Posible multazo de 300.000 euros por tirar a la basura mil kilos de residuos de piel a la semana en Elche
La Policía Local ha descubierto a la empresa de fuera de la ciudad que durante meses venía a verter los desechos de curtidos para calzado en contenedores convencionales
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Una empresa se enfrenta a un posible multazo de hasta 300.000 euros por verter durante meses unos mil kilos de desechos de curtidos de piel para calzado en contenedores para la basura orgánica en Elche. Unos empleados de la compañía cumplían así con el encargo de su jefe, procedentes de otro municipios.
La Policía Local ilicitana ha identificado a estos responsables de numerosos vertidos de residuos sólidos industriales en el Polígono Industrial de Carrús, según ha informado el Ayuntamiento.
Dañaba el mecanismo hidráulico por el peso
La empresa adjudicataria del servicio municipal de recogida de residuos denunció haber encontrado durante meses una media de más de mil kilogramos semanales de estos desechos. Debido a su peso y apelmazamiento, dañaban el mecanismo hidráulico de sus camiones para la elevación y prensado de la basura, lo que obligaba su retirada a mano por los operarios y causaba retrasos en la prestación del servicio.
Ante esta situación, la Policía Local coordinó un dispositivo para tratar de localizar a los responsables de los vertidos que, tras varias jornadas y gracias a la colaboración de la empresa de limpieza, concluyó con la identificación de tres personas, al ser sorprendidas in fraganti mientras descargaban una furgoneta con centenares de kilos de la misma piel de color marrón resultante del corte de suelas de calzado.
Tras una inspección de la carga del vehículo, los agentes encontraron unos 300 kilogramos de retales de iguales características a los anteriores.
Además, los identificados, empleados de una empresa de calzado con sede fuera de Elche, reconocieron llevar meses arrojando vertidos en la zona, a la vez que alegaron que su jefe les obligaba para ahorrarse el coste del gestor autorizado de residuos.
Así, se cursó informe dirigido al órgano competente para la instrucción del expediente sancionador por infracción a la Ley 10/2000, de residuos de la Comunidad Valenciana, por el que los infractores se exponen a multas que oscilan entre los 600 y los 300.000 euros.
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