobierno cuestione el proyecto, lo ha hecho el delegado del Gobierno intentando cuestionar la propia ubicación de la empresa. Los fondos europeos se plantearon como una gran oportunidad y esperemos que no derive en un gran fracaso por parte del Gobierno. El Gobierno no tiene competencias en materia de política industrial, pero se ha adjudicado el 100 % de los fondos, de alguna forma ha desautorizado la política industrial de las comunidades autónomas.

—¿Sin Next Generation Altri llevará a cabo la inversión?

—Tanto Stellantis como Altri trabajan con volúmenes de inversión muy altos. Altri 800 millones y de alguna forma las ayudas europeas están orientadas para estos proyectos. Pedimos poner sentido común a la política industrial.

—El delegado del Gobierno ha preguntado por el destino de los 1.640 millones de euros que gestiona directamente la Xunta de los Next Generation

—De las transferencias a las comunidades autónomas no hay fondos de política industrial. Se están canalizando ayudas a renovables, plan Moves, desarrollo de banda ancha, turismo, política social, educación, proyectos de tecnología en el ámbito sanitario... Nosotros los estamos ejecutando con los criterios muy definidos que nos marca el Gobierno.

—Para las plantas de hidrógeno sí que se han aprobado Next Generation, pero Galicia se ha quedado fuera de las redes de transporte. ¿Le respondió la ministra sobre la construcción del hidroducto entre Lugo y Zamora?

—Todavía no. El Gobierno no puede dejar fuera a Galicia. En estos momentos han incluido a todas las comunidades autónomas menos a Galicia y ahora dicen que en una segunda fase va a entrar. Galicia se queda como una isla energética. ¿Qué justificación hay? Galicia lo está reclamando ante la Unión Europea.