Residencias y Covid: el 'escándalo' que la justicia sigue sin encontrar

El sector, callado durante todo este tiempo, se limita a señalar los datos: pese a la lluvia de denuncias, ninguna ha llegado a juicio hasta hoy . La Fiscalía robustece esta visión: de las más de mil diligencias procesales civiles incoadas desde marzo de 2020 hasta septiembre de este año, 738 han sido archivadas, un 70% del total. Otras 302 siguen en trámite, sin que eso signifique que vayan a dar el paso para convertirse en diligencias judiciales. En el ámbito penal, de las 517 incoadas, solo 40 derivaron en denuncias interpuestas ante la autoridad judicial.

«Las demandas se están archivando en todos los procesos» , valora Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, una de las patronales del sector, «que se abriesen diligencias parecía que ya fuésemos culpables de algo», pero una vez que los centros remitían la información solicitada a la Fiscalía «no va más allá» porque «no hay causa». Según el cálculo de la Asociación Estatal de Servicios de la Tercera Edad (Aeste), entre las denuncias del Ministerio Público y las interpuestas por familiares y colectivos, los principales grupos gestores de residencias han hecho frente a más de un centenar de reclamaciones judiciales. «Prácticamente todas están archivadas», subraya Jesús Cubero, secretario general de esta organización. «La Fiscalía entiende que se actuó correctamente y ha ido archivando, no creíamos que fuera a ser de otra manera» .

Los principales señalados de esta crisis en las residencias han sido los grandes grupos empresariales privados que gestionan el sector. A DomusVi, con más de 200 centros en toda España, se le han notificado desde marzo de 2020 once procedimientos judiciales, de los que seis han sido ya archivados. La empresa asegura a ABC que hasta la fecha, «no se ha citado a declarar a ningún responsable» de residencias ni de la dirección en los procedimientos todavía abiertos, que se añaden a las «decenas de diligencias preprocesales» abiertas y cerradas por la Fiscalía.

Amavir, que gestiona 43 centros de mayores en todo el país e igualmente golpeados por la primera ola, solo mantiene abierto un procedimiento abierto en Fiscalía por una residencia de Murcia, mientras que otros siete de Madrid ya fueron archivados. Respecto a denuncias de particulares, dos de las ocho interpuestas —todas en la Comunidad de Madrid— fueron ya cerradas, y las otras seis están a la espera de resolución, pero sin que hayan llegado a fase de celebración de juicio.

Otro de los grupos señalados, Los Nogales, con una decena de residencias en Madrid, vio cómo de las cinco investigaciones abiertas, cuatro murieron sin salir de Fiscalía y otra fue sobreseída en el juzgado. «El sector cumplió con su deber y respetó las normas, protocolos y recomendaciones» , apuntan fuentes de Los Nogales, «afortunadamente, el tiempo y las resoluciones judiciales lo están corroborando».

Los distintos jueces y fiscales coinciden en su diagnóstico una vez reciben los informes forenses de los usuarios de residencias que, supuestamente, han fallecido por las malas prácticas de los gestores y el personal que los atiende. «No hay evidencias de que fuera la actuación de la residencia, ni de su personal, la que provocase el triste desenlace» , afirmó la fiscal jefe del área de Móstoles sobre casos denunciados en una residencia de Humanes; «tras presentar unos primeros síntomas compatibles con la Covid-19, se actuó en la residencia conforme a los protocolos», resolvió un juez de Plaza de Castilla sobre un centro de la capital; «no existen elementos que permitan inferir que concretas actuaciones omitidas tuvieron vinculación» con el fallecimiento de pacientes, dictaminó la Audiencia de Pontevedra ante un recurso por las víctimas de una residencia en Cangas.

«El daño reputacional ha sido tremendo, y seguimos sin saber por qué» , admite el presidente de FED. Jesús Cubero sí esboza algún motivo: «había un interés político por salirse del foco, e intentaron derivar la responsabilidad y atribuirla a un sector como éramos las personas que cuidábamos a los mayores». El secretario general de Aeste revela que la misma Fiscalía de Madrid les reconoció la labor de su personal. «Desde el principio nos dijeron que debíamos estar tranquilos y que debíamos estar orgullosos del trabajo de nuestra gente», apunta, «me lo dijeron en una conversación telefónica».

Cinta Pascual, presidenta de Ceaps (Círculo Empresarial de Atención a Personas) asegura que no se ha cuantificado el daño reputacional que ha sufrido el sector, «pero sí hemos hecho el cálculo emocional, porque fue muy duro. Estábamos en primera línea, no recibíamos un solo aplauso y sí todas las críticas del mundo . Fue una situación dura y angustiosa para los más de 250.000 profesionales» que trabajan en estos centros en toda España. Hoy, sin embargo, «esto ha cambiado, se trabaja más en conjunto y la ciudadanía es consciente de que atendemos a las personas más dependientes del sistema».

«Estuvimos abandonados como sector» , denuncia Pascual, «se nos criminalizó sin saber qué estaba pasando. En toda Europa hubo contagios en residencias, pero aquí nos cebamos con ellas». Hay un dolor sordo en el sector. Durante la primera ola «estábamos en primera línea, no recibíamos un solo aplauso y sí las críticas de todo el mundo». Las declaraciones de la ministra de Defensa fueron el tiro de gracia. «Nos dolió bastante». Aquella situación no se derivó de la negligencia de las residencias, sino de la «hecatombe» de las funerarias, que no daban abasto, en palabras de Fernández Cid. «¿Qué director de residencia va a querer almacenar cadáveres en sus centros» , se pregunta, «ni a la mente más perversa se le ocurre. Eso de decir quye la UME se encontraba cadáveres mezclados con residentes es indignante».

Las principales empresas del sector afrontan ahora una consecuencia directa de la pandemia: el aumento de costes. Según datos de Cinta Pascual, de las 365.000 plazas de residencias de España, unas 200.000 están concertadas por las administraciones públicas. «Estamos negociando una subida del 2% cuando los costes reales se han incrementado entre un 15 y un 20%». «Si el sistema sanitario cuesta más, el sistema asistencial es evidente que va a costar más» , apostilla. Sin embargo, los gestores de los centros «han priorizado recuperar la ocupación al traslado de coste». «Tuvimos una desocupación del 15-20, no era el momento de subir precios».

«Tenemos un sistema mal financiado» , añade Jesús Cubero. Y a mayores, se está discutiendo «determinados estándares de calidad para toda España», como por ejemplo el incremento de las ratios de personal por usuarios, «y se está yendo a centros quizás menos grandes que los actuales, que puedan estar entre 100 y 150 plazas». Desde Aeste se defiende que «el futuro del sector ya no pasa por chalés y residencias pequeñitas», sino por centros «profesionalizados», una exigencia que están detectando en la sociedad de manera generalizada. «Nos estamos recuperando, los mayores están volviendo».

Las patronales hacen también autocrítica. «Desatendimos a las familias», admite el presidente de la FED , «nos vimos totalmente desbordados por una cantidad enorme de bajas, con las plantillas muy diezmadas, y se priorizó la atención al mayor pero descuidando la información al familiar». En estos momentos negocian con el Ministerio de Derechos Sociales una suerte de normativa básica común a todas las CC.AA. que acabe con una de las deficiencias sistémicas: la disfuncionalidad entre territorios para hacer frente a una misma realidad. Y mientras tanto, Cinta Pascual avisa: «el miedo a la sexta ola en las residencias es real; siempre lo habrá después de lo vivido» .