El Gobierno rechaza la exención del valenciano en zonas castellanohablantes prevista en la ley educativa de Mazón

Se trata del único punto de fricción relevante entre la Generalitat Valenciana y varios ministerios, según ha quedado patente en la reunión telemática de la comisión bilateral celebrada este jueves. En caso de no haber acuerdo para el encaje de la norma autonómica en la Lomloe nacional, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que estaba dispuesto a plantear un recurso de inconstitucionalidad, que sería el segundo, después del presentado por Compromís con apoyo de diputados del Congreso de partidos nacionalistas e independentistas, junto con Sumar y Podemos.

Esta excepción de no tener obligación de ser examinado del nivel de conocimientos de esta lengua cooficial está contemplada en la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano aprobada en aquel momento de arranque de muchas normas autonómicas.

No obstante, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha recomendado a las familias no ejercer ese derecho y apostar por el aprendizaje de ese idioma para sus hijos -aunque todos los alumnos deben asistir a clase y asumir las tareas encargadas por el profesor, pero no examinarse-, además de incentivarlo con la expedición de títulos acreditativos de su conocimiento de forma automática (y retroactiva desde 2008) simplemente con completar la escolarización. Y conseguir con un siete de nota el C1 que habilita para ejercer como funcionario.

El director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez, ha defendido «el autogobierno y la singularidad de la Comunitat Valenciana en la ley de Libertad Educativa», después de esta reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat.

En este encuentro han asistido a distancia representantes de la Conselleria y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.

«Nuestro Estatut d'Autonomia recoge que la ley establecerá los territorios de predominio de una y otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y del uso del valenciano», ha puntualizado el responsable autonómico de Política Lingüística.

La intención con esta norma «es que todo el alumnado sea competente en ambas lenguas cooficiales, castellano y valenciano, si bien puede haber excepciones como la residencia temporal, la incorporación tardía y la residencia en zonas castellanoparlantes».

El director general ha indicado que «son precisamente estas excepciones las que suponen una discrepancia con el Gobierno de España, que no tiene en cuenta las singularidades de las zonas castellanoparlantes y de las personas recién llegadas a la Comunitat Valenciana».

En cuanto a las dos disposiciones adicionales, el director general ha señalado que se ha avanzado para la elaboración de un acuerdo interpretativo.

Más en detalle, las discrepancias se mantienen en la dispensa del valenciano, por ejemplo, para los residentes temporales en zonas valencianohablantes, que hasta ahora tenían dos años y pasan a disponer de tres en este periodo de aclimatación y aprendizaje.

También, para los alumnos que se incorporan de forma tardía al curso, a quienes el anterior Gobierno autonómico de la Generalitat -presidido por Ximo Puig- les quitó esa exención en Primaria y Secundaria, por lo que sólo podían acogerse a ella en Bachillerato.

En cualquier caso, desde el gabinete de Mazón argumentan al Ejecutivo de Sánchez que el Estatuto de Autonomía tiene un rango superior a la Lomloe, que es ley orgánica.