Ayudas del Gobierno al motor catalán y valenciano mientras Stellantis sigue esperando
El Ejecutivo da 29,3 millones extra para el PERTE de Seat y 90 para la fábrica de baterías de Sagunto
La adjudicación de nuevos modelos a Stellantis Vigo dependerá, en gran medida, de la ayudas públicas que reciba la planta. La fábrica de Balaídos prácticamente se quedó fuera de la primera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado. La multinacional lleva meses en contacto con el Gobierno central para que aclare si habrá segunda convocatoria dado que sólo se han repartido 792 millones de los casi 3.000 disponibles gracias a los fondos Next Generation. Mientras la automoción gallega sigue esperando, el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado subvenciones extraordinarias para que los gobiernos catalán y valenciano apoyen los proyectos en estas comunidades.
El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó conceder 29,3 a la Generalitat de Cataluña para que apoye a sus empresas de la automoción mediante «ayudas directas» para la «transformación de sus plantas productivas» de cara «al desarrollo del vehículo eléctrico y conectado», indica el Real Decreto publicado al día siguiente en el BOE. La cantidad está llamada a completar el dinero que Seat-Volkswagen había conseguido ya en el PERTE. La semana anterior el Gobierno autonómico había anunciado una ayuda de 89 millones para el grupo, de los que 60 se financiarían con fondos propios y el resto procedería del Estado. Volkswagen había conseguido 357 millones en el PERTE, pero de ellos sólo 44 llegarían a las plantas catalanas, sobre todo a la de Martorell.
La multinacional alemana también será la beneficiaria de los 90 millones de euros que el Ejecutivo central transferirá a la Comunidad Valenciana. La ayuda se incluye, en este caso, dentro del Real Decreto aprobado en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Según se explica en el BOE del miércoles, la transferencia servirá para «facilitar que se realicen inversiones en su territorio orientadas a la construcción de una fábrica de baterías». Volkswagen proyecta en la localidad de Sagunto una planta de estas características. Antes de que se conociese la resolución del PERTE, el grupo había amenazado con cancelar su construcción ante la falta de ayudas públicas. La firma esperaba lograr unos 700 millones, que se destinarían también a la transformación de sus plantas de Navarra y Barcelona para construir vehículos eléctricos. Pero tan sólo obtuvo el 51 %. Ahora podrá recibir otros 110 millones extra del Estado para avanzar en el proyecto. Las ayudas se justifican por la Ley de Subvenciones, que permite evitar la convocatoria pública «por razones de interés público» y además podrán ser compatibles con cualquier otro instrumento de apoyo de las administraciones.
«Agravio» a Galicia
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mostró este jueves su malestar ante la falta de apoyo del Gobierno central a la automoción gallega. Tras ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Rueda se quejó de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ratifique la dotación de recursos directos para planes de comunidades como «Valencia o Cataluña» que, bajo su punto de vista, tienen «interés electoral» para Sánchez. «Se destinan cantidades muy importantes a sectores que en Galicia también tienen proyectos maduros, y aquí o silencio o largas. Ese es el agravio«, manifestó, para concluir que el PSdeG debería tener «algo que decir» al respecto, e insistir en que esta actitud debe cambiar.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha emplazado en diversas ocasiones a la Xunta a destinar fondos propios para apoyar la transformación de Stellantis de cara a los nuevos vehículos. La planta de Vigo se quedó fuera del PERTE por una cuestión de plazos. En Balaídos no tenían previsto cambiar la plataforma para construir nuevos modelos hasta dentro de unos años y la convocatoria establecía que en 2025 deberían de estar las inversiones ejecutadas para no tener problemas de cara a su justificación. Stellantis lleva tiempo demandando que la fecha tope se extienda hasta 2026, aún dentro del plazo de ejecución que solicita Bruselas para los Next Generation. Maroto ha anunciado también que negocia con las autoridades europeas una posible flexibilización de los tiempos y estudia una segunda convocatoria del PERTE para aprovechar el 75% del dinero que no se ha usado en la primera, unos 2.200 millones.
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