Familiares de víctimas de la dana persisten para que se investigue a altos cargos de la CHJ

David Maroto

Valencia

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27/03/2025 a las 09:01h.

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La causa judicial que investiga la gestión de la terrible dana del 29 de octubre en Valencia continúa inmersa en un cruce de autos y recursos, armonizada de fondo por el ruido político sobre quién era el responsable último de avisar a la población y, por ende, protegerla ante la mayor catástrofe natural que se recuerda en la región. Ahora, después de que la juez instructora de Catarroja y la Fiscalía coincidan en la tesis de señalar a la Generalitat, por «ejercer el mando único», y eximir al Gobierno central al no ser declarada la emergencia nacional, un grupo de familiares de víctimas ha presentado una apelación para que se impute a altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por negligencia en el control de avenidas y desbordamientos.

El recurso, al que ha tenido acceso ABC, mediante el que varios familiares se han adherido a la apelación de la asociación HazteOír contra la inadmisión de su querella contra técnicos de la CHJ, argumenta que el organismo estatal falló en su función de vigilancia y prevención y alude que no emitió alerta alguna para avisar del desbordamiento del barranco del Poyo y el río Magro.

Los recurrentes alegan que los altos cargos, entre los que se encuentra el presidente Miguel Polo y otros cuatro técnicos, «tienen la mayor responsabilidad en el control de avenidas en los cauces de su demarcación», en la que se encuentra tanto el Poyo como el Magro. Así, critica que el auto del 10 de marzo emitido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja esgrima que la CHJ emitió «información puntual». De hecho, califica tal extremo de «pura entelequia».

«Precisamente -prosigue- en las horas más críticas, cuando el barranco ya estaba fuera de cauce, omitieron toda información relevante», carga contra el organismo dependiente del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Argumentan como punto clave para apelar la inadmisión de la instructora que «la base de la imputación» de la exconsellera Salomé Pradas y su número dos Emilio Argüeso «se resume en que informativos de diferentes medios, especialmente À Punt, ya advertían a las 15.07 que se había desbordado el barranco de Chiva, lo que unido a las alertas meteorológicas, llamadas al 112, etc, debió moverles a anticipar el aviso a la población». Ante esta situación, se preguntan si «los querellados responsables del control de avenidas -la CHJ- no veían À Punt» y «si lo vieron, ¿qué hicieron? ¿No sabían donde iba a acabar el agua que ya desbordaba Chiva».

Sobre la «cuestión distinta» que invoca la juez sobre los conocimientos técnicos en orografía e hidrología que debe poseer la titular de la Conselleria de Emergencias e Interior, los familiares de las víctimas que han presentado este recurso reflexionan que a los que se les debe «exigir» el máximo nivel «es a los directivos del organismo regulador de cuenca». «Los que sí debían saber que lloviendo torrencialmente en la sierra de Chiva, vertiente norte de la sierra de Perenchiza, hoya de Bunyol, etc, toda esa agua iba a terminar en el barranco del Poyo, que buena parte de su cauce discurre por zonas densamente pobladas y que su aforo no iba a soportar semejante caudal, eran los querellados de la CHJ», expone.

Además de la eventual responsabilidad en las horas críticas de la emergencia que dejó 227 muertos y una desaparecida, los allegados de varios de los que perdieron la vida se preguntan «¿a quién corresponde la instalación y mantenimiento de un sistema de medición de aforos que no se estropee cuando llueve mucho?».

Para los querellantes, «es inaudito que se les excuse con la remisión a un informe exculpatorio emitido por la propia CHJ de la que son los máximos responsables, sin mayor investigación». Sobre la figura de Miguel Polo, que asistió de manera telemática a la reunión del Cecopi, cuestionan si «dijo algo del inminente desbordamiento del barranco o si avisó del desembalse de la presa de Forata y consecuente crecida del Magro».

«Otros querellados son también ingenieros expertos en hidrología o licenciados en geología ¿y toda su intervención se limita a mandar un correo electrónico (medio que tampoco garantiza su inmediata lectura) con un texto anodino y poco concluyente cuando el barranco ya se había desbordado?», continúa.

Por otro lado, afean a la CHJ, con una estructura «descomunal y gigantesca» con un «presupuesto millonario y una abultada plantilla», que solo «sirva» para «multar a los vecinos que arrancan las cañas invasoras», del mismo modo que critican que «excusar su responsabilidad por el hecho de que el SAIH fuera accesible para cualquiera es un dislate». «Los que mejor podían interpretar esos datos eran ellos, los ingenieros, los que deben saber cual es el máximo aforo que puede soportar un cauce, cuando un caudal es alarmante, donde es previsible que se produzca el desbordamiento etc. Y dar la voz de alarma de forma clara y eficiente», concluyen.

No obstante, matizan en el recurso que el papel de la CH no exime de responsabilidad en la tragedia a la Conselleria, Delegación del Gobierno, Ministerio o ayuntamientos, pero se oponen a que «toda la culpa se quiera descargar en los responsables autonómicos, cuando lo cierto es que la desidia, impericia o negligencia va mucho más allá». Al respecto, apuntan que los mismos argumentos que han servido para fundamentar las imputaciones de Pradas y Argüeso «pueden sostener» las de otros miembros del CECOPI, ya que como órgano colegiado sus componentes pueden ser responsables de las decisiones acordadas, salvo que hicieran valer su protesta u oposición, «de lo que de momento no hay noticia alguna».