Facturas «falsas» y una empresa «ficticia» para cazar subvenciones: los indicios del juez contra el hermano de Ximo Puig
El magistrado apunta a la «relación fraudulenta» entre los dos empresarios audiovisuales investigados para «simular gastos» y obtener más ayudas de la Generalitat
La Generalitat Valenciana estudia personarse en la causa contra el hermano de Ximo Puig

«Facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados».
Son los indicios de presuntos delitos ... de estafa agravada y falsedad documental que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia esgrime en su auto de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral, contra Francis Puig -hermano del expresidente valenciano Ximo Puig- y el empresario audiovisual Juan Enrique Adell Bover, en la causa abierta por las ayudas públicas que recibieron, entre 2015 y 2018, las productoras que administraban en la provincia de Castellón.
El magistrado señala que ambos «obtuvieron indebidamente subvenciones de la Generalitat Valenciana» por un valor total de 67.504,13 euros, como apuntó en un informe la Intervención de la administración autonómica, durante la primera legislatura del dirigente socialista al frente del Consell. Una cuantía que las tres productoras señaladas recibieron para el fomento del valenciano en medios de comunicación en diferentes modalidades: prensa escrita y digital, radio y televisión.
Sin embargo, tras analizar las facturas que se aportaron para justificar estas subvenciones, tanto la Policía Judicial, como la Fiscalía y ahora el juez instructor han constatado que hay pagos que supuestamente no se abonaron; de los que no existe factura; o, sobre todo, que no estaban relacionados con la materia objeto de la convocatoria. Se han encontrado, incluso, contenidos en castellano pese a que la ayuda iba dirigida a incentivar la lengua propia del territorio.
«Algunas de ellas puedan ser consideradas como no auténticas y, por tanto, que hayan sido creadas con la única finalidad de incrementar las cantidades obtenidas en concepto de subvención», indica el escrito judicial consultado por ABC.
Asimismo, «se deducen indicios» de que Puig -administrador de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions- y Adell Bover -a cargo de Canal Maestral, pero también de Kriol y Nova CB- «pudieron establecer una relación fraudulenta dirigida a simular gastos entre ellas para obtener mayor cuantía en cada una de sus subvenciones, pero no hasta el punto de actuar como una unidad económica, a los efectos del delito de fraude de subvenciones». Kriol y Mas Mut tuvieron el mismo domicilio social y, «al menos, tres trabajadores han prestado servicios para ambas empresas»:
Tras seis años de instrucción -la causa la inició una denuncia del PP en 2019- se descarta el fraude de subvenciones, pues no se alcanza el umbral penal de 120.000 euros vigente en el momento de los hechos para cada uno de los cuatro ejercicios analizados. En paralelo, algunas de las empresas investigadas ya fueron multadas en 2020 por pactar precios en un concurso público.
Alquileres familiares
Comunicacions dels Ports (33.842,48 euros) aportó facturas verdaderas para justificar gastos no subvencionables como el impuesto de un vehículo, una alarma de seguridad, gastos de telefonía, gasóleo y el alquiler -alrededor de 5.000 euros en 2016 y 2017- de un almacén agrícola en Morella del padre de Puig. Además, se aportaron facturas emitidas a Canal Maestrat con conceptos genéricos que impiden comprobar que los contenidos aportados sean los que se dicen. Esta productora obtuvo presuntamente 24.264,25 euros de forma indebida.
En su escrito, el magistrado considera a Mas Mut Produccions (9.397 euros) una «empresa ficticia e instrumental» que fue «creada con la única finalidad de obtener subvenciones». «Todos los contenidos podrían haber sido elaborados por Comunicaciones dels Ports y no por Mas Mut», añade.
También califica de «ficticio» su domicilio social, pues en la dirección indicada en la localidad de Peñarroya de Tastavins (Teruel) «no hay ningún rótulo» y «sólo se ve la antena de una vivienda particular», propiedad de uno de los hermanos de Puig, con el que la mercatil suscribió un contrato de arrendamiento.
Asimismo, Francis Puig justificó gastos con facturas de la reparación del vehículo de uno de sus hermanos, el suministro de gasóleo agrícola o la compra de un saco de pellet -serrín prensado que se utiliza como combustible- en ayudas que tenían por objeto fomentar el valenciano.
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