Fabiola García: «Con este reparto de menores el Gobierno pretende crear guetos»

—¿Han encontrado ya hueco para los 326 menores no acompañados que parece que les va a enviar el Gobierno?

—El Gobierno pretende hacer un reparto obligatorio e impuesto de más de 4.000 menores no acompañados con unos criterios de reparto que claramente benefician a Cataluña. Es un traje a medida hecho por Pedro Sánchez para el señor Puigdemont y que claramente nos perjudican al resto de Comunidades. Con estos criterios de reparto Galicia tendría que acoger a 326 menores no acompañados y en estos momentos nosotros no podemos acoger a más de 300 en nuestro sistema de protección porque tenemos un 110% de ocupación. Contamos con 868 plazas residenciales y ya hay más de 900 niños. No tenemos capacidad para acoger a más.

—¿Esos criterios se han hablado con las CC.AA.? ¿A usted se le trasladaron en algún momento?

—En ningún momento. Es ya costumbre por parte del Gobierno imponer y obligarnos a las CC.AA. a cumplir. Los criterios no se han negociado, se han hecho de espaldas a nosotros y se ha ido de la mano del señor Puigdemont, que hay que recordar que es un prófugo de la justicia. No es coherente que Galicia tenga que acoger 326 menores no acompañados y una Comunidad como Cataluña 28. No es lógico. Por lo tanto, en estos momentos lo que nos tiene que decir el Gobierno es qué mecanismos va a poner a disposición de las Comunidades, qué sistema de financiación nos va a dar, porque estamos costeando todo el sistema de protección de menores con millones y millones de euros que vienen del bolsillo de todos los gallegos.

—Se da la circunstancia de que usted 24 horas antes había participado en una conferencia sectorial de inmigración. ¿No se les avanzó que al día siguiente se iba a aprobar este decreto?

—En la conferencia hablábamos del tema de los inmigrantes adultos, no menores. Unas horas antes se publicó la cesión de competencias a Cataluña. Pedimos la incorporación y que se tratara este tema en la conferencia sectorial, algo que el Gobierno rechazó. Tiene pendiente dar explicaciones a las Comunidades de por qué le ceden esas competencias a Cataluña. Con el traslado de los menores, el Gobierno de España los trata como paquetes. Quiere distribuirlos por las CC.AA. para después olvidarse de ellos. Eso no lo vamos a consentir, porque en Galicia tenemos un sistema de integración que es una referencia en España y Pedro Sánchez lo quiere reventar.

—Esta semana manifestó que Galicia no aceptaría este «trágala». Pero ¿de qué mecanismos dispone la Xunta para impedirlo?

—Primero, pidiéndole al Gobierno que vuelva a la vía del consenso y del pacto con las CC.AA. y que se fijen unos criterios en función de las necesidades y sobre todo de la capacidad que tenemos cada una para asumir menores. Como digo, tenemos una sobreocupación del 110%. Que nos diga el Gobierno dónde metemos a todos esos niños. Porque, ¿qué hicimos hasta ahora? Todos los menores que llegaban a Galicia los distribuíamos en los distintos centros, ya sean miniresidencias, residencias, pisos... Por lo tanto, era un sistema de integración total. Nunca quisimos hacer guetos solo para menores no acompañados. Y con este sistema lo que se pretende es hacer guetos, porque es imposible incluir a 326 menores dentro del sistema ordinario de protección. Y además, son niños, no paquetes. Hay que darles vivienda, alimentación, asumir su tutela, incluirlos en el sistema sanitario, darles después una formación y estudios, buscarles un empleo... ¿Quién va a financiar todo eso? Galicia.

—Porque la Xunta ¿está en contra del reparto o de cómo se ha calculado?

—Galicia siempre fue una comunidad solidaria. Siempre aceptamos los menores no acompañados que nos pidió el Gobierno. Llevamos mucho tiempo pactando en las conferencias sectoriales. En los últimos años vinieron a Galicia más de 90 menores. Por lo tanto, ahora le pedimos que vuelva a esa vía del diálogo en las conferencias sectoriales. Un tema importante es la financiación. En estos momentos tenemos más de 900 menores bajo el paraguas de la Xunta y Pedro Sánchez tan solo nos paga por 26 menores y durante un año. Los menores que vienen a Galicia lo hacen para quedarse y están bajo la protección de la Xunta no solo hasta los 18 años, sino mucho más allá, hasta que acaben los estudios, se incorporan al mercado laboral o puedan empezar una vida propia. Con lo cual, si el Gobierno solo financia un año, el resto del tiempo lo pagan los gallegos.

—En cualquier caso, ¿van a dar cumplimiento al Real Decreto informando al gobierno de cuántas plazas disponen y qué ocupación tienen?

—Por supuesto. Las leyes están para cumplirlas, pero el Gobierno nos tiene que decir cómo vamos a cumplir esa ley, qué mecanismos va a poner a nuestra disposición para que podamos hacerlo. Porque en estos momentos, insisto, tenemos cero plazas, cero. ¿Dónde acogemos a todos esos niños?

—¿Se les está planteando alguna alternativa para ubicarlos?

—El Gobierno no nos está dando ninguna alternativa. Ha pactado con el señor Puigdemont un reparto de 4.000 menores no acompañados y nos dice que a Galicia le tocan 326. Es increíble que un lugar como Melilla tenga que acoger más menores que Cataluña. Esto es algo incomprensible y crea desigualdades. Ahora se hace un reparto de más de 4.000 menores. ¿Y mañana? ¿Y el año que viene? ¿Qué va a pasar? Porque está claro que está fallando la política migratoria del Gobierno. Si esto no se frena, no consiste en que llegan los menores y después los reparto a las Comunidades. Tiene que haber una política migratoria clara y seria en origen, algo de lo que carece por completo este Gobierno.

—Respecto a los migrantes adultos que el Gobierno está distribuyendo por las Comunidades, algunos quedan en situación de alegalidad cuando se les deniega el permiso de asilo. ¿Les preocupa esta casuística?

—Por supuesto que nos produce preocupación porque creemos que todas las personas migrantes que llegan a Galicia y al resto de España tienen el deber de trabajar. Nosotros tenemos que formarlos, darle un itinerario de inclusión laboral y después incorporarlos a sus puestos de trabajo. ¿Qué se está pasando con estas denegaciones de asilo? Que todas estas personas migrantes quedan desamparadas. Y somos las Comunidades las que nos estamos haciendo cargo, junto con los ayuntamientos del apoyo, no solamente residencial, sino también de la manutención de todas estas personas que quedan desamparadas por parte del Gobierno.

—Hablamos de dependencia. Había fijado agilizar estas ayudas como una de las políticas prioritarias de su departamento. ¿Tan acuciante era la situación en que se encontraba la dependencia?

—Las decisiones eran necesarias porque Galicia tiene unas características y unas peculiaridades. La población gallega va envejeciendo, tenemos una pirámide completamente invertida y es cierto que cada vez hay más personas mayores que nos demandan esa valoración de la dependencia o de la discapacidad. Pusimos hace tiempo en marcha un primer decreto que reducía todos los documentos que tenía que presentar una persona, que eran hasta 12 documentos adicionales a la propia solicitud. Los redujimos a dos: informe médico, informe social y la propia solicitud. Y fuimos un paso más allá. Ya no hace falta solicitar ningún tipo de informe sino que solamente hay que presentar la solicitud y la administración se encarga de todo. Pretendemos agilizar expedientes y que al terminar este año 2025 se valore a todas las personas en el plazo de seis meses. También creamos vías preferentes que creemos que son necesarias. Las teníamos hasta ahora para las personas con ELA, para los menores de tres años y para las emergencias sociales. Ahora vamos a incluir también a todas las personas mayores de 80 años y le vamos a dar el grado 3 de dependencia automático a personas encamadas, con cánceres terminales, con Parkinson en fase 5, con una tetraplejia, para que no esperen ni siquiera esos seis meses.

—¿Cuándo será realista tener ese plazo en vigor?

—En estos momentos lo que estamos es valorando a muchísima gente. Tenemos resueltos más de 7.000 expedientes de dependencia y más de 13.000 de discapacidad. Es decir, en tres meses, desde que empezó a funcionar el plan de choque, tenemos 20.000 personas valoradas. Y lo que queremos es terminar el año cumpliendo esos seis meses que nos marcamos.

—¿Ese plan de choque está yendo al ritmo que ustedes esperaban?

—El plan de choque está yendo muy bien. Como digo, son más de 20.000 expedientes valorados en tres meses. Con lo cual yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es siendo ágiles a los ciudadanos y dándoles esa prestación o ese servicio que nos piden las personas que realmente necesitan una ayuda. Pero hay que recordar una cosa. Galicia cada vez invierte más en la financiación de la dependencia, y desde luego vamos a seguir reclamando al Gobierno central que cumpla la ley. Ya que nos piden ahora las Comunidades que cumplamos sus leyes, como con el decreto de reparto de menores, nosotros también le pedimos al Gobierno de España que cumpla la ley de dependencia. Porque si nosotros tenemos un deber legal, ellos también lo tienen. Y están incumpliendo reiteradamente la ley. Nos deben más de 2.500 millones de euros. Y cada año reduce más la financiación. En el año 2023 financiaban a Galicia el 40% de la dependencia. Y en el año 2024 bajaron cuatro puntos y llegaron al 34,9%. Con lo cual la financiación va bajando. El cumplimiento de la ley es para todos.

—¿Cómo les va a repercutir la última reforma del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) aprobado por el Ministerio?

—El SAF es el servicio más demandado de todos los servicios de dependencia. Es muy demandado en Galicia porque los gallegos todavía queremos continuar viviendo en nuestras casas hasta que no podamos más y necesitemos esa atención residencial 24 horas. Yo llegué a un acuerdo con el presidente de la Fegamp, la legislatura pasada, donde incrementamos desde los 9,7 a los 12 euros la hora. Ahora empezamos de nuevo un proceso de negociación, tuvimos la primera reunión y considero que hay buen entendimiento por ambas partes. Pero el Gobierno, dos semanas antes de las elecciones generales, incrementó la intensidad horaria a todas esas personas dependientes que recibían el SAF. Lo hizo sin consultar a las Comunidades ni a los ayuntamientos que son los que prestan el servicio. Y ahora con la nueva reforma de la ley de dependencia pretende que esos cuidadores, esas personas profesionales que iban a la casa de las personas mayores también puedan acompañarlos a actividades fuera del domicilio. Es decir, ir a la farmacia o al médico. Y yo le pregunto al Gobierno ¿quién va a atender a esa gente? Ya no solamente es la financiación, es que hay un problema muy grave de personal.

—La última. ¿Qué fue lo que más le molestó del panfleto de la CIG?

—No es admisible que una persona llegue a trabajar y se vea el edificio administrativo empapelado completamente de un panfleto que es machista y que es sexista. Que no me juzga como gestora pública sino que me juzga como mujer. Aún estoy esperando a que la señora Ana Pontón, como mujer, rechace ese panfleto. Y no lo ha hecho porque está con las manos atadas por la UPG y por su sindicato que es la CIG, que es independentista, comunista y ahora claramente machista.