Inquilinos pudientes que no pagan la subida de los alquileres

Elena Burés

Barcelona

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21/05/2023 a las 10:57h.

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Mafias que 'alquilan' niños para frenar desalojos; familias vulnerables que despliegan chabolas en solares abandonados, o segundas residencias allanadas. Cataluña lidera las denuncias por okupación en España. A veces, son delincuentes que convierten el 'realquiler' de pisos en su 'modus vivendi'. Otras, jóvenes que, siguiendo el movimiento 'squatter' se instalan en propiedades vacías, como dos edificios de la zona alta de Barcelona, propiedad de la Sareb, que Desokupa amenazó con desalojar hace unos días.

Ahora también inquilinos pudientes que se niegan a abandonar una finca modernista del Ensanche barcelonés, Casa Orsola, que data de 1930 y que albergó una fábrica de baldosas. Fue a finales de 2021 cuando su propietario vendió el inmueble a Lioness Inversiones.

El espacio alberga 27 viviendas, y algunos de sus vecinos tienen contratos indefinidos, lo que antes se conocía como renta antigua. Es decir, a los que no se les puede subir el precio del alquiler. La intención del nuevo dueño es rehabilitar el edificio, y destinar algunos de los inmuebles a «alquiler temporal», que no «turístico», precisan a este diario desde el fondo. Así fue como se negó a renovar los contratos que finalizaban para algunos de los casos y a otros les ofreció adaptar el precio del alquiler al del mercado, también por los gastos de la reforma. «Nada desorbitado», precisa el abogado de la propiedad, Jordi Ribot. Algunos pagaban entre 400 y 600, por un ático con terraza, en una zona donde, por pisos de similares características, es difícil encontrar algo que esté por debajo de los 1.200 euros mensuales.

La propiedad aceptó estudiar la situación de cada uno de los arrendatarios, pero éstos, en bloque, con el apoyo del 'Sindicat de Llogateres' –activistas de la vivienda– exigieron una negociación «colectiva». Algo «imposible», apunta Ribot, porque los pisos y las rentas de sus moradores son diferentes. Entre éstos se encuentran un profesor de universidad y un productor de televisión.

Ha sido así como, a pesar de finalizar sus contratos, han decidido quedarse en los pisos y la propiedad los ha llevado ante los tribunales. Hasta la fecha, son ya cuatro las sentencias de juzgados de primera instancia de Barcelona que fijan la expulsión de sendos moradores. Ningún desalojo se ha ejecutado porque todos las han recurrido –y, para ello, han abonado las cuotas pendientes a la propiedad–.

También otro fallo, éste sí, contra un okupa «de patada en la puerta», sostiene el abogado. Se coló en uno de los pisos vacíos, pendientes de reformar, la noche de Sant Juan. En los próximos días se celebrará la vista contra otro allanador, que accedió al inmueble de similar manera.

La previsión, teniendo en cuenta los plazos legales, es que los inquilinos sin contrato sigan en Casa Orsola, al menos, durante un año más. Han pasado de arrendatarios a okupas, aunque siguen pagando el alquiler. Ribot denuncia la «indefensión y» que supone para los propietarios, y la «impunidad».

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Por su parte, desde Casa Orsola y el 'Sindicat de Llogateres' subrayan que se «quedarán» en sus «casas». Así lo reivindicaron en un acto ante la finca modernista el pasado jueves. «No firmaremos contratos nuevos. Os echaremos fuera de esta ciudad hasta que saquéis las zarpas de nuestras casas», bramó uno de sus portavoces.