Puigdemont mantiene su idea de volver para la investidura a pesar de la decisión del Supremo

«Puigdemont es una persona de palabra y ha dicho que si hay un debate de investidura estará presente [en el Parlamento de Cataluña], Junts mantiene sus compromisos». Con estas palabras, Jordi Turull, secretario general de Junts, ha confirmado a primera hora de la tarde que Carles Puigdemont no ha cambiado de opinión respecto a su vuelta a España, tras la aprobación de la ley de Amnistía, a pesar de la decisión del Tribunal Supremo, que este lunes ha declarado no amnistiable el delito de malversación para el expresidente de la Generalitat.

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En una rueda de prensa, desde Barcelona, Turull, afectado también por la decisión del Supremo, ha señalado que «desde Junts mantenemos todos nuestros compromisos hasta ahora» y ha advertido de que «ningún juez cambiará nuestro calendario político». El número dos de Junts ha añadido que «si [desde la Justicia] pretenden interferir en nuestro calendario político, no lo conseguirán». Por lo tanto, Puigdemont, que todavía aspira a recuperar la presidencia autonómica no cambia de planes.

Según el lugarteniente del político fugado de la Justicia española desde 2017, «hay un compromiso político de Puigdemont» de estar presente en la próxima sesión de investidura del Parlament, sea él el protagonista o lo sea Salvador Illa, líder y candidato del PSC, que sigue negociando con ERC y Sumar la conformación de un tripartito en la Cámara catalana. Una fórmula que aseguraría la mayoría absoluta, pues la suma de los diputados de las tres formaciones llegaría a los 68 escaños.

Las palabras de Turull han ampliado la reacción de Puigdemont, que por la mañana, al poco de conocer la decisión del Supremo ha escrito tres palabras en X: «La Toga Nostra». Así ha mostrado su rechazo a la decisión de no amnistiar la malversación a los condenados del 1-O. El Alto Tribunal, además, mantiene a Oriol Junqueras inhabilitado para cargo público y no levanta la orden de detención de Puigdemont, que permanecerá activa. El expresidente catalán ha asemejado la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con la Cosa Nostra. Puigdemont ha acusado directamente al Supremo de actuar como la mafia siciliana.

Con la decisión del Supremo, si Puigdemont pisa suelo español, será detenido. Los magistrados sostienen que que en la actuación de los líderes independentistas del 'procés' hubo un enriquecimiento ilícito aunque no fuera a los bolsillos de los cabecillas del 1-O, motivo que sí se incluye en la ley de Amnisía.

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Por su parte, Raquel Sans, portavoz de ERC y vicepresidenta primera del Parlamento de Cataluña, ha dicho, nada más conocer la decisión del Supremo, que no son una «sorpresa las dificultades y el torpedeo» de la aplicación de la ley de Amnistía por una parte de los jueces, que, en su opinión, tienen «poco respeto por la separación de poderes». Sans ha añadido que la ley de Amnistía es una ley aprobada y vigente y, por lo tanto, los jueces «podrán dificultades pero tendrán que aplicarla».

El PNV también se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal Supremo de no dejar impune la malversación en el caso del 'procés', declarando: «Lamentamos que esta Ley (de Amnistía), que nació con un espíritu claro y un propósito inequívoco por parte de los partidos políticos que la impulsamos y apoyamos (...) se vea ahora interpretada de un modo restrictivo por parte de la Justicia, en este caso la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo», informa Gerard Bono.

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Los de Aitor Esteban han hecho referencia al acuerdo que se fraguó la semana pasada entre el PSOE y el PP -que adquirieron el compromiso de acabar con el reparto político de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- para lograr la independencia del Poder Judicial. Los peneuvistas afirmaban «El fallo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo llega en un momento en el que empezaban a darse pasos en positivo hacia la despolitización de la justicia, pero lamentablemente opera en la dirección opuesta a la deseada y nos aleja del objetivo que inspiró al Poder Legislativo en la redacción y aprobación de la llamada 'Ley de Amnistía'».