El Congreso se inventa un puesto de coordinador para la traducción de las lenguas cooficiales

La propuesta la defendió el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, para poder modificar la plantilla orgánica de la Secretaría General que él mismo dirige. Este requisito está establecido en el artículo 38.1 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, donde se especifica que es el secretario general de la Cámara Baja, en este caso Galindo, quien debe solicitar cualquier cambio en su organigrama. Ahora, dependerá de él la Unidad de Coordinación de la Tramitación de Lenguas Cooficiales, que estará en manos de un técnico funcionario.

La resolución de Galindo se aprobó gracias a la mayoría que tienen en la Mesa el PSOE y Sumar, los dos partidos que gobiernan en coalición, pero con el rechazo de los populares. Según fuentes parlamentarias, la vicepresidenta cuarta del órgano, Marta González, anunció el voto en contra de los cuatro miembros del PP al suponer esta decisión un incremento aún mayor del gasto en la traducción e interpretación al español del catalán, el euskera y el gallego.

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Cabe recordar que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, prometió en su toma de posesión que iba a permitir el uso de las lenguas cooficiales en igualdad de condiciones con el castellano, a pesar de ser este último el idioma común de todos los españoles y el único oficial en todo el Estado. Hasta esta legislatura, el PSOE había impedido el uso de catalán, euskera y gallego en la Cámara Baja, pero en esta cambió de opinión para que los independentistas respaldasen la candidatura de Armengol.

Según fuentes parlamentarias, el técnico de la Unidad de Coordinación de la Tramitación de Lenguas Cooficiales, que será un funcionario, cobrará unos 60.000 euros al año –el básico es 54.600 euros anuales–. Un gasto fijo para un puesto que no había sido necesario hasta ahora, pero que se dispone toda vez que se han adjudicado los contratos para la traducción, interpretación, transcripción y subtitulado al español de catalán, euskera y gallego. Entre los cuatro, en función de las bolsas de horas de los trabajadores, la Cámara Baja se dejará un máximo de 3.990.315,14 euros, a los que ahora hay que sumar el salario del coordinador que estará pendiente de toda la tramitación.

La creación de este puesto se publicó ya el viernes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, donde se detallan sus funciones: «Iniciación, impulso y seguimiento de los expedientes contractuales de la unidad. Elaboración de los pliegos y gestión de los contratos de la unidad. Preparación, seguimiento y control de la ejecución del presupuesto de la unidad. Estadística relativa a la unidad».

Hasta este año, cuando se han puesto en marcha los contratos adjudicados vía concurso público, la Junta de Contratación era el único órgano que respondía sobre la traducción y la interpretación en el Congreso. ABC publicó la semana pasada que entre el 19 de septiembre del 2023 y el 11 de febrero del 2025, se aprobaron o convalidaron un total de 476 contratos menores para poder cumplir provisionalmente con las exigencias separatistas. En esa transición se gastaron más de dos millones de euros públicos.