El interventor del Estado denunció el pagó de 2,5 millones de Fiiapp al sobrino del Che Guevara

Tras analizar las adjudicaciones públicas, el interventor afeó que la Fiiapp contratara a una empresa que está vinculada al beneficiario del proyecto, el Gobierno de Cuba: «Se observan vínculos entre el contratista y el Gobierno beneficiario en los contratos suscritos de forma reiterada con la empresa Kapan, en tanto que, si bien está domiciliada en Panamá, está adscrita a la Cámara de Comercio de la República de Cuba».

Al frente del Grupo Kapan Internacional está Roberto Guevara Lezica, sobrino del Che Guevara, que se encargó de suministrar material de oficina y mobiliario para el proyecto denominado 'Apoyo a la modernización económica de Cuba II – Intercambio de expertos Cuba – Unión Europea', dotado con 8,4 millones de euros que puso la Comisión Europea. Como desveló ABC, la oficina antifraude de la Unión Europea (Olaf) está investigando cuatro proyectos de la fundación gubernamental española, entre ellos el conocido como 'Cuba expertos'.

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Los contratos denunciados por la IGAE corresponden al año 2018. Además, al informe de la intervención del Estado le resultó llamativo que en dos de estos contratos «sólo concurrió el adjudicatario Kapan». Cabe recordar que ese mismo año, 2020, el entonces jefe del área jurídica de la fundación realizó un informe interno en el que denunció como práctica habitual la adjudicación a dedo de contratos públicos mediante la elaboración de pliegos 'ad hoc', tal y como reveló ABC.

Entre el rosario de ilegalidades e irregularidades que el informe complementario de la IGAE destacó se encuentran la adjudicación de un contrato menor por un plazo superior a un año y sujeto a prórrogas, lo que va contra el artículo 29 de la Ley de Contratación del Sector Público y «una grave contradicción en la naturaleza del contrato y sus prestaciones». Además, el informe señala que «la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes». En el principal contrato de suministro de material de oficina, de 1,9 millones de euros netos, los ordenadores, tabletas, monitores y otros instrumentos están «perfectamente descritos», pero no se desglosan precios. Hay «incumplimientos graves en cuanto a la determinación del precio del contrato» y, dice el interventor, «se podían establecer y cuantificar lotes, hecho que hubiera posibilitado acceso de pymes».

El largo listado de incumplimientos continúa: «Imposibilidad de verificar el cumplimiento del contrato (...) no se ha establecido calendario de hitos de pagos, ni entregas (en La Habana), ni en el PCAP ni en el contrato, incumpliéndose los artículos 116 y 109, 87 y 102, de forma semejante previstos en el TRLCSP (Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) y LCSP» (Ley de Contratos del Sector Público).

Además, «se ha verificado, que no consta en el expediente, que el adjudicatario se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, por lo que este equipo de auditoría no puede constatar que en su momento pudiera existir un riesgo fiscal por la falta de tributación de Kapan por las actividades realizadas en territorio español». También «falta informe de la Delegación Diplomática de reciprocidad, hecho que da lugar a incumplimiento» y, pese a su elevado importe, «no consta en la documentación entregada que se publicase el contrato en DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), pese a ser SARA» (sujetos a control europeo). En cuanto al contrato de suministro de mobiliario 375/2018, el interventor del Estado vuelve a reflejar lo extraño de que sólo concurriera la empresa del sobrino del guerrillero Ernesto Guevara. Además, la IGAE señala que «en el organismo de adjudicación de los contratos, se incumple la prohibición de participar en el mismo personal que ha participado en la redacción técnica del contrato, tal como establece el artículo 326 de la LCSP».

Fuentes internas de la fundación presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, han relatado a ABC que en la fundación hay personal que estaba «entusiasmado» con este proyecto debido a «simpatías» políticas con el castrismo y en concreto con el sobrino del Che Guevara.

Por su parte, fuentes oficiales de la fundación gubernamental manifestaron el viernes a este diario que el proyecto Intercambio de Expertos Cuba-Unión Europea «tiene por objetivo acompañar a Cuba en la implementación de sus líneas de actualización de la política socioeconómica a través de un intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas en la gestión de la administración y las políticas públicas».

Respecto a la denuncia de la IGAE, sostienen que «la actual dirección puso en marcha una serie de medidas para cumplir con las recomendaciones recibidas, entre ellas la revisión y fortalecimiento del sistema de control interno de la fundación». Entre ellas estarían «la creación de un área de auditoría interna y de gestión de riesgos, la revisión y mayor procedimentación de los procesos de contratación, la incorporación de una gerente con el fin de impulsar la coordinación de los servicios centrales de la Fundación y la renovación de las direcciones de servicios jurídicos, gestión económica y sistemas de información».

La Fiiapp maneja un presupuesto anual medio de 67 millones de euros, la práctica totalidad fondos europeos. En el patronato que controla la fundación están, tras la vicepresidenta primera del Gobierno, los ministros de Exteriores –José Manuel Albares– y Justicia –Pilar Llop–, entre otros altos cargos del Ejecutivo. El general Francisco Espinosa, que lideró el proyecto GAR-SI de la Fiiapp en el Sahel, está en prisión preventiva en el marco del caso Mediador por adjudicar, presuntamente, contratos amañados.