Reclamación de 4.280 millones contra el Ayuntamiento de Barcelona por el veto a los apartamentos turísticos

Apartur considera que el decreto del Govern, que habilita a los ayuntamientos a retirar licencias –como pretende el de Barcelona– es «una expropiación encubierta». La entidad ha canalizado ahora gran parte de las reclamaciones, que tienen en cuenta los gastos e inversiones efectuadas por los propietarios de pisos turísticos en los últimos cinco años, así como el retorno que se obtendría si se continuara con la actividad. En la ciudad de Barcelona, el 80% de los afectados son pequeños propietarios, señala la entidad. Hay 10.100 apartamentos turísticos legales en el registro, un parque que deberá cesar su actividad en 2028 para pasar al mercado de alquiler o venta, lo que el Consistorio confía en que sirva para enfriar en parte el mercado. El Ayuntamiento alega también problemas de convivencia con los vecinos para perseguir unos apartamentos que, junto al impacto de los cruceristas, se han convertido en símbolo de las consecuencias negativas del turismo masivo.

Apartur advierte de que el decreto de la Generalitat que faculta a los ayuntamientos a adoptar esta medida «pone en peligro un sector regulado y un modelo referente en ordenación, y alimenta una ilegalidad que Barcelona había conseguido combatir». También destaca que los pisos turísticos únicamente representan el 1% del parque total de viviendas de la ciudad. «Los apartamentos turísticos regulados no son la causa del problema de la vivienda, ni su eliminación garantiza que pasen a convertirse en viviendas residenciales, ya que la Administración no puede obligar a los propietarios a dar un uso determinado a sus viviendas privadas», asegura el presidente de Apartur, Enrique Alcántara.

Desde la entidad se recuerda la contribución fiscal directa de los apartamentos turísticos de Barcelona supone más de 160 millones de euros de ingresos anuales para la administración, equivalente a todo el presupuesto anual de Barcelona en materia de vivienda y urbanismo, de 163,5 millones en el año 2023.

Noticia Relacionada

La vivienda no dará tregua en 2025 y los precios del alquiler y de compra subirán por encima del 10%

Antonio Ramírez Cerezo

El mercado residencial seguirá apretado por la escasez de oferta y el aumento de la demanda, sobre todo en las grandes capitales y el litoral español

La reclamación patrimonial es solo uno de los muchos frentes en que se va a dirimir la batalla entre el sector y la administración, una contienda que tal y como reconocían fuentes del Ayuntamiento a ABC acabará decidiéndose en el Tribunal Constitucional. De hecho el TCy a admitió en febrero un recurso del PP contra al regulación catalana. Los dueños de los apartamentos esgrimen los informes contrarios de los reguladores estatal y autonómico, CNMC y ACCO, mientas que la federación catalana de apartamentos también ha denunciado el decreto catalán ante la Unión Europea.

La batalla se disputa a muchos niveles y el sector hotelero toma también partido. Ayer mismo, el grupo Hotusa hacía público un informe en el que se sostiene que la eliminación de los establecimientos hoteleros de menor calidad en Nueva York –16.000 habitaciones dedicadas ahora a acoger inmigrantes– y el veto a los apartamentos turísticos (2023) ha permitido impulsar los precios y rentabilidad del sector, a la vez que no se disparaba el turismo masivo y se repartían los visitantes de manera descentralizada.