El Parlament da el primer paso para condenar el proyecto de Hard Rock

En un breve y acalorado debate político, pero correcto y casi digno de otros tiempos, la mayoría de la investidura de Illa, reforzada en esta ocasión por los cuatro diputados de la CUP, ha aprobado (72 votos a favor) tramitar por lectura única una doble reforma a propuesta de ERC y los comunes que afecta directa, y casi únicamente, al macroproyecto previsto en Salou y Vilaseca, poblaciones que albergan el parque de atracciones Port Aventura. Gran parte del debate se ha centrado en el cambio de posición del PSC, que en 2014 aprobó la rebaja fiscal y hace unos meses lo planteó como imprescindible para aprobar los presupuestos de Pere Aragonès (ERC).

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Daniel Tercero

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La rebaja del tipo impositivo para Hard Rock se aprobó en 2014, con los votos a favor de CiU y el PSC (Ciudadanos y el PP se abstuvieron), cuando el proyecto llevaba dos años gestándose. Hoy, se ha dado el primer paso para eliminar varios artículos de dos normas (la ley 6/2014, de 10 de junio, de modificación de la ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego; y el régimen fiscal singular aprobado para impulsar el Centro Recreativo Turístico de Vilaseca y Salou). El pleno de la semana que viene, salvo sorpresas, aprobará definitivamente las modificaciones.

Este miércoles, Raquel Sans (ERC) ha justificado que su formación asumiera el proyecto cuando estaba en el Govern catalán porque lo heredó del anterior ejecutivo y porque no había mayoría en el Parlament en contra del proyecto. Sans ha hecho así referencia a la defensa del proyecto que el entonces presidente autonómico Aragonès hizo para poder mantener la Generalitat. Fue una condición del PSC para aprobar los presupuestos de 2023. Pero no fue suficiente ya que los comunes acabaron por tumbarlos y Aragonès convocó elecciones.

«El modelo de los casinos no es el modelo de ERC, ni cinco ni un casino», ha dicho Sans para defender la reforma legislativa solo unos meses después de hacer suyo, de manera obligada eso sí, el proyecto. La representante de ERC, además, se ha posicionado en contra de la ludopatía para argumentar la necesidad de que no se instale un casino en un proyecto de ocio que contempla más actividades: «La adicción al juego es un problema gravísimo».

Por su parte, Jéssica Albiach (Comuns) ha criticado que el PSC haya tardado tanto en cambiar de opinión y ha pedido al resto de diputados del Parlament que impidan que Cataluña se convierta en «el casino de Europa». En esta línea, la líder de los comunes ha dicho que el modelo que proyecta Hard Rock es «un modelo de pasado» y ha apostado por «dar un paso al futuro para priorizar a las personas». Ha concluido su intervención añadiendo: «Cerremos la puerta a un modelo de crecimiento que nos hace más débiles como país».

Además de los dos grupos que han propuesto la doble reforma, la CUP y el PSC también han defendido la necesidad de retocar las normas. Laia Estrada (CUP) ha dicho que «Hard Rock es un proyecto de la Caixa para culminar su pelotazo urbanístico y asentado en la precariedad laboral». La portavoz de este grupo parlamentario ha sido quien se ha mostrado más duro contra la tramitación del macroproyecto, más allá de que incluso se haga sin la construcción de un casino: «Con lo de hoy y el pleno próximo no es suficiente, hay que revocar la licencia de casino y descartar el plan director urbanístico». Y ha sugerido que se cometió un delito de falsedad documental cuando se tramitó la licencia y se otorgaron los permisos.

Y es que este es uno de los puntos cruciales. Hard Rock ya tiene licencia y permiso para su puesta en marcha y solo estaba a la espera del informe medioambiental de la Generalitat. Ahora, con el cambio impositivo que se confirmará la semana que viene, es decir el cambio de las normas a mitad del proceso de construcción, además de que ya no será rentable para los promotores, estos podrían reclamar alguna indemnización a la Generalitat. Así lo ha recordado Pere Lluís Huguet (PP), que ha defendido la necesidad del proyecto, tanto desde un punto de vista económico, como laboral y estratégico.

«Han jugado con los tarraconenses por pactos políticos. Es un concurso público adjudicado, si cambian las condiciones puede que sea la mayor indemnización que asuma la Generalitat, que lo pagarán los ciudadanos de Cataluña con sus impuestos», ha señalado el diputado popular, que como Mónica Sales (Junts), Joan Garriga (Vox) y Sílvia Orriols (Aliança Catalana), ha criticado que la reforma se lleve a cabo por el trámite de lectura única, sin debate ni escuchar a los afectados y especialistas. «El territorio quiere el Hard Rock», ha añadido Huguet, quien ha reprochado a los socialistas y a los diputados de ERC que no cuestionen los casinos ya existentes de Barcelona y la ciudad de Tarragona.

Sales ha pedido «más pedagogía y menos demagogia», porque, cree, «nos lo agradecerán los vecinos del Campo de Tarragona». La diputada de Junts ha criticado que el tripartito (al que se ha sumado la CUP) no quiera llevar a cabo «un debate largo» sobre el Hard Rock. «No quieren escuchar a las comarcas del sur (de Cataluña)», ha manifestado, y ha recordado que los diputados del PSC por Tarragona pidieron el voto alegando que los socialistas eran los que podían mantener vivo el proyecto, ya que lo habían puesto como condición a ERC para aprobar los presupuestos de 2023. Ni los comunes ni la CUP tienen diputados de Tarragona en el Parlament. Y ERC perdió dos en las últimas elecciones.

Garriga ha recordado que el proyecto «aportaría 12.000 puestos de trabajo en el Campo de Tarragona» y ha dicho que Vox «está a favor de las iniciativas que generan empleo», sin olvidar que la iniciativa tiene un problema de gestión del agua. «Hemos de buscar soluciones en el plan nacional del agua«, ha añadido, finalizando con una crítica al PSC porque, desde su punto de vista, «su modus operandi es el engaño y la manipulación a los catalanes». Orriols ha votado en contra de las dos reformas porque, aunque el modelo previsto no es el que defiende Aliança, se ha mostrado favorable a «descongestionar» turísticamente Barcelona.

Por último, Jordi Riba (PSC), quien tenía y sigue teniendo una defensa de la posición más complicada, se ha limitado a señalar que los socialistas cumplirán «todos los acuerdos comprometidos con ERC y los comunes para la investidura del presidente Illa», vinculando directamente el cambio de posición del PSC a poder llegar a la Generalitat. Aun así, Riba ha dicho que el beneficio fiscal aprobado en 2014 «no tiene sentido hoy en día», porque «la situación socioeconómica de Cataluña de aquellos años [en 2012 se gesta el proyecto y en 2014 se aprueba la ley] han cambiado». Y ha añadido que la reforma solo afecta a la fiscalidad que hace referencia al juego y no «a todo el proyecto» por lo que la viabilidad de la iniciativa corresponde a «los promotores».