Así funciona la OLAF: 400 agentes y 150 investigaciones al año sobre los fondos de la Unión Europea

Aunque es un organismo estrictamente independiente, desde el punto de vista legal forma parte de la Comisión Europea y está adscrita a el comisario de Presupuesto, aunque éste no tiene ninguna capacidad orgánica de control de su funcionamiento. Su acción sirve para recuperar una media de cien millones de euros al año.

Los agentes pueden actuar de oficio o en base a las denuncias que puedan conocer por distintas vías. Sus estatutos le conceden el privilegio de llevar a cabo investigaciones administrativas en cualquier país europeo, pero no puede iniciar acciones judiciales en caso de que constate irregularidades concretas. Si es así deben entregar el dossier a las autoridades locales para que emprendan las acciones legales correspondientes si lo consideran necesario. Cuando se trata de un caso que afecta a varios países o a funcionarios europeos, puede acudir a la Fiscalía Europea.

Tal vez el caso más relevante de actuación de la OLAF se produjo con el caso de la dimisión del comisario maltés John Dalli en 2012, al que acusaba de haber mantenido contactos indirectos con una multinacional de venta de cigarrillos para negociar un pago a cambio de que suavizar la reglamentación comunitaria sobre el tabaco. Dalli negó siempre haberse involucrado en tal operación pero el entonces presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, presionó a su comisario para que presentase su dimisión.

Ese es uno de los puntos débiles de la posición institucional de la OLAF, su misión de fiscalizar el funcionamiento de la Comisión Europea siendo a la vez parte de la misma, como una unidad de asuntos internos. Por ello, ni siquiera la sede se encuentra en Bruselas, sino que fue establecida en Luxemburgo, al lado del Tribunal de Justicia.